MIENTRAS el líder opositor regional boliviano Luis Fernando Camacho mantenía su desafío al presidente Evo Morales de entregarle personalmente una carta de renuncia para que la firmara, el Jefe de Estado continuaba con su agenda de gobierno solicitando a las Fuerzas Armadas apoyar sus políticas económicas y sociales.

En la tercera semana de protestas contra la cuestionada reelección de Morales en los comicios del 20 de octubre, en La Paz continuaban los bloqueos en diferentes calles de la zona sur, donde vive la clase media alta y alta, así como en la Avenida Camacho, a pocas cuadras de la casa de gobierno y la toma por manifestantes opositores en oficinas públicas del sur de la ciudad.

En esta ciudad crecía la tensión por la llegada al aeropuerto de Camacho proveniente de Santa Cruz, la ciudad más rica de Bolivia y bastión opositor, quien pretendía nuevamente dirigirse a la casa de gobierno para entregar la carta de renuncia al presidente Evo.

Sin embargo, el arzobispo de Sucre (sur), Jesús Juárez, afirmó que "pedir la renuncia del presidente (...) es una medida radical y en tiempos de democracia no se pueden tomar (ese tipo de medidas) así a la ligera".

"Si uno quiere una solución (...) tiene que buscar los métodos, los medios y ofrecerlo al pueblo", agregó Juárez. La jerarquía católica y Morales han tenido varios roces en el pasado.

"La historia se repite", había replicado Morales el martes a Camacho, recordando que hace cuatro décadas el general golpista Luis García Meza le llevó una carta de renuncia a la presidenta Lidia Gueiler (1979-1980), instaurando una dictadura.

En tanto, en la central Cochabamba se registraron violentos choques entre leales y rivales a Morales, que se enfrentaron con palos y piedras dejando varios heridos.

En un acto de la marina de guerra boliviana, el presidente Morales declaró que los militares deben "prestar servicio al pueblo boliviano" y apoyar los "grandes cambios", en referencia a las políticas de su gobierno.

"Las Fuerzas Armadas siempre tiene que garantizar la soberanía del pueblo boliviano", declaró Morales en una aparente respuesta a Camacho, quien el sábado pidió a los militares -que se han mantenido al margen de la controversia electoral- que se pongan al lado de la oposición.

En Santa Cruz los opositores mantienen ocupadas sedes de entidades y empresas públicas, y también hay bloqueos de calles y paros parciales en otras ciudades de Bolivia.

Morales, primer gobernante indígena de Bolivia, ha llamado a sus seguidores a defender el resultado electoral, que está bajo auditoría de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El país andino está crecientemente polarizado, sin diálogo entre ambos bandos, tras la cuestionada reelección y tras 13 años de gobierno izquierdista.

Nueve periodistas denunciaron agresiones y las organizaciones de prensa han pedido a ambos bandos en pugna garantizar la labor de los reporteros.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos advirtió sobre un posible desabastecimiento de gasolina de persistir los bloqueos de calles.

En dos semanas de protestas y paros cívicos "el país ha perdido 167 millones de dólares, aproximadamente 12 millones diarios", señaló el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Cataroca.

Morales, en el poder desde 2006, fue elegido para un cuarto mandato (hasta 2025), pero la oposición exige su dimisión, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato.

La oposición boliviana rechaza la auditoría electoral de la OEA, denunciando "una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder", pero ésta fue defendida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro