Esta semana continuará la discusión, en la Comisión Primera, de la iniciativa que busca establecer sedes alternas de algunos ministerios e institutos públicos en las regiones y fijar a Cartagena como sede alterna de la Presidencia y el Congreso para todos los efectos. El representante del Atlántico César Lorduy apoya el proyecto, mientras que desde algunos sectores, especialmente el académico, le ven inconvenientes a la propuesta.

Lorduy asegura que esto ya existe desde el punto de vista protocolario. “Casi que imposible que el Presidente de la República tiene que estar exclusivamente en Bogotá para poder ejercer sus funciones. Igualmente, aspiro a que se logren trasladar algunos ministerios, por lo menos, si no todos, sí con sedes alternas en algunas regiones que por sus propias características merecerían ese traslado”.

Añadió que la escogencia de las carteras que se trasladarían de sede debe hacerse con base en un análisis “de fortalezas y debilidades, de acuerdo con las vocaciones de las regiones”. En este sentido, consideró que, por ejemplo, “son más las necesidades de los Llanos Orientales o del Eje Cafetero en torno al Ministerio de Agricultura”.

“Me refiero al Ministerio de Comercio y Turismo que debería estar, por obvias razones, en Cartagena, o el Ministerio de Transporte, que debería estar en el Caribe, o el Ministerio de Ciencia y Tecnología que podría estar en Medellín, o el de Ambiente que debería estar en la Sierra Nevada o en la Amazonía. Esa es una de las iniciativas que vengo liderando y espero que sea priorizada”, sostuvo.

Algunos académicos han establecido que en la Constitución en ningún momento se previó que la descentralización territorial implicara el traslado de sedes de las entidades del orden nacional que históricamente funcionan en Bogotá.

Así lo afirmó Sergio Chica, director del Laboratorio de Innovación de Administración de la Escuela Superior de Administración Pública, quien considera que “esto pasa de pensar la visión tradicional de llevar el Estado al territorio, a construir Estado desde territorio, y esto implica unas reconfiguraciones que van mucho más allá que el desplazamiento de las sedes; también implica un desplazamiento de capacidades tecnológicas, en capacidades informacionales, en materia de recursos financieros y en materia de personal”.

“Principalmente, es clave enmarcar que la descentralización es un mandato constitucional que rompe con las viejas prácticas heredadas de la Constitución de 1886 y a pesar de que llevamos 30 años viviendo en el marco de la Constitución de 1991, todavía seguimos reproduciendo prácticas del centralismo de la vieja Constitución del 86. En ese sentido, se siguen mirando las regiones como centros supeditados al poder central de Bogotá y que no tienen capacidad ni siquiera de dirigir sus propios destinos y mucho menos contribuir en un rol protagónico del destino de la Nación”, concluyó.