*La autoridad se respeta
*Evitamos otra Edad Media municipal
El fallo anunciado del señor procurador Alejandro Ordóñez, pese a que se esperaba desde hacía meses, cayó como un rayo sobre la humanidad del señor alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, al recibir la noticia de que lo habían sancionado con 15 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Desde entonces el funcionario ha reaccionado verbalmente y ha declarado desde el balcón del edificio Liévano que hasta que la Procuraduría decida sobre su apelación a favor o en contra, seguirá en el cargo. Lo cual puede hacer dentro de la legalidad, puesto que sigue siendo el Alcalde, hasta cuando la decisión de la Procuraduría quede en firme. En caso de confirmarse la medida, se trataría de otra entre las más de 150 sanciones que han recibido los alcaldes. Lo inusual en este caso es que el funcionario ha declarado que se trata de la sanción tomada por un fascista, por lo que invitó a la población a defender la democracia y la paz. Esto último en un esfuerzo por vincular emocionalmente su caso con las negociaciones de paz que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos con los delegados de la Farc en La Habana. Incluso se refirió a su actuación como agente de la subversión en el pasado, cuando militaba en el M-19, y acusó a los “fascistas” de eliminar a varios jefes revolucionarios en esa época y a otros dirigentes de izquierda.
Petro, en medio del esfuerzo verbal improvisado, dijo que se debían formar comités para defender la democracia e invitó a crear un movimiento de indignados que, al parecer, él mismo dirigiría. Para insistir en su prédica contra el magistrado que lo sancionó, y en tono acusatorio, declaró que el duro fallo es un acto del fascismo contra la paz, que hay que detener. “… ¿Qué le puede decir el Procurador hoy al mundo?... Que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido a quien denunció el paramilitarismo, a quien denunció el cartel de la contratación por medio del cual unos cuantos empresarios corruptos, empresarios del poder y de la muerte, habían decidido quedarse con los dineros públicos de todos los bogotanos”. En un momento de inspiración sostuvo que le parecía que la Plaza de Bolívar le recordaba las protestas de la plaza Tahrir, en Egipto.
Lo evidente de los episodios que han seguido por los medios de comunicación los colombianos es que nuestra democracia tiene unas bases tutelares para que el Estado cumpla su misión de mantener el orden social y jurídico, somos un país en el que rige el Estado de derecho. Las funciones del Procurador las fija la Constitución. No es el señor Ordóñez el que las inventa o las puede cambiar a su antojo, en realidad la que sanciona es la institución.
El país atraviesa inmensas dificultades por la corrupción que se extiende por buena parte de las alcaldías del país, que tienden a convertirse en un mundo aparte y tratan de desconocer el ordenamiento nacional, como si los alcaldes elegidos popularmente fuesen señores feudales que durante su mandato pueden hacer lo que se les antoja. Esa singular contradicción, y el fenómeno conocido que entre nosotros no ha sido posible que ningún alcalde por malo que sea lo revoquen, agravan la situación municipal. Y los datos sobre la corrupción municipal son tan escandalosos que sobrepasan varios billones de pesos. Lo que muestra la faz de una crisis generalizada.
Los funcionarios públicos, incluidos jueces y magistrados, son responsables de sus actos y decisiones. Cada quien tiene su rol en el Estado, incluido el presidente de la República Juan Manuel Santos, que frente a algunas decisiones del procurador Alejandro Ordóñez, ha expresado que no las comparte pero que las respeta. Que es lo que hace un gobernante demócrata. La libre expresión y el derecho a opinar son entre nosotros sagrados, los defendemos desde casi todas las vertientes políticas. Lo que no es conducente es salir a movilizar la población para incitarla a que se repitan actos como los que se produjeron en la plaza pública en El Cairo. En ese sentido es preciso que el mandatario capitalino se concentre en el recurso de reposición que debe presentar en la Procuraduría y evite que, de improviso, puedan degenerar las protestas en hechos escabrosos de orden público que lamentar. Entendemos su situación emocional. Son decisiones que se toman dentro de la legalidad. Así como rechazamos que funcionarios de la ONU piensen que están en Haití o en el Congo -cuando han estado intervenidos esos países por dicho organismo internacional- para que se entremetan en asuntos internos que no son de su competencia... La sociedad ni el Gobierno pueden permitir que el país avance por el despeñadero de la anarquía. Y por sobre todas las cosas, en una democracia debe prevalecer el equilibrio de poderes y el respeto mutuo en los organismos del Estado.