* Medidas de fondo ante crisis pandémica
* La proyectada “reforma fiscal y social”
Tras un año de emergencia sanitaria, social y económica por la pandemia del covid-19 en Colombia, es claro que el Estado nunca había activado una plataforma de subsidios, transferencias y otras ayudas sociales -directas e indirectas- a la población y los sectores productivos como la que está implementando en medio de la actual crisis. El esfuerzo presupuestal oficial ha sido decidido y significativo, sin que exista un cálculo preciso del monto de recursos, aunque se habla de no menos de 60 billones de pesos entre presupuesto ordinario y extraordinario, producto del endeudamiento externo, especialmente por cuenta de la banca multilateral.
Aun así, el coletazo de la pandemia ha sido demoledor en muchos frentes. El 2020 cerró con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) a -6,8%, el desempleo por encima del 13%, el déficit fiscal cercano al 9%, la productividad empresarial en números rojos y un retroceso marcado en la superación de los indicadores de pobreza y pobreza absoluta a niveles que no se veían hace una década.
Visto todo ello, es evidente que la estrategia de reactivación no solo debe enfocarse en proporcionar al sistema productivo los recursos y el escenario para poder retomar la senda de crecimiento que tenía antes de marzo del año pasado, sino que en el campo de la inversión social urge mantener ese esfuerzo superlativo. Bien lo han pronosticado expertos de la banca multilateral y prestigiosos centros de estudios según los cuales solo las naciones que procedan a implementar planes socioeconómicos con el suficiente músculo presupuestal, ponderación fiscal y focalización en los nichos poblacionales y productivos más golpeados por la pandemia, podrían llegar a 2024 con buena parte de la crisis superada, en tanto que a aquellos gobiernos que no actúen con igual decisión les tomará toda la década e incluso más volver a los índices prepandemia.
Para nadie es un secreto que Colombia tiene una de las estructuras de subsidios, transferencias y otros programas y ayudas sociales -directas e indirectas- mejor construidas del subcontinente. Casi un 10% del PIB se dirige al gasto público en más de 60 líneas de estos programas, sin contar los creados al amparo de la emergencia sanitaria, algunos con un costo billonario como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA, asistencia a cesantes, subsidios a nóminas o las cuotas extraordinarias de otras líneas establecidas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor. De hecho, antes de la crisis, casi una tercera parte del presupuesto anual de la Nación se invertía en este tipo de rubros, lo cual significa una cifra que bordea entre los 75 y 80 billones de pesos. Recursos para salud, educación, vivienda, alimentación, servicios públicos, pensiones, primera infancia, adultos mayores y superación de la pobreza.
Dada la profundidad de la crisis derivada de la pandemia, resulta imperativo que esa estructura de inversión en programas sociales se mantenga y proyecte con mayor alcance y criterio de progresividad. Nunca como ahora ha sido tan necesario aplicar en toda su dimensión lo que implica un Estado Social de Derecho como lo es Colombia. Es obligatorio tener un sistema de subsidios y transferencias monetarias bien focalizado para garantizar que las ayudas lleguen a quien sí las necesita. En este marco el nuevo Sisbén 4.0 es un paso clave, como bien lo indicó el director de Fedesarrollo en entrevista esta semana con este Diario en donde explicó las bases de la supra-reforma que propone en materia de política social, estructura tributaria, régimen pensional y laboral.
Es urgente, entonces, revisar todo el esquema de programas sociales para verificar si cumple con el requisito de progresividad, es decir ayudar a la gente para suplir sus necesidades básicas insatisfechas y que progresen realmente hasta no depender de la asistencia estatal. Para ello uno de los pasos fundamentales es analizar el bloque de exenciones y beneficios tributarios vigentes para depurarlo y dejar activos solo aquellos que empujan el crecimiento económico, generan empleo y plusvalía social. Aquí será clave lo que recomiende la misión de expertos confeccionada para los efectos desde el año pasado, cuyo informe (a presentarse oficialmente el próximo miércoles) será el principal insumo de la denominada “reforma fiscal y social” que el Gobierno llevará al Congreso en pocos días o semanas.
Lo que se ve, en consecuencia, es que la reforma no solo tendrá la tarea urgente de la construcción de una estructura de inversión social más sólida que la actual. Una estructura moderna y eficiente en focalización de recursos y transferencias. Sino que también deberá ser equilibrada en lo relativo al impacto fiscal y el fondeo presupuestal. Las calificadoras de riesgo han sido enfáticas en que el proyecto que se lleve al Parlamento debe enmarcarse en la rigurosidad de la Regla Fiscal y mantener la seriedad de Colombia en el pago de sus obligaciones, el mantenimiento del grado de inversión y la seguridad jurídica institucional. Una reforma que haga más eficiente el gasto público y que no asfixie al sector privado en pleno proceso de reactivación ni aumente las cargas impositivas sobre la ya golpeada población. Esa es la meta.