LA vivienda es central a la dignidad humana, tanto como pueden ser la educación y el empleo. La calidad de vida debe medirse, prioritariamente, por la posibilidad de poseer o tener un lugar en el cual desarrollar la vida en familia y todo lo que supone las buenas condiciones para el progreso vital.
Es lo que podría decirse el mínimo de espacio privado en el que el ser humano puede reencontrarse con sí mismo y sus congéneres más cercanos. Los habitantes de un país que tengan mejor vida privada seguramente serán mejores miembros de la sociedad.
De otro lado, está, desde luego, el espacio público, al que suele darse constitucional y legalmente más importancia que al espacio privado. Se suscitan allí todo tipo de controversias por la invasión de mercaderías en las esquinas y aceras, por la exploración y explotación de los recursos naturales, por el diseño y construcción de las obras de infraestructura y, en general, por todo aquello que son derechos y bienes colectivos.
No está mal que eso ocurra. El espacio público es el entorno en el que suele manifestarse la civilización y la cultura.
No obstante, es el espacio privado el lugar donde mejor se afianzan las relaciones humanas, la semilla donde crece el núcleo familiar, base fundamental de toda sociedad y en donde, inclusive, en el mundo contemporáneo pueden darse las condiciones, gracias al auge de la tecnología, para trabajar desde allí.
Pero más que eso, con todos los beneficios que comporta, el espacio privado, presentado a modo de vivienda, permite elevar las condiciones del ser humano a través de valores como el arraigo, la solidaridad, el estudio y la identidad. De allí, aunado a todo lo anterior, la importancia de una política de vivienda audaz, coherente, financiada y de largo plazo. En efecto, pocas veces la manifestación del Estado en la promoción del patrimonio individual y familiar, tanto en los principios como en su acervo económico, resulta tan definitiva como en la vivienda.
Por lo tanto, es menester recibir de forma positiva los anuncios hechos ayer por el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que se adoptarán mecanismos ágiles y a la mano para la construcción y adquisición de 400 mil viviendas nuevas, adicionales a las 900 mil que, por diversos mecanismos, se lograron en el cuatrienio anterior.
En esta ocasión, además de otras 100 mil viviendas gratis, a las adicionales que por el mismo número se terminarán de entregar en diciembre, se unen los instrumentos de cuota inicial y financiación para los estratos medios. En el plan se incrementarán los subsidios a las tasas de interés e igualmente se pondrá en marcha el sistema por medio del cual los arrendatarios podrán asimilar los cánones mensuales a la adquisición de vivienda propia. Como se sabe, a su vez, de otro lado están los programas de vivienda rural que no corresponden en si mismos al ministerio de Vivienda sino al de Agricultura. En todo caso, para mejor ejemplo quienes tengan cuotas de compra por 800 mil pesos mensuales pagarán en realidad 500 mil pesos.
Esto demuestra, en cuanto a las primeras 100 mil casas gratis, que el plan de vivienda prioritaria viene dando resultados y que la demanda de beneficiarios y municipios se ha incrementado al punto de tener que ampliar la oferta. Colombia, de hecho, ha realizado en su historia reciente planes de vivienda exitosos como las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), que incentivaron el ahorro y permitieron incrementar considerablemente el número de propietarios, hasta que por desgracia se equipararon los intereses con los corrientes del sistema financiero. Ello llevó a desdibujar las UPAC, tal como fue concebido por el entonces presidente Misael Pastrana Borrero, y hubo de solventarse hace unos años la crisis con la Unidad de Valor Real (UVR). Nadie dudaría, sin embargo, que las UPAC fueron decisivas para el progreso del país y de los colombianos en general, fomentando la construcción como pocas veces, lo mismo que hizo el entonces presidente Belisario Betancur con la vivienda sin cuota inicial.
Ahora de lo que se trata es no solo de crear los espacios privados, sino que ellos tengan una combinación adecuada con el espacio público. Es de lo que se trata cuando en este plan el propósito es fomentar comunidad. Interesa, además, un entorno ambiental adecuado. Solo así se logran ciudades sostenibles. Y ello es para tener en cuenta en el nuevo plan.