*Los sucesivos campanazos de la Contraloría

*Ajustar tuercas a gobernaciones y alcaldías

UNA  vez más están prendidas las alarmas por la eficiencia del sistema general de regalías, sobre todo en relación con los niveles de ejecución de los proyectos que son financiados con estos dineros provenientes de las compensaciones económicas derivadas de la explotación de recursos naturales no renovables. Días atrás la Contraloría General de la Nación en un informe presentado al Congreso recalcaba que el sistema no ejecutó 8,4 billones de pesos, entre 2012 y 2014. Si bien no es la primera vez que el ente de control fiscal, que realiza un detallado seguimiento y auditoría a la inversión de estos presupuestos en gobernaciones y alcaldías, preocupa en grado sumo que las advertencias se están volviendo reiterativas, lo que pone de presente que los correctivos no se han adoptado de manera eficaz y permanente. Aunque el Gobierno hace algunos meses decidió flexibilizar los cronogramas de inversión para este año, con miras a impulsar la economía en momentos de desaceleración, la propia Contraloría indicaba en junio pasado sobre la urgencia de reformar la legislación vigente para acabar con la permisividad que da lugar a la demora en el estudio, aprobación, contratación y ejecución de las obras y proyectos financiados con las regalías. Se recomendó, por ejemplo, que para evitar que cuantiosos recursos del sistema estén congelados en cuentas bancarias, se estableciera un régimen de castigo más drástico a esas gobernaciones y alcaldías, mediante la prohibición de volver a presentar los proyectos que no ejecutaron. Está visto que muchos mandatarios departamentales y municipales se aprovechan de que la ley les permite hasta un año para estructurar y contratar los proyectos aprobados y solo después de vencido ese término se pueden liberar los dineros para ser destinados a otras obras de servicios públicos, transporte, ciencia y tecnología, cultura, recreación, deporte, vivienda y otros rubros para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa zona. Hasta el momento no se sabe si el Gobierno y el Congreso van a hacer eco de la propuesta de la Contraloría, sobre todo ante la evidencia de que la dilación en la ejecución de los proyectos que ya tienen vía libre por parte de los llamados OCAD, (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), afectan de manera grave a numerosos nichos poblacionales que urgen de esas obras y programas que ya estaban viabilizados pero siguen en el aire.

Sin embargo, más allá de la urgente modificación del Decreto 1949 de 2012, que reglamenta la ley del sistema nacional de regalías, lo más preocupante es que millones de pesos se acumulen en las cuentas bancarias de las entidades sin que exista un mecanismo que obligue a gobernaciones y alcaldías a movilizar tales recursos. Esa debería ser la prioridad, en este momento, de los candidatos a gobernaciones y alcaldías, en lugar de estar prometiendo gratuita e irresponsablemente al electorado, como se ha visto en varias regiones, que si llegan al poder lo primero que harán es crear ejes de presión regional para forzar al gobierno central a reversar la última reforma a las regalías, de forma tal que se regrese a ese esquema en donde gran parte de los millonarios presupuestos por este concepto eran recibidos por unos pocos departamentos productores, en detrimento de aquellos que no tenían en su jurisdicción yacimientos o industrias extractivas de petróleo, carbón y otros minerales. Desde lo más alto del Gobierno convendría dejar por sentado que de ninguna manera se va a echar para atrás el nuevo sistema, que garantiza una distribución equitativa de los recursos de las regalías en todo el país, que en solo los dos últimos años permitió el direccionamiento de más de 18 billones de pesos, una parte de los cuales, como se dijo, lamentablemente no se ejecutó a tiempo.

Visto todo lo anterior, queda en evidencia que las quejas de algunos mandatarios seccionales y locales en torno de que era necesario flexibilizar la Ley de Garantías Electorales para permitir una mayor agilidad en la inversión de los recursos de las regalías, no es la panacea que se quiso mostrar, pues no son estas limitaciones en las antesalas de los comicios, la causa principal del bajo nivel de ejecución del sistema. En realidad, lo que se requiere es ‘apretar’ las tuercas a las administraciones departamentales y municipales para que cumplan los cronogramas de diseño, aprobación y ejecución de los proyectos. Ojalá, entonces, que los insistentes campanazos de la Contraloría sobre las deficiencias en este campo generen una reacción tanto del Gobierno como del Congreso que se traduzca en reformas legales y reglamentarias pertinentes y permanentes, de una vez por todas.