La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha trasladado a una delegación del Gobierno de Venezuela que hay indicios "razonables" de la presunta comisión de crímenes internacionales en el país sudamericano, en relación a un denuncia presentada en 2018 por varios miembros del Grupo de Lima.
La oficina de Bensouda tiene abiertos dos exámenes, iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020, por ahora en una fase preliminar. Una vez concluidos, la Fiscalía deberá determinar si solicita la apertura formal de un proceso que podría suponer analizar más a fondo si se cometieron crímenes contra la Humanidad.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, han viajado hasta La Haya para verse personalmente con Bensouda, que se ha limitado a confirmar en un comunicado que han tratado "varios aspectos" relativos a las investigaciones preliminares y sobre el estatus de las mismas.
Las dos carpetas abiertas por la Fiscalía de la corte de La Haya se mantienen por ahora en la fase preliminar, pero la que está más avanzada es la primera de ellas, que examina los presuntos policiales y la detención indiscriminada de opositores en las protestas de 2017.
La Fiscalía considera que hay motivos "razonables" para creer que sí se cometieron entonces crímenes internacionales, lo que en principio amplía el alcance de la denuncia presentada en su día por un grupo de países, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.
El segundo de los exámenes, bautizado como Venezuela II, analiza una queja presentada por el Gobierno de Maduro para determinar si las sanciones de Estados Unidos equivalen a crímenes contra la Humanidad.
El exdiputado venezolano Julio Borges, representante para asuntos exteriores del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha rechazado en Twitter que Bensouda reciba "a quienes han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad en Venezuela", ya que considera que tanto Saab como Ruiz "han encubierto los delitos" de Maduro y "se han prestado para la persecución y el asesinato de miles de venezolanos".
Invitado a Bolivia es Guaidó, no Maduro
La invitación de la administración saliente de Bolivia al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, a la toma de posesión del presidente izquierdista electo Luis Arce, provocó un "pequeño impasse" entre La Paz y Caracas, señaló el equipo del gobierno entrante, favorable al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Hemos tenido un pequeño impasse con el gobierno de Venezuela, porque lamentablemente la canciller Karen Longaric emitió la invitación a Juan Guaidó, el presidente autoproclamado de Venezuela, y esto ha generado un impasse con un socio estratégico de Bolivia", afirmó Freddy Bobaryn, miembro del equipo de Arce que coordina con el gobierno saliente los actos de posesión de este domingo 8.
Longaric invitó el mes pasado a Guaidó, alegando que el gobierno de la presidenta derechista Jeanine Áñez lo reconoce como presidente encargado de Venezuela, al igual que medio centenar de países.
Por la misma razón, excluyó a Maduro, lo que provocó las protestas de la administración entrante de Arce, que reivindica los estrechos lazos políticos que se forjaron desde las gestiones del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el mandatario boliviano Evo Morales.
Longaric dijo esta semana que Arce optó por invitar a Maduro, pero Bobaryn, citado por la agencia católica de noticias Fides, explicó que "el mandatario venezolano aún no ha confirmado su participación en el evento, porque no se le invitó como corresponde".