Definir agenda prioritaria para segunda legislatura
Evitar distracción electoral parlamentaria
Dentro de una semana arranca la segunda legislatura de este cuatrienio gubernamental y las expectativas sobre lo que de ella pueda resultar son bastante altas, sobre todo después de que la primera no tuvo mayor productividad, como lo prueba el bajo número de iniciativas aprobadas así como el hecho mismo de que dos de las principales que recibieron visto bueno, como la reforma al equilibrio de Poderes y el Plan Nacional de Desarrollo, están hoy bajo la lupa de la Corte Constitucional, por un alud de demandas y hasta con la amenaza de un referendo derogatorio. A la par de ello en ese primer período del Congreso y el Senado se les dio vía libre a otras iniciativas como la ley anticontrabando, la que aumenta las penas por feminicidio, las nuevas reglas para la detención preventiva, la reforma tributaria, y otra de menor calado o más sectoriales. Sin embargo, una serie de modificaciones de fondo que estaban anunciadas para ser tramitadas entre julio de 2014 y junio de este año, nunca llegaron al legislativo, pese a que se había advertido de la urgencia de ajustes estructurales a la normatividad penal, ambiental, minera, judicial, pensional, de desarrollo rural, de salud y otros ámbitos. Incluso fue evidente, como se advirtió en estas páginas en su debido momento, que se utilizó una especie de mecanismo de atajo legislativo para solventar esas urgencias normativas, mediante la figura poco clara de utilizar la ley del Fondo de Desarrollo como marco de reforma para no menos de cuarenta leyes, cuya exequibilidad dependerá del fallo de la Corte Constitucional pues varias de las demandas contra esa iniciativa advierten tal circunstancia como un vicio de fondo.
Visto todo lo anterior se entiende por qué las expectativas sobre la segunda legislaturas son tan altas, no obstante que de todos es sabido que el nivel de concentración de senadores y representantes en este semestre que arranca no será el más adecuado toda vez que la gran mayoría de ellos es seguro que destinará buena parte de su tiempo a la campaña regional y local que tendrá su punto culminante la última semana de octubre cuando se conozca quiénes serán los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Si bien es cierto que siempre en estas antesalas electorales se advierte desde las mesas directivas del Parlamento que se castigará drásticamente el ausentismo de los legisladores, en realidad nunca pasa nada y el común denominador de las sesiones en comisiones y plenarias es el bajo quórum deliberatorio y aprobatorio.
Por el momento el Gobierno no ha anunciado los temas centrales de la agenda legislativa a partir del próximo 20 de julio e incluso se tiene prevista para esta semana una reunión con la coalición de Unidad Nacional para analizar cuáles deben ser esos énfasis y los proyectos a los que se les dará prioridad. Tampoco los partidos y movimientos políticos han precisado a qué proyectos les pondrán sus respectivas bancadas todo el impulso político. En ese orden de ideas lo único claro por ahora es que este segundo período legislativo arranca con una tarea bastante incierta y tan solo con la mira puesta en los proyectos que vienen en tránsito, como la reforma al Código de Policía, el que aumenta las penas por ataques con ácido, otro intento para autorizar el uso terapéutico de la marihuana o la posibilidad misma de una reforma a la administración de justicia, que ya viene siendo objeto de socialización y foros regionales. Por igual se ha anunciado por algunos parlamentarios que buscarán revivir en proyectos independientes algunos de los acápites que no fueron aprobados en la reforma al Equilibrio de Poderes, como el Senado regional.
Aunque algunos analistas sostienen que el Legislativo debería aplazar una parte de su agenda hasta que se aclare el rumbo del proceso de paz y se defina, si se llega a un acuerdo final, el amplio paquete de reformas políticas, económicas, sociales, jurídicas, institucionales que sería necesario implementar, otros observadores consideran, por el contrario, que el Congreso debe acelerar su ritmo legislativo, no solo en materia de viabilizar las reformas urgentes, sino también ponerse a la tarea de la racionalización normativa que el Gobierno promueve.
Como se ve, más allá de los debates de control político, fuertemente cargados de la polarización imperante, y dejando de lado el mapa de poder que resulte de las elecciones regionales, lo que el país espera de esta segunda legislatura es que el Congreso sea más dinámico en la resolución de las problemáticas que están sobrediagnosticadas.