Uno de los temas más debatidos en los últimos meses, pero que no ha logrado tener una solución efectiva, ha sido el relativo a la problemática con las altas tarifas que deben pagarse en los ocho departamentos de la Costa Caribe por el servicio de energía eléctrica.

Pese a los debates de control político en el Congreso, las reuniones en la Casa de Nariño entre el presidente de la República y los gobernadores y alcaldes de la región, así como a los anuncios del ministerio de Minas y Energía y las decisiones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en torno a alivios tarifarios y otras medidas, las autoridades del norte del país continúan advirtiendo que las facturas no se han abaratado.

No hay día en que deje de informarse desde alguno de esos ocho departamentos que la ciudadanía está desesperada con las altas tarifas del servicio. De hecho, se multiplican las denuncias en torno a que para cancelar las facturas mensuales las familias han tenido que recortar sus gastos prioritarios, incluso los de alimentación y salud.

Según no pocos senadores y representantes a la Cámara de la región Caribe el cuello de botella radica en que las medidas que plantea el Gobierno tienen un efecto a mediano y largo plazo, pero no solucionan la crisis actual.

El Ejecutivo, a su turno, replica que hay avances importantes en el plan de acción que se adoptó para enfrentar esta problemática. Por ejemplo, resalta la decisión de que la Nación asuma el costo billonario de la llamada “opción tarifaria”, lo que llevará a que las facturas no se encarezcan con el pago de valores que se adeudan por la congelación de tarifas durante la pandemia.

Ahora la Procuraduría decidió terciar en este debate. Por ello le pidió al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, sustentar y remitir los fundamentos que soportarían las cuatro soluciones planteadas por el Gobierno nacional para lograr una adecuada solución a esta complicada situación en la Costa Caribe.

Esos cuatro campos de acción tienen que ver con los costos de generación en ‘áreas especiales’, la financiación solidaria de los saldos de “opción tarifaria”, el plan de inversión para Comunidades Energéticas y generación distribuida, así como la titularización de la deuda generada por la “opción tarifaria”.

Habrá que esperar la respuesta del ministro y cómo evalúa la eficacia de las medidas el Ministerio Público.