Tres uniformados de la Policía Metropolitana y dos civiles recibieron la ratificación de la medida de aseguramiento en su contra por la presunta participación en la manipulación de pruebas de la escena del crimen que le costó la vida al grafitero Diego Felipe Becerra el 21 de agosto de 2011.
Uno de los civiles, un conductor de servicio público, habría incurrido en contradicciones en sus testimonios sobre el caso, según las pruebas del ente acusador, porque dijo que había sido víctima de un atraco por parte de Diego Felipe Becerra y sus dos compañeros, lo cual se presume falso.
El juez consideró que la fiscalía pudo establecer claramente que los implicados tuvieron que ver en la “plantación de un arma de fuego en la escena del crimen”, según el concepto. Los sindicados tienen imputados los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, alteración de elemento material probatorio, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y favorecimiento al homicidio.
Los procesados son subteniente de la Policía Rosemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrero, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo, así como el abogado Héctor Hernán Ruiz Echevarría y el conductor de buseta Jorge Eliécer Narváez.