El nuevo paro de taxistas que está programado para hoy en la capital del país, una vez más en protesta por el funcionamiento de las plataformas electrónicas que permiten el contacto entre quien demanda un servicio de transporte y los conductores particulares que lo prestan, pone de presente que en este Gobierno tampoco se ha avanzado en la solución de una problemática que, mes tras mes, se vuelve más compleja.

Paradójicamente, les asiste algo de razón a las partes enfrentadas. Las empresas de taxis son compañías que están autorizadas legalmente para prestar este servicio de movilización de pasajeros. Tienen que cumplir una serie de requisitos periódicos para poder hacerlo y, además, pagan seguros y otros costos adicionales relacionados con la actividad.

Entre tanto, los conductores que prestan servicio a través de estas plataformas tienen razón en que hoy son más de 100 000 familias las que dependen de esta actividad, que se ha extendido año tras año al punto que ya resulta muy difícil bloquearla.

Desde hace una década en el Congreso se han tramitado distintos proyectos de ley con el fin de establecer algún tipo de regulación puntual para el funcionamiento de estas plataformas de contacto. Sin embargo, los anteriores ni el actual Gobierno han sido efectivos en concretar una regulación al respecto.

En el entretanto, las tensiones entre los taxistas y los conductores de estas aplicaciones son cada día más evidentes, protagonizando incidentes en la vía pública, así como reiterados paros y bloqueos no solo en las grandes ciudades, sino también en municipios intermedios e incluso los pequeños.

El Estado no puede seguir dándole largas a este delicado asunto. No es el primer país en donde este debate se ha puesto sobre la mesa. En algunas naciones se adoptaron decisiones de fondo, ya sea prohibiendo las aplicaciones de forma permanente o estableciendo marcos de regulación que les permiten trabajar cumpliendo una serie de requisitos que no pongan en desventaja a las compañías autorizadas para el servicio público de transporte de pasajeros.

Sería conveniente que las autoridades colombianas revisaran lo que se ha hecho en otras naciones con el fin de indagar si algunas de esas reglas del juego se podrían aplicar a nivel local. Lo cierto es que la inacción es la peor de las alternativas, tal como está evidenciado en los incidentes más recientes en nuestro país y el paro de hoy.