AUNQUE el saqueo a la estatal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no es nueva, ya que en las dos últimas décadas se abierto más de un centenar de investigaciones, el más reciente sería no sólo el más escandaloso -por su monto- sino porque forzó al régimen madurista a plantarle cara, generando de paso fisuras internas.
Con la diatriba de “mi gobierno ha asumido una posición vertical, frontal y absoluta en la lucha contra la corrupción" y omitiendo referencia alguna al defenestrado ministro de Petróleo, el poderoso dirigente Tareck El Aissami, a quien alcanzaría la investigación por el desvío de al menos USD 3.000 millones provenientes de la venta de crudo, el presidente Nicolás Maduro anunció una reestructuración en la estatal petrolera.
Desde su fundación y por 27 años, Pdvsa fue modelo de empresa pública. Funcionaba con la eficiencia de una privada y gracias a la meritocracia contó con un equipo altamente calificado que, aunado a las buenas prácticas, así como al ‘boom’ en el precio la convirtieron en una gran trasnacional del petróleo.
Amén de sus vastas riquezas y para tener una dimensión de la situación, en 1998 la producción era de 3,2 millones de barriles diarios (cotizado a USD 18 barril). Hoy la misma es menos de la cuarta parte, es decir, 732 mil barriles diarios, a corte del pasado febrero y eso que tuvo un ligero repunte respecto a los guarismos de cierre de año.
Si bien la llegada del chavismo al poder en 1999 no modificó el esquema de la petrolera estatal, cuatro años después, hizo un ‘revolucionario’ y profundo cambio en la empresa. En el marco de su política progresista se fue lanza en ristre contra los sueldos de directivos y aprovechando un paro del sector, despidió a más de 18 mil trabajadores -entre ellos la plana mayor, a quienes calificó de privilegiados- para designar a ‘personal de confianza’.
Desde ese momento, la ‘gallinita de los huevos de oro’ del gobierno venezolano se convirtió en botín político y caja menor, primero del fallecido Hugo Chávez y luego de su sucesor, Nicolás Maduro. Ambos optaron, en aras ‘de la transparencia’, designar en más de una ocasión a militares al mando de Pdvsa, así como a pesos pesados y ‘respetables’ personajes del chavismo.
Así desde el hoy prófugo Rafael Ramírez, uno de los hombres de confianza de Chávez que por una década manejó Pdvsa, al recientemente renunciado Tareck El Aissami, otro poderoso de la militancia política roja, la empresa se convirtió en fortín burocrático y pozo profundo de corrupción.
El fiscal Tarek William Saab, otro incondicional del chavismo, dijo recientemente que desde 2017 han investigado 27 "tramas de corrupción" en Pdvsa con un saldo de más de 200 detenidos, entre estos altos gerentes de la industria. Varias de ellas apuntan a Ramírez, acusado de malversar fondos tanto durante su gestión simultánea como ministro de Petróleo y presidente de la petrolera (2002-2014).
El gobierno Maduro aduce que han fracasado en el intento de que Italia extradite al exfuncionario, pero el rumor es que no han hecho ese trámite porque les conviene tener lejos y en silencio a Ramírez.
El actual escándalo
La forzada renuncia este lunes de Tareck El Aissami a la cartera de petróleo, pondría fin a la meteórica y exitosa carrera de este político, que en 2008 fue designado por el entonces presidente Chávez como canciller. Tras ello ocupó varios e importantes cargos, entre ellos la vicepresidencia el país, el viceministerio de Seguridad, los ministerios del Interior, de Industrias y el que tenía hasta el comienzo de esta semana.
A este hombre de 48 años, investigado y sancionado por Estados Unidos, se le ‘abona’ el reforzamiento de vínculos con Irán, Siria y Turquía, así como el aumento de ventas petroleras, también con enormes descuentos, a China, Rusia e India. Y es precisamente allí donde se habría gestado una nueva red de corrupción, facilitada porque dichas negociaciones tuvieron más intermediarios para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y, además, los pagos debieron hacerse en Petro la estatal criptomoneda creada en 2018.
Tal circunstancia y el esquema de pagos de difícil seguimiento en Pdvsa llevó a que se descontaran y desviaran USD3.000 millones de pagos por crudo en criptoactivos, el año pasado, lo que según analistas representa el 12% de los ingresos de la Nación.
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La investigación ‘profunda’ que hace algunas semanas inició por esta trama corrupta la Policía Nacional contra la Corrupción (Pncc), un cuerpo que actúa bajo la mayor reserva, amenazaría con llegar hasta El Aissami, lo que lo llevó a renunciar, con el argumento de “apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, al tiempo que se puso a disposición del Partido Socialista Unido de Venezuela para “apoyar esta cruzada (...) contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas".
Esta operación anticorrupción, que de paso develó una red de prostitución, deja por el momento 19 detenidos, entre altos cargos gubernamentales, dos jueces y un alcalde.
Tres de los arrestados, según informan los medios de comunicación, son muy cercanos al El Aissami, a saber: el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela, coronel Antonio Pérez Suárez; Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), que maneja los fondos de la industria petrolera a través de criptomonedas y el diputado Hugbel Roa, ‘padre’ del Petro, la cripto respaldada en las vastas reservas de crudo y a quién se le asocia con Petrocedeño, filial de Pdvsa con participación accionarial de Francia y Noruega.
Roa, quien también se desempeñó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, tenía entre sus "testaferros" al empresario Alejandro Arroyo, "dueño de una mansión en el Country Club (una exclusiva urbanización de Caracas), una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol", dijo a la AFP una fuente ligada a las investigaciones.
La misma confirmó que también “manejaban una red de prostitución al servicio de este grupo (el investigado actualmente por corrupción) donde captaban a jovencitas para ofrecerlas como damas de compañía".
Entre los privados de la libertad también están el coronel del Ejército, Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina; el teniente coronel José Agustín Ramos, director de Seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco; Cristóbal Cornieles, presidente del circuito penal de Caracas, José Macsimino, juez de Delitos Asociados al Terrorismo -quien se hizo popular por sus sentencias contra políticos opositores como Freddy Guevara- y el alcalde del municipio Michelena, en el estado Aragua, Pedro Hernández.
Así mismo fueron puestos tras las rejas el presidente de Pdvsa-Gas Comunal, Jacob Grey, junto a tres gerentes de plantas de llenado, por cobros ilegales y extorsiones.
El presidente Maduro, en el ojo del huracán por los señalamientos de la oposición que le endilgan responsabilidad directa por la rampante corrupción en Pdvsa, designó a otro coronel del Ejército al mando del Ministerio de Petróleo: Pedro Tellechea, actual presidente de la estatal petrolera.
Ingeniero mecánico con estudios en finanzas públicas, sustituyó el pasado enero en esa empresa a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez. Antes dirigió la filial petroquímica de la estatal, Pequiven, y la estatal Industria Venezolana del Aluminio (Venalum).
Maduro, que ya antes ha anunciado cruzadas contra la corrupción, cuestionó el que varios de sus excolaboradores, hoy detenidos, llevaban una vida de "nuevos ricos" llena de "extravagancias" y reafirmó su “absoluta voluntad y decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa…Vamos a limpiar plenamente Pdvsa de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que le roba el dinero al pueblo, con medidas draconianas de reestructuración al más alto nivel, como ya lo hemos iniciado”.
Las primeras indagaciones apuntan, según medios de comunicación venezolanos, a que el dinero fue desviado por el exsuperintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez, por órdenes del hoy exdiputado Roa y en connivencia con una larga cadena de funcionarios corruptos, que son más de los 19 detenidos.
La industria petrolera de Venezuela ha sido blanco de más de 25 investigaciones de corrupción desde 2017, que terminaron con las detenciones de decenas de empleados de Pdvsa y dos ministros de Petróleo, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quien falleció bajo custodia del Estado.
El actual escándalo de corrupción y la insostenibilidad de El Aissami en el círculo de poder venezolano recibió también una lectura política, con disidentes y opositores señalando fracturas dentro del chavismo a un año de las elecciones presidenciales en las que Maduro aspira a un tercer mandato de seis años.
El también poderoso dirigente Diosdado Cabello, vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela negó esa teoría y sin mencionar al renunciado ministro, sostuvo que "estas cosas lo que hacen es unirnos más en Chávez…En la revolución no tienen espacio los corruptos".
Desde la oposición, la salida del zar petrolero es vista como "una confesión de cómo han destruido el país", expresó Juan Guaidó, quien recordó que “Nelson Martínez murió en la cárcel y Eulogio del Pino continúa preso, como todos los designados por Maduro, que es el principal responsable de esta red de corrupción".
El partido de Guaidó en un comunicado, señaló que este y otros casos de corrupción "confirman que la crisis humanitaria no es culpa del supuesto bloqueo" y las sanciones impuestas contra el país.
Por su parte el también precandidato opositor para la presidencial del 2024, Henrique Capriles, reaccionó al escándalo señalando: "lo que estamos viendo en las últimas horas, lejos de ser un acto de justicia, es un ajuste de cuentas entre la cúpula que detenta el poder. Se están peleando el botín y no les importa el sufrimiento del pueblo".
El mundo está pendiente de la “profunda investigación” que realiza el cuerpo policial especializado para este caso de corrupción en Pdvsa, que como reseñamos no es el primero y, de seguro, no será el último.