- Refilar proyectos sobre Uber y demás plataformas
- No llevar al Parlamento una discusión desgastada
Todo el debate que se ha generado a partir del anuncio días atrás de la multinacional Uber en torno a no seguir operando en Colombia como consecuencia de las sanciones y otras medidas en su contra adoptadas por las autoridades de nuestro país, ha confluido en el mismo, y muchas veces diagnosticado, cuello de botella: mientras el Congreso no entre a regular de forma puntual y definitiva el funcionamiento de este tipo de plataformas tecnológicas que intermedian en la prestación del servicio de transporte de pasajeros, la discusión seguirá siendo estéril.
Las reuniones entre delegados de Uber y el Ministerio de Transporte solo evidenciaron: la eterna contradicción entre las partes, las acciones de tutela interpuestas por los conductores afectados pidiendo suspender las sanciones ya que les están quitando su único medio de sustento familiar; otras maniobras jurídicas de los taxistas exigiendo que todas las plataformas sean restringidas ipso facto; las denuncias en distintas regiones sobre un posible aumento de la ‘piratería’ en el transporte rural y urbano una vez estas aplicaciones salgan de funcionamiento; la polémica empresarial en torno a la viabilidad o no de los llamados servicios de “taxis de lujo”; la controversia legal y procedimental sobre si los operadores de telefonía celular pueden o no bloquear a las plataformas; la discusión en torno a si ello podría implicar una violación del principio de neutralidad en la red de internet que Colombia debe respetar; las distintas ópticas respecto a si la Nación corre el riesgo o no de perder una eventual demanda de Uber por una presunta violación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; el choque de opiniones en torno a si nuestro aparato institucional está asimilando en debida forma la continua e inevitable evolución que en materia de bienes, productos y servicios se deriva de la progresiva digitalización de la sociedad… Todos esos temas, como se dijo, se han vuelto a poner sobre la mesa en las últimas tres semanas, con los mismos argumentos a favor y en contra, pero sin ningún paso adelante que permita vislumbrar la luz al final del túnel.
Sin embargo, de ese nudo circunstancial podría salir una medida positiva: distintos partidos políticos y parlamentarios anunciaron que están redactando sendos proyectos de ley para regular, de una vez por todas, estas plataformas tecnológicas, tal y como ocurre en muchos países. Aunque hay alguna que sí propone una prohibición total, lo cierto es que la mayoría de esos proyectos anunciados parten de la base de avanzar hacia la legalización de estas aplicaciones pero bajo un marco normativo claro, que no genere ventajas competitivas anómalas frente a las empresas de transporte formalmente establecidas y, de paso, que garanticen la seguridad y cobertura de seguros para los pasajeros y los conductores que las utilicen. Ese el procedimiento normal en un Estado de Derecho como lo es Colombia y nadie puede estar por fuera del mismo.
Sin embargo, dado que estamos ya a un poco menos de dos meses para que arranquen las sesiones ordinarias en el Congreso, sería aconsejable que el Ejecutivo lidere desde ya una discusión objetiva y serena sobre el sentido de las iniciativas de ley que serán radicadas en Senado y Cámara. Siendo un asunto de alto interés público, lo peor que podría pasar es que el Legislativo se convierta ahora en una especie de ‘torre de babel’ respecto a un tema tan delicado.
En ese orden de ideas, el Ministerio y las superintendencias que han terciado en este complejo asunto deberían proyectar ya, a manera de insumo básico para la confección de los distintos proyectos de ley, un marco normativo mínimo que señale las líneas rojas legales y constitucionales inviolables a la hora de tratar de habilitar estas plataformas para intermediar en la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Ello serviría para que los parlamentarios y los partidos sepan qué es viable proponer y qué no. Sería un error volver a trasladar al Senado y la Cámara la misma discusión, desgastante y cíclica, de las últimas semanas, y menos aun cuando se sabe que este tramo de legislatura apenas si durará escasos tres meses y tendrá otras prioridades legislativas en trámite.
Como se dijo, lo importante es que el Congreso tome cartas sobre el asunto y resuelva de una vez por todas esta problemática. El Gobierno y todos los sectores interesados deben contribuir desde ya a la redacción de los respectivos proyectos de ley, de modo que cuando se radiquen estén lo suficientemente sopesados en sus alcances e implicaciones, sobre todo en cuanto a cumplir ese marco normativo mínimo e impasable.