* Urge ajustar ruta de atención institucional
* Violencia intrafamiliar, alerta temprana
Uno de los focos de la normatividad en Colombia en los últimos años ha sido, innegablemente, el de las herramientas contra la violencia de género. Actos legislativos, leyes, decretos, directrices, protocolos, programas públicos y privados… En fin, un cartapacio amplio de regulaciones de distinto orden que tienen como único fin poner freno a las agresiones físicas, sicológicas y todo abuso o lesión de los derechos de las mujeres por su condición de tales.
Sin embargo, el hecho de tener un conjunto normativo tan denso no necesariamente lleva a que la violencia de género haya disminuido de forma sustancial. Este puente festivo, por ejemplo, varias noticias sobre asesinatos de mujeres impactaron a la opinión pública. En Bogotá una mujer fue asesinada por su expareja sentimental frente a las dos hijas de la víctima, que además son menores de edad. Más grave aun lo que ocurrió en Tulúa (Valle), en donde un hombre le quitó la vida a su esposa, dos hijas y una cuñada. En el primer caso, el agresor fue detenido por las autoridades luego de intentar quitarse la vida y en el segundo abatido por las mismas.
Lamentablemente los feminicidios se continúan presentando en Colombia de forma cada vez más recurrente. Un reciente informe policial daba cuenta de cada 28 horas ocurre un caso de estos en Colombia. La semana pasada, en entrevista con este diario, la vocera de la organización no gubernamental Justicia para Todas señalaba que, con corte a la primera semana de junio, este año se habían presentado 128 feminicidios. Un agravante más: los métodos utilizados por los asesinos han llevado a que la incidencia de este delito se recrudezca. Muchas de los homicidios incluyen abusos sexuales, desaparición forzada, desmembramientos, disposición de cuerpos en bolsas y ríos, e incluso torturas.
Dentro de los muchos análisis que se han realizado al respecto, queda claro que el problema no es de laxitud penal ni penitenciaria. De hecho, a partir de leyes como la 1761 de 2015 no solo el feminicidio se tipificó como delito autónomo, sino que las penas pueden llegar hasta 60 años de prisión, la más alta posible en nuestro ordenamiento penal. La posibilidad de acceder a rebajas de condena o flexibilidades carcelarias también está muy restringida.
Visto lo anterior, el problema no radica en la legislación. Tampoco en la eficacia de las autoridades para capturar y judicializar a los culpables. Las estadísticas de la Fiscalía evidencian una tasa creciente de condenas efectivas por este delito.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la capacidad del Estado para frenar los casos de violencia intrafamiliar que terminan siendo el primer síntoma del riesgo de feminicidio. Lamentablemente, pese a todos los programas, rutas de atención y estructura interinstitucional que se ha creado en Colombia para tratar de proteger a la mujer cuando denuncia que está en peligro, las falencias del sistema de alerta temprana y asignación de medidas de seguridad continúan siendo muy altas. A cada tanto se reporta la muerte de mujeres a manos de sus exparejas sentimentales a las que habían denunciado ante las autoridades, pero éstas no fueron lo suficientemente diligentes para brindarle a la víctima la seguridad debida.
De hecho, recientemente, en una sentencia que genera un antecedente muy importante, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General por no brindar protección a una víctima de violencia intrafamiliar y de género que fue asesinada por su pareja. El ente acusador no solo deberá resarcir económicamente a los familiares de la mujer, sino que tendrá que desarrollar una estrategia pedagógica que permita sensibilizar a los funcionarios de esa entidad sobre los casos de este tipo que han derivado en condenas contra este organismo.
Las mismas organizaciones que trabajan en el combate a la violencia de género advierten que si bien hay suficiente normatividad para su esquema de prevención y atención, las entidades que deben encargarse de estos procesos no cuenta con el personal, estructura ni presupuesto necesario para hacerlo. Ello lleva a que las órdenes de alejamiento del potencial agresor sean insuficientes para garantizar la vida e integridad de las mujeres que denuncian estar en riesgo.
Algunos sociólogos, de otro lado, han prendido las alarmas en torno al creciente número de casos de feminicidio en donde el homicida tiende a quitarse la vida de inmediato. Es una circunstancia muy compleja que encierra, como es apenas obvio, aspectos traumáticos muy íntimos y personales en los que es difícil detectar a tiempo señales de alarma.
Como se ve, el feminicidio se está convirtiendo en un flagelo cada vez más recurrente y grave en nuestro país. Es imperativo que las autoridades evalúen qué está pasando y ajusten la estructura institucional para prevenirlo. No es fácil, claro está. Sin embargo, hay muchas falencias evidentes en el esquema de atención primaria de la violencia intrafamiliar que, sin son corregidas, podrían llevar a cambiar la tendencia de esta tragedia.