Tras ocho meses en funciones, el líder socialista juntó las mayorías suficientes con el apoyo de Unidas Podemos y la abstención de los independentistas. Es la primera administración de coalición desde 1933. Pero el radicalismo del partido de Iglesias y las peticiones de los separatistas resultan, a mediano plazo, dos escollos que pueden terminar en un rompimiento prematuro

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POR PRIMERA vez en 41 años de democracia, España logró un gobierno de coalición. Pedro Sánchez, quien en varias oportunidades salió cabizbajo por no lograr mayorías para formar gobierno, selló esta semana, luego de negociaciones a puerta cerrada durante las vacaciones de invierno, un acuerdo con la izquierda radical y los partidos nacionalista, rompiendo ocho meses de una administración en funciones incapaz de aprobar los presupuestos y enfrentar la situación política en Cataluña.

La alianza entre el oficialista Partidos Socialistas Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, el partido inicialmente antisistema que mutó a una colectividad atomizada y de extrema izquierda, representa una apuesta reformista, pero al mismo tiempo pone en juego -dice la oposición- la unidad territorial y política de España al pactar con organizaciones -Esquerra Republicana, Bildu y otras- que promueven el independentismo.

El dilema de pactar con los independentistas para que se abstuvieran durante la sesión de investidura el pasado lunes 6 y así conseguir una mayoría simple de 167 escaños, fue el centro de atención de la política española, que, lejos de superar sus problemas como una nación de nacionalidades (así dice la Constitución), ha profundizado las diferencias frente a cómo debe ser su ordenamiento territorial. Asustado por una nueva derrota para formar gobierno, Sánchez optó por un acuerdo con partidos con agendas radicales, antes de promover un acercamiento con la derecha moderada. Un pacto que parece razonable, desde los cálculos políticos (izquierda-izquierda radical), pero que puede traer una transformación sustancial de un país que ha superado, mejor que otros en Europa, la crisis económica de 2008 y hoy es ejemplo de estabilidad en la región.

Las reformas que promete la coalición de gobierno aún no se conocen, pero desde un principio se sabe que apuntan a ponerle fin a la austeridad impuesta por el PP para afrontar la crisis de 2008 y políticas más progresistas. Una puerta de entrada a la Tercera República con la materialización de un gobierno socialista que no se veía en España desde 1933. Sin embargo, las reformas no serán fáciles de implementar. La investidura de Sánchez, la más débil desde la transición a la democracia (1978), con una mayoría simple de 167 (contra 165), enfrentará una oposición dividida que agrupa tres partidos de derecha y algunos partidos nacionalistas, que, aunque se abstuvieron el lunes durante la votación, ya han amenazada con votar en contra de la agenda reformista.

Coalición

Hace unos meses, Sánchez, preguntado por un periodista sobre lo que sería gobernar en coalición con Unidas Podemos, respondió: no dormiría en la noche. En busca de conservar su sueño, por casi siete meses, negó cualquier alianza gobiernista con la agrupación liderada por Pablo Iglesias, hasta que no vio otra salida que pactar con la izquierda radical. Para dormir tranquilo, este miércoles las directivas del PSOE y Podemos firmaron un documento de “lealtad mutua” de 20 medidas que buscan el respeto de las competencias de cada partido y sus ministros, y la no intervención, en la medida de lo posible, en las decisiones que se tomen.

Pese al documento firmado, la gran incógnita sigue siendo la capacidad que tendrá Sánchez para gobernar con la sombra de Iglesias, hoy su vicepresidente, cuyo perfil contestatario y antisistema parece estar más indicado para hacer oposición que ser parte de un gobierno de coalición. Iglesias es solo uno de los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribero son las otras tres), en una maniobra de Sánchez que, además de aumentar la burocracia (antes solo había 2), busca aparentemente frenar el protagonismo del ultra, todo indica que los choques entre los líderes de la coalición serán permanentes. Más si se tiene en cuenta que los ministerios de Igualdad, Trabajo, Consumo y Universidades serán manejados por Podemos.

A diferencia de Podemos, el PSOE ha sido y es un partido institucional con un agenda económica y política que, en la base, no se diferencia mucho de la derecha moderada, con algunas diferencias frente al gasto público y los niveles de tributación. En cambio, Podemos es esencialmente un partido antisistema. No cree, hasta sus últimos días de oposición, en las instituciones españolas, ni en el modelo económico. Parece difícil conjugar estas dos interpretaciones, más si se tiene en cuenta el “cesarismo” de Iglesias, un dirigente conocido por su terquedad a la hora de gobernar su partido en beneficio de sus intereses, a tal punto que hace un año rompió con varios de sus fundadores.

Las posiciones de Podemos, sin embargo, no son nuevas. Creado como una manifestación ciudadana contra las medidas de austeridad propuestas por el Ejecutivo tras la crisis de 2008, el partido siempre ha sido claro en defender un modelo de rompimiento. La pregunta, entonces, sigue siendo ¿Por qué Sánchez, pese a los antecedentes, se inclinó por pactar con este? Es necesario, de entrada, descartar la obvia respuesta de que fue para lograr mayorías en el Parlamento. El partido de Iglesias -sí, el partido de él y su novia, Irene Montero- parecer ser la clave para lograr acercamientos con el ala más radical del independentismo catalán, la de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo líder, Oriol Junqueras, ha sido sentenciado a 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondo y viene, poco a poco, forjando la imagen de ser el verdadero líder del independentismo, quitándole protagonismo a Carles Puigdemont.

No es para menos. La crisis en Cataluña es el asunto político más importante en España desde 2016. Tres años después, las decisiones judiciales y las expresiones ciudadanas han ido avanzado, en medio de la carencia de soluciones políticas de fondo. Sánchez ha anunciado, y ahí entra Podemos, una mesa de negociación con Esquerra Republicana, para encontrar una salida a la crisis, pero el partido nacionalista de entrada ya ha pedido otro referendo de autodeterminación y la liberación de todos los presos políticos, acusados por el Tribunal de Justicia de terrorismo.

La apuesta de Esquerra no parece viable, al menos por el momento. La sentencia contra los líderes independentistas ha sido ratificada por el Tribunal, que, a pesar de una decisión del Tribunal Europeo de concederle a Junqueras el derecho a posesionarse como eurodiputado, reafirmó su decisión contra el líder separatista. El asunto, en todo caso, va más allá. Se trata de interpretar lo que significa España y cómo se garantiza su unidad, que “el independentismo disolvente de la idea de nación ha cohesionado la democracia española”, según el Mundo, en su editorial.

Oposición: calle o moderación

Atomizada en tres partidos, la derecha le ha apostado inicialmente a un lenguaje duro contra Sánchez. El Partido Popular, liderado por Pablo Casado, ha dicho que se trata de un Gobierno “ultra” que busca “cambiar el régimen del 78”, centrándose en el pacto con los independentistas de ESR y Bildu, y la influencia de Podemos, especialmente, en la agenda económica. “Atenta con el libre mercado, la propiedad privada y la libertad”, ha dicho Casado. VOX -ultraderecha- ha dicho lo mismo, pero con un tono más fuerte. Incluso, el lunes pasado se retiró del Parlamento cuando hablaba el portavoz de Bildu, un partido liderado por exjefes de ETA. Con solo 10 diputados, Ciudadanos no ha tomado ninguna iniciativa; fue vapuleado en las últimas legislativas.

El conservador PP con 89 escaños es, naturalmente, el principal vocero de la oposición. Frente a Sánchez, que antes de esta semana cumplía ocho meses en funciones, tiene que determinar si el partido se reacomoda tras los escándalos de corrupción que llevaron a la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018 o profundiza su crisis. Para ello debe hacer un cálculo que no es fácil. El discurso nacionalista y directo contra la “dictadura progre” de VOX ha sido la razón por la que un sector importante de votantes de derecha se ha inclinado por este. Y si el PP copia este lenguaje directo, frenético, puede terminar cayendo en la trampa de los radicales de derecha, perdiendo su sello de partido institucional y promotor de la democracia y cediendo la vocería de la derecha.

La alternativa, dicen los analistas, es el que el PP emplee una oposición moderada que se enfoque en los desafíos que significa para la economía el gobierno de Sánchez. Es claro que Rajoy logró una estabilidad económica con crecimientos por encima del 2,2% durante varios años, unas cifras que son superiores a varias economías europeas. Insistir en que, especialmente Podemos, puede poner en peligro estos logros, parece un camino sensato. Más si se mira que con este discurso logró los 89 escaños en las últimas elecciones, tras el fracaso histórico de los 66 escaños de las primeras votaciones.  

¿La Tercera República?

Un término con una carga histórica en España, la Tercer República, ha empezado a oírse de nuevo. Fungido como jefe de Gobierno, Sánchez le apuesta por la unidad de toda la izquierda para reformar y construir una España que, dicen sus seguidores, necesita más inclusión política, social y económica. Dos temas definirán el éxito de su gobierno. La relación con Podemos, de un lado, será determinante para ver qué tan radical serán sus reformas. Ya hay voces que advierten de una casi segura crisis económica por lo que representa la coalición de gobierno. Cataluña, de otro lado, se constituirá en un punto de quiebre. Si no se llega a consenso pronto, Sánchez puede ser víctima rápidamente de una moción de censura.

Mientras Sánchez, Iglesias y los nacionalistas apuestan por una agenda reformista, la derecha dividida en tres partidos advierte del peligro que representa la coalición de gobierno para la unidad de España. Lo hace, por ahora, desde discursos radicales que potencian más la polarización y, en esa medida, ayudan a los extremos de VOX y Podemos, antes que beneficiar a partidos institucionales como el PP, hoy en la orilla opositora.

Empezó la España socialista. Que, a diferencia de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero que hicieron pactos institucionales con la derecha, se acerca por primera vez a una idea republicana, de verdad, dicen algunos. No se sabe hasta qué punto esa idea se va a poder llevar a cabo. Ya que, como dijo la diputada Montserrat Bassa de ERC, para los independentistas catalanes importa “un comino” la gobernabilidad de España.