POR SER responsables de 442 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007, cuatro generales retirados del Ejército, así como 35 oficiales y suboficiales, antiguos miembros de la Cuarta Brigada, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra los militares cuando fueron miembros de la Cuarta Brigada.
La JEP acusó de responsabilidad penal a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria.
Junto a los generales fueron imputados otros 35 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes.
Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez, Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas, Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot, Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral y Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrio.
Bajas en combate
Según la determinación del tribunal de justicia, “el objetivo de la política de facto de “conteo de cuerpos” era sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate”, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar”.
Indica la medida que “este objetivo se conseguía a través de presiones y amenazas a las tropas, así como de premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar de que se tratara ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la Brigada IV y los grupos paramilitares ya se hubieran desmovilizado”.
Por medio de la contratación de todo el acervo probatorio del caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas, todo esto con el propósito de presentar sus cuerpos como falsas bajas en combate y poder responder así satisfactoriamente a la presión ejercida por los altos mandos de la Brigada IV y de las distintas unidades militares, preservar su carrera militar y obtener prestigio y beneficios.
Evidencia judicial
En el comunicado de la JEP, se puntualiza que “la evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. Estos grupos adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado colombiano”. Asimismo, la JEP documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o quedar fuera de combate por ser capturados o heridos, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, infringiendo el derecho internacional humanitario (DIH).
En agosto de 2023, a través del Auto 062, la JEP ya había determinado que el comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional para los años 2002 y 2003, el general Mario Montoya Uribe, puso en marcha en la jurisdicción bajo su mando la misma política de facto de conteo de cuerpos y por ello le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al general Montoya y a otros 8 oficiales y suboficiales.
El general optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros 7 oficiales y suboficiales imputados, incluido un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Las víctimas
Las personas asesinadas fueron en su mayoría hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas), 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño) y, del total, 26 eran niños y niñas. La mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y su área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Una vez notificados, los 41 imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Después de un juicio con todas las garantías, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.