El gabinete del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó las acusaciones planteadas por la Fiscalía del país por el supuesto cobro de sobornos para la firma de un contrato con un consorcio empresarial estadounidense y defendió que es "el principal interesado en demostrar transparencia".
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, denunció una supuesta "red criminal" que "pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe" a través del consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA). Entre los sospechosos, declaró, figuran "varios supuestos funcionarios del autoproclamado e inexistente gobierno interino".
El equipo de Guaidó alegó enfáticamente que nunca formalizó ninguna relación contractual con CRA y que dicha empresa no les representa, hasta el punto de que no descarta emprender acciones legales "para garantizar la legítima representación de los intereses de la República".
Asimismo, indicó que los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, que habrían participado en los supuestos contactos para recuperar activos incautados al Gobierno de Nicolás Maduro, ya tienen investigaciones abiertas tanto en Estados Unidos como en Ecuador.
Por otra parte el Departamento del Tesoro estadounidense emitió sanciones contra cinco políticos opositores venezolanos a los que acusa de haber facilitado los esfuerzos de Nicolás Maduro para "manipular" las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.
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Los sancionados son "figuras clave" en el plan para "poner el control de partidos de oposición en manos de políticos afiliados al régimen de Maduro, socavando cualquier desafío creíble de la oposición a dicho régimen", según un comunicado emitido por la administración estadounidense, al que se sumó el Secretario Estado estadounidense Mike Pompeo pidiendo a la comunidad internacional "seguir ejerciendo presión sobre el régimen ilegítimo y corrupto" de Maduro.