Mediante un comunicado conjunto, el viernes pasado la Asociación de Medios de Información (AMI) y Asomedios solicitaron el retiro de un sorpresivo artículo que se incluyó en la ponencia para último debate del proyecto de Ley Anticorrupción, ya que podría afectar la libertad de prensa.

En el comunicado las dos entidades aseguraron que en relación con el informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ley N.° 369 de 2021 de Cámara y 341 de 2020 de Senado, del partido Cambio Radical, “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, radicado por el representante ponente César Lorduy en la Comisión Primera de la Cámara, preocupa la inclusión del siguiente nuevo artículo 221A:

“Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual "el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses y multa de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004”.

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“No entendemos qué relación tiene una disposición así con el objeto de la ley. La tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o ex funcionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”, señalaron los gremios informativos.

Ante esta solicitud, Lorduy contestó “que la propuesta está a consideración de la plenaria que podrá modificarla, quitarla, eliminarla, sustituirla, lo cual significa que hasta el momento no es ningún hecho cumplido”.

“La calumnia y la injuria sobre hechos falsos es lo que genera la percepción en la ciudadanía sobre actos de corrupción. Los periodistas son sujetos pasivos calificados, cuando en alguna circunstancia se puede afectar por medio de la calumnia contra la persona que ejerce la función periodística la pena se agrava. Ahora planteamos que la función pública tenga esa misma característica, debido a que mucha gente habla de los funcionarios sin pruebas, y el daño queda contra el funcionario”, explicó.