En un país en donde, como lo advirtiera esta semana la Defensoría del Pueblo, los subversivos y grupos armados ilegales están presentes en el 73% de los municipios, la obligación nacional, sin duda alguna, es la recuperación del orden público, la preeminencia de la institucionalidad y la vigencia del principio de autoridad. Solo así se podrá cumplir el mandato constitucional fundamental de proteger los derechos, vida, integridad y bienes de la población hoy inerme ante la delincuencia, en franco avance, y con el territorio expósito y a su disposición.
En consecuencia, esa es la misión inobjetable del anunciado ministro de Defensa, brigadier de la FAC, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, quien según noticias de prensa pediría su retiro de la línea de mando y, por esa vía, se evitaría el riesgo de una salida forzosa de al menos una veintena de máximos oficiales en razón de la antigüedad, circunstancia que, de prevalecer, presentaría un altísimo riesgo.
En tanto, lo fundamental es vislumbrar cuáles serán los correctivos inmediatos a una estrategia de seguridad de la Fuerza Pública que, a la luz del auge de la violencia en muchos departamentos, ha sido notoriamente deficiente, a tal punto que hoy la guerrilla del Eln, grupos residuales de las Farc y bandas de alto espectro delincuencial y otros clanes combaten entre sí, ante los ojos estupefactos de las fuerzas oficiales y legítimas, por los corredores estratégicos de las drogas ilícitas, la minería criminal, el contrabando generalizado, la trata y la esclavitud de personas y demás delitos derivados del policrimen. Todo ello, ciertamente, como si el Estado fuera una entidad en fuga de esas zonas.
Hay muchos flancos por cubrir para retomar el orden público y la seguridad. No solo hay que ajustar el plan de intervención militar para recuperar el control zonal en el Catatumbo, en donde hasta ahora no hay un solo criminal a buen recaudo pese a casi un mes de conmoción interior, sino redoblar los operativos en Chocó para hacer frente al nuevo ‘paro armado’ impuesto por el Eln en sus refriegas con el ‘Clan del Golfo’. A ello se suma, como lo alertara la Defensoría, la urgencia de controlar las embestidas de la violencia en Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. No solo es un tema humanitario. Es ante todo un ejercicio de soberanía nacional. Y que son las secuelas obvias del desamparo estatal en que se hallan miles y miles de colombianos.
Se trata, pues, de recuperar la iniciativa de la Fuerza Pública. En lo absoluto, en ese sentido, es dable pensar en conmociones interiores posteriores a la del Catatumbo (todavía pendiente de exequibilidad), ni mucho menos volver al Estado de Sitio permanente (además para legislar por la puerta de atrás quien sabe, en ese caso, con qué intenciones), sino de actuar, aquí y ahora, dentro de las facultades precisas y extensas que tienen las fuerzas del orden para cumplir con su ineludible cometido constitucional. Que ante todo necesita de compromiso, temple y vigor. Es decir, dejar de lado la manga ancha y asumir las funciones ordinarias a plenitud. Ni más faltaría que por una aparente impotencia militar, para muchos inducida, se volviera al estrepitoso expediente de una democracia sometida a las leyes marciales como comodín para supuestamente superar las ineficiencias y que precisamente sería la peor erosión y herida a la Constitución de 1991.
El pico de asesinatos, así como la seguidilla de masacres, desplazamiento de población y reclutamiento de menores de edad, entre otras circunstancias, es una clara consecuencia del fortalecimiento y desdoble de las facciones armadas irregulares sin contención. Un fenómeno debido no solo a un control más directo de las economías ilícitas, sino favorecido por las falencias de la accidentada política de seguridad, los gaseosos y temerarios ceses al fuego, la porosidad fronteriza y otras gabelas a estas alturas completamente incomprensibles, cuando el Estado ha sido trampeado una y otra vez y el Ejecutivo pareciera rey de burlas.
Por igual, es claro que se necesita un nuevo enfoque para reforzar el combate a la extorsión, que es el delito de alto impacto que más está golpeando a la ciudadanía en grandes ciudades y municipios. No menos preocupante es la ola de homicidios -no pocos en la modalidad de sicariato- que se registra a diario en varias urbes del país.
También hay otros asuntos urgentes a resolver, que van desde los problemas con la adquisición de aviones y helicópteros militares y policiales, hasta los ecos que está teniendo el escándalo del zar de contrabando y su infiltración en las autoridades aduaneras.
Además, el país entra en un año electoral. Garantizar, sin ningún distingo, el sano y libre ejercicio de la democracia es también parte sustancial de la misión del nuevo ministro. Cualquier dubitación al respecto pondría a la democracia colombiana en jaque. Todo esto y mucho más es lo que se espera del nuevo Mindefensa, al igual que de una cúpula militar comprometida y a tono con su hondo sentido constitucional y democrático.