* Se desoyen los campanazos de los gobernadores

* Alerta de Procuraduría sobre violencia regional

Una alta preocupación se está generando en el país debido a la deficiente coordinación entre las instancias del gobierno nacional central con los titulares de departamentos y municipios. De hecho, cada vez resulta más evidente que hay un cortocircuito funcional entre la Casa de Nariño y el gabinete ministerial con los gobernadores y alcaldes.

Estos últimos, por ejemplo, se han quejado de forma insistente en que los altos funcionarios gubernamentales no están escuchando los campanazos que se están dando desde las regiones en temas bastante delicados.

Por ejemplo, tanto en los cónclaves de la Federación Nacional de Departamentos como en los pronunciamientos individuales de muchos gobernadores se están multiplicando las alarmas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y orden público en muchas zonas, tanto por el accionar de la delincuencia común y organizada, como por la actividad violenta y creciente de los grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln y bandas criminales de alto impacto, como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’. Se denuncia un aumento de los homicidios, las masacres, el desplazamiento forzado, confinamientos poblacionales, reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales, extensión de los narcocultivos, minería criminal, una ola sin precedentes de extorsión y hurtos en distintas modalidades…

A lo anterior deben sumarse otras situaciones graves como un ‘empoderamiento’ de las disidencias y reincidencias de las Farc en muchas zonas, llegando al extremo de ‘carnetizar’ a la población rural, organizar actos públicos para ‘inaugurar’ carreteras, reunir a las comunidades de veredas para establecer ‘códigos de conducta’, imponer ‘toques de queda’, multiplicar la exigencia de ‘vacunas’, incrementar los secuestros de personas, bloqueos de vías y atentados a vehículos… Igualmente, aumentan día tras día los actos de sabotaje, corrupción y violencia electoral, tanto de los grupos guerrilleros como de las bandas criminales.

Lo más grave es que varios gobernadores y alcaldes se quejan de forma insistente en que ni la Presidencia de la República como tampoco el Ministerio de Defensa están dimensionando en su justa proporción las alarmas prendidas. Incluso algunos mandatarios advierten cierta tendencia del Gobierno nacional a desoír los urgentes llamados por considerar que no ‘encajan’ con la realidad discursiva que se le quiere mostrar al país desde la Casa de Nariño en torno a una presunta mejoría en seguridad y orden público en muchas zonas, como resultado de una mayor operatividad de la Fuerza Pública y los efectos de varios frentes de la, a todas luces, accidentada política de ‘paz total’.

Es imperativo superar este cortocircuito entre el Gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes. Más aún porque hay otras instancias que están lanzando advertencias en la misma dirección. Ayer, por ejemplo, la

Procuraduría General urgió articular acciones de manera prioritaria para impactar los fenómenos de criminalidad y violencia presentes en las áreas urbanas, y en especial, rurales. Para la entidad del Ministerio Público, tras analizar la situación con ministerios, organismos de control y otras instancias, se determinó que, aunque existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural, no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales en los territorios. Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar son las zonas que reportan más fenómenos de violencia y dinámicas criminales que afectan la seguridad de forma negativa.

Visto todo lo anterior, queda en evidencia que debe replantearse la interacción del Gobierno nacional, sobre todo del Ministerio de Defensa, con los gobernadores y alcaldes en materia de coordinación de acciones preventivas y reactivas de la Fuerza Pública contra el pico de criminalidad que se está registrando. Ese cortocircuito que cada día es más notorio agrava, sin duda alguna, el día a día de muchos departamentos y municipios en donde los violentos y demás fenómenos delictivos están avanzando de forma preocupante y teniendo a la población civil como principal blanco. Negar esa realidad es imposible.

Los campanazos de los mandatarios seccionales tienen que ser escuchados y actuarse, desde el Ejecutivo nacional, en consecuencia. Desoírlos o subdimensionarlos afecta la preeminencia y capacidad institucional del Estado en todo el territorio.