Ha pasado una semana desde que fue aprobado el proyecto de Seguridad Ciudadana en el Congreso y aún quedan esquirlas que han producido escozor en algunos sectores, como es el caso de los sindicatos del Inpec, que se encuentran en desacuerdo con esta ley que privatiza el servicio de seguridad que se presta en los establecimientos carcelarios.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, recordó que esta norma estipula que “las entidades territoriales de que trata el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, podrán celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y para apoyar el cumplimento de las funciones a su cargo, en materia de creación, fusión, o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles”.
Y agregó que “para el cumplimiento de esta disposición, la entidad territorial deberá diseñar los procesos selectivos teniendo en cuenta la normativa del sector penitenciario y carcelario, y las condiciones de prestación del servicio fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.
Al mismo tiempo, recordó el artículo 34 de esta Ley, donde señala que el Gobierno nacional y las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital para efectos del diseño, construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria podrán efectuar su desarrollo a través de esquemas de Asociación Público Privadas, salvo en lo referente a los servicios de tratamiento penitenciario y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de población carcelaria.
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Por otro lado, Óscar Robayo, presidente del sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) del Inpec, dijo que los ministerios del Interior y el de Justicia hicieron caso omiso a la misma ley y a la Constitución Política. Adujo que esa medida se trata de un ‘mico’ porque “todo este tipo de legislación habla de que la custodia y vigilancia de todas las personas privadas de la libertad debe ser por una entidad pública, por el Estado, no por privados”.
Por eso, los sindicatos del Inpec anuncian demandas y movilizaciones para el 2022 si algunos artículos polémicos no son objetados por el presidente Iván Duque.
Robayo escribió en sus redes: “Privatizar la custodia y vigilancia, concesionar las cárceles municipales muestra la incapacidad del Estado, es volver al tiempo de Pablo Escobar que construyó su catedral”.
También aseguró que, “según el Consejo Superior de Política Criminal, la privatización de las cárceles resulta inconveniente, inadecuada y contraria a las disposiciones legales y constitucionales que rigen las funciones de vigilancia y custodia propias de los establecimientos de reclusión. Siendo el ejercicio de la función de seguridad y garantía de los derechos fundamentales una prerrogativa de exclusividad del Estado, incluyendo la de aquellas personas sometidas a detención preventiva o a penas privativas de la libertad, este proyecto resulta lesivo para la seguridad de los establecimientos carcelarios”.