* Motivaciones e hipótesis disímiles

* El Congreso tiene la última palabra

AUNQUE  ya varias universidades públicas llevan semanas sin clases por cuenta de las “asambleas permanentes” convocadas por las instancias que llevan la vocería de los alumnos, hoy comienza un paro general estudiantil que, en principio, acabaría mañana pero que, según algunos líderes de la protesta, podría ser indefinido.
Lo más paradójico de la protesta es que, al decir del Gobierno y el Congreso, no hay motivo que la justifique, toda vez que cuando surgió la idea de movilización de los estudiantes, el móvil principal era oponerse a la inclusión en el proyecto de reforma de la educación superior de un artículo que abría la posibilidad de que recursos del sector privado ingresaran a las universidades públicas para mejorar así la calidad de la instrucción y la capacidad de investigación e innovación tecnológica.
Sin embargo, el artículo, que fue sustentado, defendido y socializado varios meses por la Ministra de Educación, terminó siendo excluido intempestivamente del borrador del proyecto, tras una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Santos y los líderes de los partidos de la Mesa de Unidad Nacional. Siendo tan claros los argumentos largamente expuestos sobre la conveniencia de permitir el ingreso de capital privado a las universidades oficiales, la sorpresiva decisión palaciega fue entendida en varios sectores nacionales como política y no técnica. Incluso se trajo a colación que influyó mucho lo que pasaba en Chile, en donde el gobierno Piñera, empeñado en una reingeniería al sistema educativo, se vio enfrentado a fuertes protestas de estudiantes y docentes, que no sólo generaron graves desórdenes públicos sino que prácticamente demolieron en cuestión de semanas los altos índices de favorabilidad del mandatario austral.
Si el artículo de la discordia fue retirado ¿entonces por qué los estudiantes se lanzan a las calles y exigen el retiro del proyecto radicado hace tres semanas? Las respuestas son varias e incluso contradictorias. De un lado, los voceros de la protesta sostienen que la iniciativa que discute el Congreso contiene todavía propuestas que abren paso a la privatización de la educación pública superior. Igual hay voces en la academia para las cuales el proyecto pone en peligro la autonomía universitaria y no ahonda en materia de calidad de pensum, estatus profesoral y herramientas tecnológicas en los niveles de pregrado, posgrado y doctorados. Pero también hay otras hipótesis. Por ejemplo, se rumora que los estudiantes estarían siendo manipulados por grupos de poder en el interior de los claustros académicos que quieren evitar a toda costa que la reforma salga avante, pues ésta contiene normas que acabarían con los fortines burocráticos, de corrupción y de malgasto de recursos enquistados en algunas universidades. También se habla de presiones sindicales para que los docentes y trabajadores administrativos universitarios no pierdan privilegios y gabelas laborales. E incluso hay denuncias de que bandas delincuenciales que manejan redes de distribución de drogas en los claustros ‘maniobran’ para frenar todo aquello que signifique ampliar la vigilancia en las instituciones…
El Gobierno, entre tanto, insiste en que la reforma es urgente, pues no sólo significará girarles a las universidades recursos adicionales por 11 billones de pesos en la próxima década, generar 600 mil nuevos cupos, dar más facilidades en créditos y subsidios para alumnos de escasos recursos y llevar la cobertura de educación superior del 37 a 50 por ciento, sino aumentar la calidad sustancialmente para asegurar que los profesionales sean más integrales y su preparación responda adecuadamente a la demanda del mercado laboral nacional e internacional.
Como se ve, la motivación del paro estudiantil que arranca hoy no es clara. Sin embargo, debe respetarse su derecho a la protesta, pero también exigir que se ejerza sin desórdenes ni asonadas. El Congreso tiene la última palabra y como foro democrático debe dar cabida para que todos los sectores expongan allí sus criterios y asegurarse así de sacar avante una reforma educativa ponderada y efectiva.