* Ahora es la mejor obra del país
* Demostración de sensatez y probidad
Luego de que Colombia, a raíz de lo acontecido en torno de la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), permaneciera en vilo por varios lustros con funcionarios del máximo nivel cuestionados y arrinconados por un presunto y multimillonario caso de corrupción y un supuesto detrimento fiscal que se volvió emblemático, incluso en la arena internacional, quedó plenamente demostrado que ellos habían procedido bien, de modo probo y sensato, y a tono con los altos intereses nacionales.
De esta manera, lo que hace un tiempo era un tema muy lesivo de las políticas públicas colombianas y aparentemente resplandecía como una gigantesca mácula en el devenir nacional, que sirvió a no pocos para denigrar y hacer un agresivo y falsario activismo político, terminó, por el contrario, en lo que desde un principio ha debido ocurrir: que el país entero, con sus autoridades correspondientes, le reclamaran al contratista internacional su negligencia y falta de idoneidad para cumplir con las cláusulas contractuales a las que se había comprometido.
En efecto, en estos días el acreditado Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional emitió un laudo definitivo, sentenciando la responsabilidad de la firma contratista norteamericana Chicago Bridge and Iron, en vez de condenar a la parte colombiana (lo que muchos daban por hecho), y le obligó a pagar mil millones de dólares más intereses al país tras demostrarse su culpa en los sobrecostos, a causa de las demoras y otros aspectos del crucial proyecto industrial que hoy le permite a Colombia y a Ecopetrol tener un desempeño esencial en materia de refinación y otras actividades en cuanto a los derivados del petróleo.
De hecho, el escándalo de los sobrecostos aumentó cuando la Contraloría, a diferencia de la Procuraduría, emitió un gigantesco fallo de responsabilidad fiscal por casi 3 billones de pesos contra ex miembros de la junta directiva de Ecopetrol, ex funcionarios de Reficar y contratistas alternos, que en no poca medida dio coba para que la empresa internacional se sintiera triunfante y con una baza a favor de sus propósitos, no solo contra el fisco nacional, sino contra la reputación y el manejo de la mayor empresa de todos los colombianos, como lo es Ecopetrol, dueña de Reficar.
De esta forma, se pone fin a un estruendoso episodio que ocupó los titulares de primera plana y que colaboró en profundizar la desconfianza de los mismos colombianos en sus directivas, sus profesionales y operadores técnicos y administrativos, y el manejo de sus empresas. Porque si de antemano la Contraloría había señalado un detrimento fiscal de suyo, para muchos, fue fácil deducir sin filtros que algo muy turbio se había cocinado en las entretelas del proyecto, más allá de las razones climatológicas, de las huelgas y otras incidencias que afectaron la construcción de la refinería. Y de las que el contratista pretendió sacar un provecho que finalmente le fue denegado de plano por las máximas instancias arbitrales internacionales.
No hubo, pues, las tales anomalías que intentaron socavar el prestigio de Ecopetrol y Reficar, así como de sus directivas, y cuyo propósito era suspender la obra, lo cual hubiera sido nefasto. Esa decisión de continuar, que no era fácil y exigía valentía, no sólo es una ejemplarizante demostración del buen gobierno de la cosa pública, sino que reivindica a plenitud las conductas honorables y competentes de quienes actuaron consultando el bien común y salvaguardando los intereses de todos los colombianos. Efectivamente, fue un acierto seguir con el proyecto, hasta finalizarlo, acrecentado el patrimonio nacional y superando las presiones para dejar la obra como un elefante blanco. De modo que, en consonancia con la sentencia internacional, las autoridades colombianas tienen que proceder para dejar la honra intacta y sufragar la lesión enorme causada en quienes tomaron las decisiones pertinentes.
Quedan, claro, lecciones que son dables reiterar. Sabido es que algunas empresas internacionales, más que desenvolverse en las operaciones y actividades para las que son contratadas, buscan generar pleitos en aras de conseguir beneficios colosales de los litigios jurídicos contra el país. Y mal se hace, en esa dirección, en hacer de caja de resonancia por parte de las mismas autoridades colombianas, lejos de desentrañar las verdaderas raíces de las pretensiones que se suscitan, como sucedió con Reficar. Fue este, por desgracia, un caso simbólico, que nunca debe volverse a repetir.