EL NUEVO SIGLO: Ya sea por vía del Congreso o de una consulta popular, ¿cuál puede ser el impacto en las pequeñas y medianas empresas de la reforma laboral que impulsa el Gobierno?

RODOLFO CORREA: El impacto sería profundamente negativo. La reforma, tal como se ha planteado, representa un incremento desproporcionado en los costos operativos de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 99% del tejido empresarial del país y generan el 72% del empleo formal. En un contexto donde muchas de estas empresas aún se están recuperando de los efectos de la pandemia y de la inflación, imponer mayores cargas laborales sin mecanismos de apoyo puede derivar en una contracción del empleo, informalidad y cierre masivo de negocios.

ENS: ¿El Gobierno llamó a Acopi para concertar los alcances de esta reforma, teniendo en cuenta que más del 90% de la red empresarial en Colombia está compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas?

RC: No. Desde el inicio del debate, hemos alertado sobre la exclusión de la voz de las mipymes en la formulación de la reforma. No se tuvo en cuenta nuestra realidad ni se promovió un diálogo genuino con nuestro sector. Esto es sumamente preocupante, ya que cualquier legislación en materia laboral debe construirse sobre un enfoque inclusivo y basado en la realidad económica del país, y no solo en el interés de unos pocos sectores con mayor influencia política.

ENS: Desde las filas gubernamentales se afirma que una consulta popular en donde se pregunte sobre el pago 100% de los dominicales, las horas extras y otros elementos enfocados al trabajo, será votada masivamente. ¿Usted qué cree?

RC: En primer lugar, están equivocados de mecanismo. La consulta popular no es el instrumento constitucional para aprobar normas jurídicas. El medio correcto es el referendo.

Ahora, el resultado de una consulta popular no necesariamente reflejaría una decisión técnica ni sostenible. Es natural que la mayoría de los ciudadanos apoye mejoras en las condiciones laborales, pero sin considerar el impacto en la estabilidad del empleo y la viabilidad de las empresas.

Un debate tan complejo no puede reducirse a una consulta sin una discusión seria sobre los efectos económicos que tendría, en especial para las mipymes, que no tienen la misma capacidad financiera que los grandes empleadores. No obstante, estamos en una democracia y debemos ser respetuosos de los mecanismos institucionales para el funcionamiento del Estado.

ENS: La reforma laboral está pensada en cuanto a los grandes empleadores, pero ¿qué pasa con las micro y pequeñas empresas en donde el dueño es también a la vez con su familia empleados de la misma unidad productiva?

RC: Ese es uno de los principales problemas. La reforma no diferencia entre las realidades de los distintos tamaños de empresa. Para un gran empleador, puede haber más margen de maniobra para absorber costos adicionales, pero para un microempresario que trabaja con su familia, cada sobrecarga puede ser el punto de quiebre. Muchas de estas unidades productivas ya operan con márgenes estrechos, y una carga laboral excesiva solo llevará a la informalidad o al cierre de negocios.

ENS: ¿Cree que se está haciendo populismo en Colombia con la legislación laboral?

RC: Lamentablemente, sí. La discusión laboral en Colombia se ha politizado al extremo, dejando de lado un enfoque técnico y basado en la realidad económica. Es innegable que se necesitan mejoras en las condiciones laborales, pero estas deben implementarse con responsabilidad, asegurando que las empresas puedan sostenerlas sin afectar el empleo. Promover una reforma sin considerar su impacto real en las mipymes es, en el fondo, una medida populista que terminará perjudicando a los trabajadores en el largo plazo.

ENS: Voces de los partidos independientes y de oposición señalan que el proyecto de reforma laboral tiene por objetivo satisfacer las exigencias de la élite sindical, ¿usted qué considera?

RC: Es evidente que la reforma ha estado más alineada con los intereses de los grandes sindicatos que con la realidad de la mayoría de las empresas y trabajadores del país. En lugar de construir un proyecto equilibrado, se ha impulsado una agenda que responde a sectores específicos, sin considerar la sostenibilidad del empleo en las mipymes, que son la verdadera columna vertebral de la economía nacional.

ENS: ¿Acopi tendrá algún tipo de participación en la discusión que se está llevando a cabo en la Comisión Séptima del Senado o incluso en la plenaria?

RC: Hemos insistido en la necesidad de que nuestra voz sea escuchada en el Congreso, pero hasta ahora, nuestra participación ha sido netamente formal, pero sustancialmente marginal. No podemos aceptar que una reforma de esta magnitud se discuta sin la representación de quienes generan la mayor parte del empleo formal del país. Seguiremos exigiendo un espacio de diálogo real para construir una legislación que proteja tanto a los trabajadores como a las empresas que los emplean.

ENS: ¿Cree que lo que propone esta reforma laboral podría afectar a quienes están emprendiendo?

RC: Definitivamente. Cualquier persona que intente emprender en Colombia enfrentará un panorama mucho más difícil si se aprueba una reforma que aumenta costos sin considerar la realidad del sector. Muchos nuevos negocios no tendrán la capacidad de asumir mayores cargas salariales y optarán por la informalidad o simplemente desistirán de emprender. Esto no solo afectará el empleo, sino que frenará la innovación y el crecimiento económico del país.

ENS: En el caso de los aprendices del SENA y la remuneración que se plantea, ¿qué impacto tendrá esto en las mipymes?

RC: Si bien la formación y la remuneración justa de los aprendices son fundamentales, imponer un esquema de costos que no sea viable para las mipymes solo limitará las oportunidades para los jóvenes. Muchas pequeñas empresas dejarán de contratar aprendices, lo que paradójicamente afectará la inserción laboral de los nuevos talentos y reducirá la competitividad del país en el mediano plazo.

ENS: Algunos gremios están advirtiendo que una reforma laboral como la propuesta podría llevar a que muchas empresas congelen nómina, despidan personal o incluso se reubiquen en otros países de la región, ¿usted qué cree?

RC: Esa es una posibilidad real. El incremento en los costos laborales hará que muchas mipymes no puedan mantener su nivel de empleo. Algunas congelarán contrataciones, otras recurrirán a despidos, y algunas incluso podrían evaluar trasladarse a países con regulaciones más flexibles. No podemos ignorar el hecho de que una mala política laboral puede destruir empleo en lugar de crearlo.

Desde Acopi reiteramos nuestra profunda preocupación por la indiferencia del Gobierno frente al sector de las mipymes. No se puede construir una reforma laboral desconociendo la realidad del 99% del tejido empresarial del país. Hacemos un llamado urgente al Ejecutivo y al Congreso para que incluyan nuestras propuestas en un debate serio y técnico. De lo contrario, esta reforma, en lugar de proteger a los trabajadores, solo los empujará a la informalidad y el desempleo.