Trasfondo de anomalías en alimentación escolar
Inaceptable pasividad local, regional y nacional
LA corrupción es sin duda una de las plagas más dañinas en Colombia. Prácticamente no hay transacción pública o privada exenta de intentos ilícitos para sacar provecho anómalo. Sin embargo, hay hechos que son tan escabrosos que superan hasta los más recónditos límites de decencia y humanidad. Uno de estos es precisamente lo ocurrido en algunos departamentos con los contratos para el suministro de alimentación y refrigerios a miles de estudiantes de escuelas y colegios oficiales, tal y como lo denunció la semana pasada la Defensoría del Pueblo y que ha dado lugar a toda clase de muestras de indignación y condena por parte de las autoridades gubernamentales y el anuncio de exhaustivas investigaciones de los entes de control. Lo que ha quedado al descubierto no solo en este caso puntual, sino en el cúmulo de denuncias anteriores relacionadas con los contratos de alimentación escolar es que se generó alrededor de ellos una especie de ‘cartelitos’ o mafias dedicadas a esquilmar los millonarios recursos que anualmente gobernaciones, alcaldías, ministerios y otras instituciones invierten para garantizar un buen soporte nutricional de los niños y jóvenes que cursan estudios en establecimientos públicos, la mayoría de los cuales proceden de familias de bajos ingresos que en no pocas ocasiones no tienen cómo alimentarlos de manera adecuada. Y en ese afán, a todas luces criminal, no se detienen esas mafias en la inhumanidad que significa suministrar a los menores de edad productos contaminados, en proceso de descomposición, sin las mínimas condiciones higiénicas, de muy baja calidad e incluso en raciones tan insuficientes que avergüenzan a un país que se precia de estar regido por un Estado social de derecho y en el que los derechos de los niños son prevalentes.
Más allá del alud de investigaciones anunciado la última semana por el Gobierno y las autoridades, prometiendo las más drásticas sanciones posibles a las empresas incursas en las anomalías denunciadas por la Defensoría, lo más preocupante termina siendo que tanto en esos casos como en otros advertidos en distintas regiones, la baja calidad de la alimentación escolar no se produjo unos pocos días, sino que era una situación recurrente, semana tras semana, sin que autoridad alguna hubiera intervenido desde el primer momento en que se evidencia la falla de los contratistas. Cabe entonces preguntarse qué clase de interventoría se realiza sobre estos contratos, cuántas denuncias y alertas tempranas se dieron por parte de los rectores, profesores y planta administrativa de las escuelas y colegios en donde se estaba atropellando el derecho de los estudiantes a recibir una alimentación sana y equilibrada. También es prioritario establecer el número de reclamos formales y por escrito que las instancias mencionadas elevaron ante esas empresas de contratistas. Por igual tiene que determinarse cuál fue el papel que cumplieron frente a todas estas irregularidades las personerías, así como las secretarías de Educación y Salud municipales, y si, como era su deber irrenunciable, instauraron las respectivas quejas ante la Procuraduría y las entidades del orden local, seccional o nacional que debían ser informadas de la gravedad de lo ocurrido.
Esto último es absolutamente clave porque no siendo la primera vez que en el país se presentan graves anomalías con los contratos de alimentación escolar, y estando ya en antecedentes las autoridades gubernamentales y entes de control, así como el personal de escuelas y colegios de la posibilidad de que ocurran tales irregularidades, es evidente que los mecanismos de prevención, auditoría, y vigilancia del proceso de cumplimiento continúen siendo no solo endebles, sino que se raya incluso en una especie de complicidad pasiva. Complicidad que abre un manto de sospecha sobre qué tanta responsabilidad también les cabe a quienes ante esas graves anomalías no pusieron el grito en el cielo, forzando la intervención inmediata de las autoridades y las sanciones igualmente rápidas y drásticas a esos contratistas inescrupulosos.
Si bien entonces, que se investigue y castigue a estos últimos pero que también ocurra lo mismo con las instancias nacionales, departamentales y municipales que no tuvieron la suficiente diligencia para denunciar y corregir desde la primera ocasión el atentado que significa suministrar a un niño comida de mala calidad o abiertamente insuficiente. No basta con salir ahora a rasgarse las vestiduras y cruzarse responsabilidades y señalamientos, sino que debe responderse de forma clara y tajante cómo es posible que una situación advertida y constatada muchas veces meses y años atrás se siga presentando. ¿Entonces para qué está el Estado? ¿Qué pasó con las auditorías? ¿Qué hacen las personerías, la Procuraduría, el Ministerio, el ICBF y las seccionales de Educación?... La corrupción germina más fácilmente en donde el control y la vigilancia no funcionan.