La Procuraduría General solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina un informe sobre las circunstancias en las que fue eliminado un cocodrilo por parte de autoridades policivas del archipiélago.

En el marco de su función de inspección, control y vigilancia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios ordenó además realizar una visita a la Corporación Coralina, para obtener la mayor información posible con el ánimo de determinar posteriormente si hay mérito disciplinario en las conductas desplegadas por quienes dieron lugar a la muerte del animal, en las condiciones que conoció la opinión pública a través de los medios de comunicación.