* Justo reclamo del Distrito al Gobierno nacional
* Alerta por pico delictivo y victimización ciudadana
La seguridad en la capital del país se está deteriorando. Eso es innegable, no solo por las estadísticas de las autoridades que evidencian el repunte de algunos delitos de alto impacto, sino porque las encuestas de percepción y victimización confirman que la ciudadanía se siente cada vez más a merced de los delincuentes.
La propia alcaldesa Claudia López, el viernes pasado, durante la posesión de la brigadier general Sandra Patricia Hernández como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, admitió que la situación es complicada. Por ejemplo, tras señalar que el año pasado se produjo una significativa disminución de homicidios en la capital del país, en lo corrido de este 2023 las muertes violentas se están incrementando en un 10%. Igual sucede con otros delitos, como el hurto.
De hecho, esta semana uno de los hechos que más impactó a los bogotanos fue el asalto a plena luz del día en un sector de la carrera Séptima, en donde criminales paralizaron el tránsito en una de las avenidas principales de la ciudad y hurtaron un taxi ante la mirada temerosa y estupefacta de centenares de personas. También se registraron en los últimos días nuevos casos de cadáveres envueltos en bolsas o cobijas así como fleteos, robos en el sistema de transporte y extorsiones, entre otros.
Lo más grave de toda esta circunstancia es el reclamo hecho por la mandataria capitalina en torno a que una parte de la responsabilidad en lo que está ocurriendo la tiene el Gobierno nacional, ya que le quitó a la ciudad 1.500 integrantes de la Policía, que fueron trasladados a otras zonas del país. “Señor presidente Petro, pagamos por la formación de 1.500 policías y nos los quitaron. Pedimos que nos los devuelvan”, advirtió López, no sin antes recalcar que Bogotá tiene hoy menos uniformados que en 2016, paradójicamente cuando el actual Jefe de Estado era el alcalde.
Si bien es claro que la Fuerza Pública se destina según las necesidades de servicio en todo el país, la formación de esos 1.500 uniformados fue financiada con recursos del presupuesto bogotano que, a su vez, se nutre de los impuestos. “Bogotá merece respeto, pero sobre todo protección”, afirmó la alcaldesa, exigiendo de paso que la seguridad y convivencia de los capitalinos se tome en serio, ya que “… nos sentimos abandonados en ese tema”. De hecho, solicitó que no solo se devuelvan a la ciudad los 1.500 uniformados que fueron trasladados a distintas regiones, sino que, adicionalmente, otro número similar que está planificado empiece a operar desde diciembre en la metrópoli, puedan activarse desde ya para ayudar a enfrentar este pico de criminalidad.
Como se dijo, es un reclamo más que justificado. El Distrito es la jurisdicción territorial con más población en todo el país (más de nueve millones de habitantes) y, además, es la ciudad que más aporta recursos para la dotación de la Fuerza Pública, no solo en cuanto a equipamiento, cámaras, vehículos, apoyos logísticos y tecnológicos, sino también en presupuesto para el bienestar de los uniformados. De igual manera, tiene el mayor número de población flotante, especialmente migrante o proveniente de zonas afectadas por la violencia.
Es imperativo que el Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa respondan al llamado que hizo la Alcaldía. Es un tema de mínima consecuencia y justicia que los dineros oficiales que aporta la capital del país para fortalecer el pie de fuerza y la eficacia policial, se inviertan en ese objetivo. Por el contrario, en las zonas en donde departamentos y municipios no cuentan con los presupuestos necesarios para apoyar esta tarea vital, corresponde a la Nación el respectivo esfuerzo económico en aras de cumplir con el mandato de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos.
De hecho, semanas atrás se anunció por parte del Distrito la presentación a partir del próximo 20 de julio de un proyecto de ley para crear su propio cuerpo de Policía, al estilo de otras metrópolis del mundo. Según se explicó, la iniciativa busca crear agentes de seguridad y convivencia locales, para consolidar un régimen de fuerza pública híbrido (del orden nacional, con Fuerzas Militares y Policía Nacional; y del orden territorial, con agentes de convivencia y seguridad local).
Más allá de la pertinencia o no de esta propuesta, lo realmente vital es que la ampliación del pie de fuerza policial que exigió la Alcaldía se concrete. De poco sirve aumentar el equipamiento, las herramientas tecnológicas, los equipos de inteligencia, la red de cámaras y los programas de articulación con empresarios, tenderos, taxistas, seguridad privada, juntas comunales y bares, si no hay suficientes uniformados en turno para responder en prevención, disuasión y reacción ante el accionar criminal.