En la Cámara de Representantes se discutió el proyecto de ley social de financiamiento a la educación superior en Colombia, que tuvo ponencia negativa por parte de algunos congresistas.

El autor de esta iniciativa es el representante John Alejandro Linares, del Partido de La U, quien cuestiona sobre si es hora de replantear el financiamiento de las universidades.

Y expone lo siguiente: “La demanda potencial en Colombia por educación técnica moderna de calidad puede ser muy alta. En los próximos cuatro años entre 2,5 y 2,7 millones de jóvenes terminarán su formación media. Bajo un supuesto optimista de que el 50 % tendrá acceso a alguna modalidad de educación postsecundaria, todavía quedarán entre 1,2 y 1,3 millones de jóvenes sin oportunidades de educación a este nivel. Ante esta tremenda escasez de oportunidades de formación laboral, que deja a cientos de miles de jóvenes a las puertas de la delincuencia y el narcotráfico, la única respuesta de este Gobierno es una versión disfrazada de ‘Ser Pilo Paga”, que revela la falacia de esta nueva versión Generación E (de equidad)”.

Por eso dentro del objeto del proyecto se explica que “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales, garantizando un incremento con relación al Índice de Costos de la Educación Superior que  mejore la calidad educativa”.

“En el término de dos años el Gobierno nacional debe garantizar la transferencia de recursos igualitaria entre las diferentes universidades estatales u oficiales, otorgando el mismo monto por estudiante matriculado cada año, sin disminuir el valor de las Universidades que más recursos reciben actualmente, garantizando la progresividad hacia una calidad educativa homogénea en el Sistema Universitario Estatal”, sostiene el proyecto.

Por su parte, Sara Piedrahíta, del mismo partido, junto con otros representantes solicitó archivar este proyecto. Dentro de los argumentos que ella da asegura que como se está ad portas de la finalización de un periodo de gobierno, podría ser poco o escaso el interés de abordar un tema de compromisos de recursos a futuro, dado que dentro de la agenda legislativa del gobierno no se evidencia su interés en este tema de educación superior, en el entendido de que estas reglas de gran impacto fiscal deben ser concertadas en el escenario del nuevo Congreso y del nuevo gobierno, por cuanto los compromisos de recursos ya se hicieron en su totalidad recientemente.

"Resultaría, por tanto, inconveniente la aprobación de este proyecto muy a pesar de nuestro interés en que la Educación Superior, y concretamente la universidad pública, cuente con mayores recursos, fijándole al Gobierno nacional los criterios para que se desarrollen bajo principios de equidad y eficiencia las disposiciones hoy vigentes, pero consideramos que existen razones de planeación financiera que deben ser abordadas y analizadas tanto por el Congreso como por el nuevo Gobierno", concluye.