Para Feliciano Valencia (MAIS), que hace parte de los autores del proyecto, está claro que uno de los reclamos y demandas de la ciudadanía y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos es la desmilitarización de la Policía y su fortalecimiento como cuerpo civil armado, para responder a las necesidades de la sociedad actual.

De acuerdo con el parlamentario de la oposición, si bien la Policía ha tratado de hacer valer su condición de institución armada de “carácter civil”, tal como lo expresa la Constitución Nacional, “en la práctica funciona como una institución militar”.
“Es claro que ese régimen de corte militar termina condicionando de una u otra forma todos los procesos y aspectos de la vida institucional. Desde el diseño de los programas de formación, hasta la definición de los ascensos, la evaluación del personal y la asignación de cargos. Desde el control disciplinario interno, hasta la forma de tramitar las quejas y reclamos de la ciudadanía”, dijo Valencia.

Agregó “por ello es necesario fortalecer los mecanismos de veeduría por parte de la ciudadanía y de las autoridades civiles locales, así como su carácter civil. De lo contrario, la Policía será proclive a reincidir sistemáticamente en situaciones de corrupción producto de la falta de control generalizada, como lo hemos visto en los últimos 20 años, pese a la depuración llevada a cabo en la década del 70, en la que más de siete mil funcionarios fueron expulsados de la institución”.

Por su parte, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, aseguró que este proyecto desconoce lo expresado por la Corte Constitucional en torno a que no hay derechos fundamentales absolutos, máxime cuando la actividad de policía debe realizarse para proteger a quienes son objeto de conductas que puedan afectar la misma vida e integridad, la libertad individual y el patrimonio, entre muchos más bienes jurídicos protegidos.

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De esa manera, según Macías, el proyecto en cuestión le impediría al Estado “emplear la fuerza para asegurar la convivencia y seguridad ciudadanas, la soberanía nacional y la integridad territorial, frente a grupos armados organizados que buscan desestabilizar el orden constitucional, así como frente a conductas delictuales que incidan en la misma vida de los gobernados. Es decir, deja atado al Estado para permitir el libre actuar de toda persona que desconozca el marco legal”.

“En tal circunstancia impedir que un organismo de seguridad de un Estado pueda usar la fuerza letal en forma genérica, afecta la esencia de los cuerpos de seguridad del país, y se estaría frente a la inoperancia de las autoridades de la República, incluso desconociendo los fines esenciales del Estado y, por ende, entrando en una omisión de proteger vidas y bienes de los colombianos”, concluyó Macías.