EL NUEVO SIGLO: Después de tantos ires y venires, y anuncios de la cancillería, ¿cómo ve usted hoy el tema de los pasaportes en Colombia?

Juana Carolina Londoño: Llevamos meses viendo cómo la situación se enreda con anuncios y promesas que no se cumplen. Todo empezó con un proceso de licitación para contratar una nueva empresa que se encargara de la producción de los pasaportes, pero este proceso ha estado lleno de incertidumbre y en muchos aspectos falta de claridad por parte de la Cancillería.

Una licitación que se suspendió tres veces, luego se declaró desierta, posteriormente una urgencia manifiesta para garantizar la prestación del servicio a los colombianos; un canciller suspendido por la Procuraduría; dos renuncias de altos funcionarios de la Cancillería y la Presidencia, hasta llegar al punto donde toda la polémica comenzó, que fue ampliar el contrato a Thomas Greg & Sons, empresa que además demandó al Estado, encendiendo una batalla jurídica con una millonaria demanda de por medio con unas pretensiones que alcanzan los $117.000 millones.

Recientemente se hicieron nuevos anuncios, de que empezarán a operar el próximo 3 de octubre cambios que llegarán como consecuencia de la propuesta de un nuevo modelo de expedición de los documentos, y que en el 2025 todo pasará a ser controlado por la Imprenta Nacional tras un convenio de asistencia técnica con la Imprenta de Portugal.

Es claro, eso sí, frente a la actuación del canciller Luis Gilberto Murillo, destacar que él recibió ese proceso con enredos y ha tratado de darle una salida en derecho. Algo que me caracteriza es que cuando debe decirse algo que no está bien lo digo, pero también soy objetiva y es evidente que en este reciente tramo el canciller ha hecho cosas para darle solución al enredo y al nudo que le dejó Álvaro Leyva. 

ENS: ¿Cree que, a partir del último anuncio de la Cancillería, ahora sí se va a normalizar la expedición de estos documentos?

JCL: Eso es lo que esperamos. Sin embargo, siguen en el ambiente muchas dudas. Ahora entramos en un periodo de “transición”. Thomas Greg continuará un año más con el proceso de expedición y a la par entra a ser protagonista la Imprenta Nacional. Pero para las adecuaciones tecnológicas, la incorporación de los procesos de elaboración y manejo de la información de los colombianos, el gran interrogante es si un año es tiempo suficiente para tener ese conocimiento de maniobra operativa.

Si bien se habla del acompañamiento del gobierno de Portugal, evitar que el nuevo proceso no tenga “traumatismos” es un objetivo aún por verse. Históricamente la expedición de pasaportes ha funcionado bien y eso es lo mínimo que esperamos se mantenga con este nuevo “experimento”.

ENS: ¿Cómo entender que después de tantas idas y vueltas termináramos una vez más con Thomas Greg como la empresa clave del contrato?

JCL: Lo he expresado en varios escenarios. Una vez más queda en evidencia la improvisación del Gobierno nacional en temas tan sensibles para los ciudadanos como el manejo de los pasaportes. Después de tantas idas y venidas, que le costaron hasta el cargo a un canciller, el Gobierno decide volver al punto de partida, es decir, prorrogar el contrato a la empresa que lo tenía.

Este tipo de decisiones deja en evidencia que el Gobierno vive de improvisación en improvisación y no transmite certezas a ninguno de los sectores de la vida nacional. Eso genera un alto costo para el futuro de un país.

ENS: ¿Qué se sabe de lo que le va a costar al país todo el proceso para asumir la expedición de pasaportes y cómo aterrizar eso a números?

JCL: Precisamente para conocer detalles de cómo será en adelante el proceso y los valores que tendrá tanto el llamado periodo de transición como la adecuación tecnológica de la Imprenta Nacional, la próxima semana radicaremos la proposición de debate de control político al canciller para que en Comisión Segunda de Cámara resuelva todas las inquietudes que hoy rodean los anuncios hechos.

ENS: ¿Qué saben las comisiones segundas en específico de cómo va a entrar a ser Portugal el aliado estratégico para que la Imprenta Nacional termine asumiendo en algunos años la expedición de los pasaportes?

JCL: Más allá de la información segmentada que ha entregado el canciller a los medios de comunicación, formalmente la Comisión Segunda de Cámara no ha tenido un canal de información directo con Cancillería. De allí que el instrumento del debate de control político sea el que utilizaremos para conocer en detalle y punto por punto cómo va operar la transición y las condiciones específicas del acuerdo de cooperación e intercambio técnico con Portugal.

ENS: ¿Qué tanto influyó en todo el lío de los pasaportes el sesgo ideológico que el Gobierno le quiso imprimir a un tema tan delicado?

JCL: Creo que el Gobierno nacional muchas veces deja de solucionar problemas por sesgos ideológicos en donde piensa más cuánto está ganando el contratista y no en si el servicio se está prestando adecuadamente. Y tal parece que no ha entendido que el servicio público más costoso es aquel que no se presta.

ENS: ¿Qué les han dicho a las comisiones segundas de Senado y Cámara sobre la adquisición de los aviones de combate?

JCL: El tema fue socializado el año anterior durante las sesiones para conocer los alcances de la propuesta de presupuesto de funcionamiento e inversión del Ministerio de Defensa, pero sobre el particular no se han dado mayores avances, salvo lo que se conoció de la oferta del gobierno de Suecia al gobierno colombiano.

Recordemos que este es un proceso que quedó en veremos en enero de 2023, luego de que se venció el documento Conpes firmado por el gobierno de Iván Duque que permitía la adquisición de nuevas aeronaves con el objetivo de “modernizar” la flotilla al servicio de la Fuerza Aérea. El Gobierno expresó que la compra de los aviones para reemplazar de forma gradual entre 12 y 36 aeronaves, entre ellas al menos 16 tipo Kfir, no era una prioridad. Conocemos que sobre la mesa están las ofertas de Francia, Estados Unidos y Suecia.

ENS: Existen múltiples preocupaciones en distintos sectores de los alcaldes, gobernadores y de la Fuerza Pública por el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2025, ¿cuáles son sus alertas tempranas?

JCL: En este escenario las preocupaciones son varias. Precisamente nos aprestamos a conocer en la Comisión Segunda la realidad presupuestal que enfrentará el Ministerio de Defensa de cara al presupuesto del 2025, el cual es evidente que está desfinanciado. Primero los mandatarios locales han advertido que una disminución en los recursos asignados al Ministerio de Defensa afectaría directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, las bandas criminales y la delincuencia común. 

La falta de fondos suficientes podría limitar los patrullajes y las operaciones de control en zonas críticas, permitiendo que grupos criminales refuercen su influencia territorial. En el caso de departamentos en donde aún persisten grupos armados ilegales y hay una presencia significativa de economías ilegales (como el narcotráfico y la minería ilegal), los gobernadores han mostrado preocupación por el posible retiro de tropas en zonas claves. Se teme que, con un recorte presupuestal, esas fuerzas se vean obligadas a reducir su presencia en territorios rurales, dejando a las comunidades vulnerables a la expansión de grupos armados.

Los mandatarios regionales también han alertado sobre el impacto que un presupuesto limitado podría tener en la implementación de los acuerdos de paz y el combate a las disidencias. Y un aspecto supremamente importante y que he defendido: la moral y el bienestar de los integrantes de la Fuerza Pública y el Ejército. Un recorte en el presupuesto sobre el bienestar del personal de la Fuerza Pública puede llevar a que la moral y las condiciones laborales de policías y militares se afecten, lo que podría resultar en una menor eficacia en su labor diaria. Esto se traduce en una posible desmotivación que afectaría las capacidades de respuesta ante contingencias y el control del orden público.

ENS: ¿Debe acabarse la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, si ya prácticamente cada vez que la convocan no va ningún expresidente, ni ningún excanciller?

JCL: Más que acabarse, lo que se debe hacer es fijar unos lineamientos mínimos de los casos en los cuales el Gobierno deba convocarla. No dejarlo al libre albedrío, sino que en situaciones claramente determinadas y en situaciones taxativas, fijar con prontitud los tiempos de convocatoria.