* Legitimidad y confianza, lo más urgente
* Dar resultados pese a limitaciones fiscales
Las elecciones atípicas para Gobernador del Valle que se realizaron el domingo pasado dejan tres claros retos. En primer lugar, que el nuevo mandatario, Ubeimar Delgado, de origen conservador y quien enarboló las banderas de todos los partidos de la Unidad Nacional, tiene como primer gran desafío devolverle a sus coterráneos la confianza en una administración departamental que ha visto cómo en el último quinquenio han sido destituidos dos de sus titulares, los escándalos de corrupción han estado a la orden del día y el margen de gobernabilidad prácticamente nulo.
Así como es evidente que los vallecaucanos le pasaron factura de cobro a la coalición que dominó de forma accidentada en los últimos años la política regional, también es claro que esperan de Delgado, un exsenador y veterano dirigente, que lleve a cabo un mandato transparente y ajeno a cualquier asomo de politiquería y malgasto. De allí el buen augurio que significa la determinación del mandatario electo en torno de pedir a todos los entes de control una vigilancia al centímetro de las actuaciones de la entrante Administración, así como exigir a quienes integrarán su equipo de gobierno absoluta idoneidad y cero tolerancia a cualquier anomalía.
El segundo gran reto de Delgado y, por ende, de toda la Unidad Nacional, se enfoca en superar la polarización y decepción política y social que existe en el Valle. No de otra manera puede leerse una abstención electoral del 83 por ciento así como un voto en blanco que se acercó, en el escrutinio general, al segundo candidato en contienda y que en Cali estuvo a escasos 10 mil sufragios del ganador. La única forma de hacer frente a esta polarización y desencanto vallecaucano con su clase dirigente es demostrando día a día que la nueva Administración se enfocará, primero, en poner la casa en orden; segundo, en hacer un gobierno incluyente y participativo de todas las tendencias que quieran colaborar en la recuperación departamental; y tercero, en evidenciar con ejecutorias de corto, mediano y largo plazos que las épocas aciagas de escándalos, corrupción e inestabilidad quedaron atrás y no volverán nunca más.
El tercer gran reto dejado por los comicios del pasado domingo se centra en que la problemática que se hereda exige medidas de choque y eficaces. La crisis financiera tiene al Valle hoy como un departamento acogido a la Ley 550 o de reestructuración de pasivos, lo que limita el margen de acción para aplicar correctivos a una red pública hospitalaria al borde del colapso, una infraestructura vial deteriorada (incluyendo la siempre dilatada doble calzada Cali-Buenaventura), un peligroso déficit en vivienda para las clases más necesitadas, bajos estándares en materia de inversión social prioritaria así como un cúmulo de demandas millonarias contra el erario regional. Y a todo ello debe sumarse la urgencia de un plan de choque en materia de seguridad rural y urbana, ya que en su jurisdicción la guerrilla, el narcotráfico, las llamadas Bacrim y la delincuencia común se fortalecieron en los últimos años, pese al esfuerzo de las autoridades.
Pero para que todo lo anterior sea posible es indispensable que el Gobierno central pase de las palabras a los hechos en lo relativo al apoyo anunciado a la nueva Administración departamental. Hay necesidades apremiantes en esta región que requieren apoyo real, urgente y efectivo. De poco servirá el viraje político aterrizado el domingo pasado, si el entrante gobernador no encuentra respaldo en las instancias nacionales. Sólo cuando los resultados se empiecen a notar, las gentes del Valle empezarán a creer en la nueva era prometida en campaña y que, en medio de la abstención, recibió apoyo sustancial en las urnas.