* Señal de depuración en el Congreso
* Nuevo artículo en reforma judicial

Una  de las mayores críticas que se hace al ejercicio de la política en Colombia es que perdió la majestad que la debe distinguir. Es más, en no pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que la calidad de funcionario público es muy alta porque quienes la desempeñan privilegian el servicio a los intereses del Estado y la sociedad en general, dejando en un segundo plano los particulares e individuales. Sin embargo, la corrupción, el desgreño presupuestal y la ineficiencia funcional que se han tomado muchas instancias oficiales a escala nacional, regional y local llevó a que hoy cualquier cargo oficial sea visto por muchos no como una oportunidad para servir a los objetivos de la Patria sino para enriquecerse y sacar provecho de las gabelas propias de quien está al frente de un despacho público.
Por lo mismo, apoyamos con entusiasmo cuando en 2009, en medio del escándalo de la parapolítica que tenía ya a decenas de senadores y representantes a la Cámara desfilando hacia los tribunales y las cárceles, el Congreso se decidió a aumentar las sanciones a los partidos que avalaran a parlamentarios investigados penalmente.
El cambio al artículo 134 de la Constitución estableció que no podrá ser reemplazado un parlamentario a partir del momento en que le sea proferida orden de captura por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La norma superior indica que si el congresista es absuelto puede volver al escaño, pero si hay sentencia condenatoria se perderá la plaza definitivamente.
En ese momento hubo no pocas voces que pedían que la sanción a los partidos en el Parlamento no debía limitarse a los delitos anotados sino que tendría que ser general o, por lo menos, cobijar otras conductas ilegales, especialmente las que atentaran contra la administración pública, como prevaricato, peculado, desvío de recursos oficiales, cohecho, concusión, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Desde que la reforma de 2009 entró a regir sólo en los casos de dos parlamentarios se aplicó la sanción de “silla vacía”. Sin embargo, el número de senadores y representantes que han terminado en la mira de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha bajado sustancialmente. Todo lo contrario, a las nuevas investigaciones por alianzas criminales con grupos armados ilegales, se han sumado casos de congresistas indagados por delitos como tráfico de influencias, cohecho, concusión y celebración indebida de contratos, en tanto que todavía no se concreta si hay responsabilidad penal de parlamentarios en escándalos como los de la cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes o el Ingeominas.
Hace tres semanas, este diario publicó un informe que daba cuenta de las voces que estaban pidiendo que la sanción de “silla vacía” se extendiera también a los delitos relacionados con corrupción, dado que este es el flagelo más grave que en estos momentos afecta el manejo de lo público en Colombia.
Para sorpresa de muchos, la plenaria del Senado parece que hizo eco a esa solicitud puesto que introdujo en el proyecto de reforma a la justicia, aprobado en segundo debate esta semana, un artículo que establece que el escaño de cualquier parlamentario quedará vacío cuando se le dicte orden de captura sin importar el delito que le sea imputado. En otras palabras, que se eliminan las restricciones que hoy impone el artículo 134 de la Carta.
Si el Congreso quiere dar una muestra efectiva de su decisión de depuración a toda costa y los partidos de su compromiso con la transparencia, el nuevo artículo de la reforma judicial debería ser aprobado mayoritariamente sin cortapisas ni condicionamientos. Por esa vía se volvería a reivindicar la majestad que debe distinguir el ejercicio de la política.