El Representante a la Cámara por Santander del Centro Democrático, Oscar Villamizar, radicó un Proyecto de Ley que pretende derogar la ley 2272 de 2022, más conocida como la ley de “Paz Total”, que entregó facultades al Gobierno Nacional para adelantar acuerdos o negociaciones con grupos al margen de la ley.
Villamizar asegura que la ley de Paz Total ha sido en buena medida la causante de la crisis de seguridad, humanitaria y social que está atravesando el país ya que entregó facultades ilimitadas al gobierno nacional y le permitió a los grupos de criminales delinquir con órdenes de captura suspendidas o ceses al fuego que ataron de manos a la fuerza pública "por lo que el primer paso para recuperar la seguridad y el orden es acabar con la ley".
“El ELN aumentó su presencia en el 56% en el territorio nacional y el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales han asediado más del 75%. Nos cansamos de que los bandidos tengan mayores benecios y que este gobierno sea un aliado de ellos (...) En nombre de la justicia, no puede haber sometimiento y, en nombre de la paz no puede haber impunidad; sobre todo cuando sin seguridad el diálogo es inutil y la paz esquiva.”
Esta iniciativa legislativa además insiste en que no es conveniente ni jurídica, ni militarmente, ni administrativamente, permitir que los delincuentes comunes y los terroristas tengan otra salida que no sea el sometimiento a la justicia y la aplicación de la ley penal.
Política de Paz Total:
La política de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro es una apuesta para alcanzar la armonía en el país a través de la negociación con los diferentes grupos armados que han participado en el conflicto durante décadas, así como el sometimiento a la justicia de bandas criminales. Esta iniciativa busca terminar con las hostilidades con guerrillas y abordar otros grupos armados ilegales a través de procesos de sometimiento, incluyendo a las comunidades afectadas en las negociaciones y promoviendo un modelo de convivencia pacífica.
La propuesta de Petro convierte la búsqueda de la paz en una política de Estado, con el objetivo de poner fin a un conflicto armado que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados.
La ley de Paz Total le permite al presidente iniciar un proceso de paz con todos los actores armados, ofreciendo beneficios como la reducción de penas y la no extradición a cambio de dejar las armas, proporcionar información sobre las rutas del narcotráfico y entregar parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.
La "Paz Total" también contempla la creación de un fondo para la paz para garantizar la inversión social en las zonas apartadas y afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. En septiembre del año pasado, la comisión de Paz de Colombia anunció que diez grupos ilegales se sumaron al cese del fuego con el fin de alcanzar la anhelada conciliación.