El ministro de Salud, Fernando Ruiz, atendió un debate en el Congreso de la República donde aclaró que la reglamentación del etiquetado frontal nutricional tardará más tiempo en entrar en vigor. Esto originó la respuesta de algunos congresistas en contra de lo dicho por el alto funcionario.

“No existen estudios que demuestren que efectivamente la forma del etiquetado reduce la mortalidad efectiva por una causa cualquiera que sea de la obesidad”, enfatizó el jefe de la cartera de Salud.

“Como ministro de Salud me toca corregir eso, porque el etiquetado no nos va a solucionar ese problema de la obesidad”, reiteró Ruiz.

El Ministro mostró su preocupación por el hecho de que el tema de la obesidad se puede trivializar por un etiquetado. “Claramente aquí se ve que la relación del nutricionista, dietista y el médico tiene un efecto mucho mayor que el propio etiquetado. Podemos caer en algo muy peligroso, que es la trivialización de la estrategia contra la obesidad, no puede ser, que si el etiquetado es hexagonal, circular o frontal; venderle eso al país es absolutamente peligroso y eso se tiene que corregir”.

Enfatizó en que es imposible que el etiquetado en los empaques de comida chatarra esté antes del 7 o 16 de diciembre.

El Ministro subrayó que no es cierto que los funcionarios del Ministerio de Salud estén haciendo lobby con algunas empresas ni con el sector empresarial.

“Los congresistas que dijeron eso tienen que demostrarlo con pruebas e ir a las instancias que tengan que ir, porque los funcionarios que hayan caído en eso tendrán que asumir esa responsabilidad; yo no he dado ninguna instrucción en ese sentido, y ni tengo evidencia de que alguno de mis funcionarios lo haya hecho, diferentes a las reuniones de las mesas de trabajo que han sido públicas”, declaró.

Uno de los representantes que hizo estos señalamientos fue Mauricio Toro de la Alianza Verde, quien indico que “el Ministro sin pena alguna le anunció a Colombia que el etiquetado no va a entrar en vigencia en agosto, como lo decía la ley, sino hasta diciembre, lo cual es contrario, no solo a la Ley de Comida Chatarra, sino a los colombianos”.

“Este Gobierno antepuso los intereses de la industria, y de los empresarios, ante los intereses de la salud pública de los colombianos. Vamos a analizar qué acciones jurídicas interponer, pero este Gobierno no puede descaradamente desconocer la ley y sus mandatos”, concluyó.

Toro insistió en que el Gobierno tiene plazo hasta agosto para cumplir con la obligación que el Congreso les derivó, pero que con tanta dilatación la ley no entraría en vigencia sino a finales de 2022, lo que le costará graves consecuencias al país en cuestiones de dinero y salud, así como sanciones para el Gobierno.