Acertada la decisión del Ministerio de las TIC en torno a revocar la apertura de la licitación pública para el desarrollo del proyecto “Escuelas Potencia Digital”, cuyo costo estaba por encima de los 400.000 millones de pesos.

Es claro que la Procuraduría General venía alertando sobre algunos riesgos en el proceso que podrían poner en peligro no solo la ejecución de un proyecto de semejante importancia en cuanto a conectividad digital de los estudiantes que viven en las zonas más alejadas, sino que también podría afectar el erario, dada la millonaria inversión y las dudas jurídicas en torno a la estructuración de la licitación.

De suyo, el Ministerio Público había alertado sobre una adenda que se hizo durante el proceso licitatorio, lo que habría cambiado el sentido de los pliegos de condiciones, lo que bien podría significar una transgresión a la Ley 80 marco de contratación pública.

Aunque el Ministerio insiste en que luego de un “riguroso análisis” se confirmó que las diferentes etapas de esta licitación pública cumplieron con todas las condiciones de transparencia, objetividad, salvaguarda del presupuesto oficial, acatamiento de los principios de la contratación estatal y de las directrices de Función Pública, finalmente tomó la decisión de revocar, de manera unilateral, el acto de apertura de este proceso, para dar más garantías.

La propia cartera ministerial señaló que se acogen así las observaciones de la Procuraduría que llamó “la atención hacia una situación que puede no ser conforme al interés público o social, debido a diferentes interpretaciones jurídicas del proceso. El Ministerio, entendiendo las funciones de protección de los bienes públicos de esa entidad, toma esta decisión, reconoce el valor del acompañamiento y colaboración activa de la Procuraduría a lo largo de este proceso”.

Lo importante en todo caso es que el proceso licitatorio se arranque de nuevo desde cero, ajustando todo lo advertido por el Ministerio Público e incluso por algunos de los consorcios interesados en participar en el proyecto que busca conectar a cerca de tres mil instituciones educativas de 400 municipios en 28 departamentos.

Bajo el principio de precaución, lo más aconsejable era revocar la apertura de la licitación y blindar todo el proceso. En medio de un escándalo de corrupción tan grave como el derivado de las anomalías contractuales y presupuestales en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que salpica a altos funcionarios gubernamentales y congresistas, no tenía presentación abocar un proceso que implique dudas y riesgos para el erario.