María de los Ángeles Vega Delgado, directora de la Fundación Justicia para Todas, en diálogo con EL NUEVO SIGLO calificó como “grave” el hecho de que servidores públicos que atienden las denuncias, sigan creyendo que de la agresión física o verbal no va a pasar más allá, como ocurre con el fatal desenlace
 

EL NUEVO SIGLO: Tras los casos que se han visto de feminicidio este fin de semana, ¿cómo va el 2024 en esta materia?

María de los Ángeles Vega Delgado: El Observatorio de violencia feminicida en Colombia de la Fundación Justicia para Todas, bajo su propio criterio, el cual parte de la definición jurídica del feminicidio, hasta la fecha, registra al menos 100 feminicidios; en comparación con 2023 existe una diferencia de al menos 10 casos, pero sigue siendo una cifra alarmante que se mantiene año tras año, sin que exista —de verdad— una intervención para que la misma se reduzca o sea disminuida.

ENS: El agravamiento de penas y restricción de beneficios penitenciarios, ¿cree que ha tenido algún efecto disuasivo para disminuir los feminicidios?

MVD: Bueno, en el imaginario de la sociedad se cree que si se agravan las penas de los victimarios, pues las mismas van a ayudar a que se disminuyan los feminicidios, pero esto no es cierto.

Para que en realidad exista una disminución de feminicidios, hay que ponerle atención a la prevención de feminicidio, por lo que es necesario que se empiece a ver el mismo como un asunto estructural, es decir, hay que ir a la raíz y es lo que la Fundación ha dicho desde el 2018.

Antes de pensar en el aumento de penas, hay que centrarse y mirar qué es lo que no ha funcionado y cómo se pueden realizar aquellas valoraciones adecuadas de medidas de protección que son diferentes en cada caso; es decir, se requiere más análisis de contexto y de riesgo, observando cuáles son esas tendencias de ejercicio de violencia.

Por otro lado, con respecto a la restricción de beneficios penitenciarios a quienes han sido condenados por el delito de feminicidio, sí son necesarios, ya que la libertad que hoy beneficia a cientos de hombres que han cometido delitos relacionados con la violencia contra la mujer, representan un riesgo de vida, no solo para las mujeres, sino también para sus hijas e hijos y su familia, pues si bien, aunque cuando salen de la cárcel por algún beneficio, se imponen medidas de protección a las víctimas, estas no resultan suficientes.

ENS: En casos como el que registramos este fin de semana en Bogotá se habla de violencia intrafamiliar reiterada, ¿por qué las rutas de prevención e intervención temprana siguen tan débiles?

MVD: Las rutas de prevención e intervención temprana no abordan de la manera correcta o adecuada el tema. Se sigue haciendo un llamado a las mujeres para que denuncien y, a pesar de que cada vez son más los canales de denuncia, son las víctimas de violencia intrafamiliar e incluso víctimas de delitos como tentativa feminicidio, quienes en su mayoría resultan siendo víctimas de feminicidio, sin ignorar que la mayoría de feminicidios siguen registrándose como cometidos por parejas o exparejas, es decir, son feminicidios íntimos.

Lamentablemente, en la mayoría de casos sí se requieren medidas que priven de libertad a los agresores que, aunque aumenten esa carga en la Rama Judicial —que para nadie es un secreto que ya está saturada—, siguen siendo necesarias. 

ENS: El primer trimestre de 2024 los delitos de violencia intrafamiliar crecieron un 48%, según el reporte del Ministerio de Defensa, ¿a qué cree que se debe esto y cómo se relaciona con los feminicidios?
MVD: Cuando se registran los feminicidios consumados, nos tomamos la labor de registrarse la víctima ya había denunciado de manera previa; en la mayoría de los casos las mujeres, efectivamente, ya habían denunciado la violencia intrafamiliar e incluso, la tentativa de feminicidio, por lo tanto pues resulta necesario que las autoridades que tengan como función la prevención, atención y sanción e incluso, el Congreso de la República, observen las tendencias en la violencia feminicida, como base para diseñar esas estrategias y leyes que no se centren en el aumento de penas, sino en la garantía de no repetición.

ENS: Las políticas gubernamentales, ¿en qué cree que están fallando?

Es necesario entender que somos todas y todos como ciudadanas, ciudadanos, los que debemos exigirle al Estado que garantice de manera real y efectiva el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencias y también, que se sancionen las conductas punibles que vulneran este derecho.

Actualmente en Colombia existe la Ley 1257 de 2008, la cual fue sancionada para prevenir, sancionar y también erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, tanto en espacios públicos como privados y, por otro lado, existe la Ley 1769 de 2015 que se expidió para sancionar el feminicidio; sin embargo, las mismas no han sido suficientes. Seguimos viendo diariamente el reporte de todo tipo de violencias, casos de feminicidios y es por ello que debemos ir más allá de la formalización y empezar a materializar los derechos de las niñas y las mujeres, haciendo un llamado también a las autoridades, principalmente a municipios y departamentos para que tomen medidas planificadas basadas en evidencia de efectividad y asimismo que se asesoren de manera adecuada y que basen su acción en la articulación interinstitucional, tal y como se ordenó en la Ley desde el 2008.