Sí, la evidencia demuestra que la crisis de legitimidad se comporta de manera recurrente y en casos con tendencias agravantes en varias latitudes, en especial -aunque no exclusivamente- en países subdesarrollados o emergentes. Presenta en casos comportamientos circulares ascendentes o descendentes, como espirales. Sin embargo, es de advertir que influye el grado de modernidad en que se encuentre un país para manifestar de manera específica su propia crisis de legitimidad. 

En los Estados premodernos, la búsqueda del caudillo, del carisma del líder, se sobrepone a la vigencia y predominio de las instituciones y la legalidad.  La estabilidad puede ser efímera y descansa más en regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales. La función social está dada por la figura “fuerte” que, cuando las condiciones lo ameritan, tampoco tiene remilgos en utilizar la fuerza armada represiva.

En los Estados modernos un atributo esencial es el predominio de las instituciones. Se tiene por lo general, una cultura de legalidad. En el mejor de los casos estas agencias institucionales son incluyentes e incorporan el grueso del esfuerzo de grandes grupos sociales al desarrollo.  Hasta allí, en lo premoderno y moderno, los aportes básicos de Max Weber (1864-1920) véanse en particular las obras: “La Política como Vocación” y “Economía y Sociedad” -primeras ediciones de 1919 y 1922, respectivamente.

En los Estados posmodernos, la situación de la modernidad ha llegado a tal punto que existe el convencimiento social en cuanto a ceder soberanía a fin de resolver problemas fundamentales. Es el caso, por ejemplo, de Alemania cambiando el marco alemán por el euro en la conformación de este especial grupo de países europeos. Es la situación de varios países del Viejo Continente asumiendo las responsabilidades que impone el cambio climático, en función de acuerdos globales tratando de rescatar las condiciones de ecosistemas planetarios.  Véase la obra de Robert Cooper (1947 -) “Estado Post-Moderno y Orden Mundial” (2000).

La crisis de legitimidad se enraíza con base esencial en dos criterios: (i) la legalidad que se orienta a la legitimidad formal; y (ii) la naturaleza concreta de todo régimen en el sentido si es útil o no para promover efectivamente oportunidades, más capacidades para la población. Un rasgo fundamental en esto es si se orienta en pro el mayor bienestar para los diferentes grupos sociales.

Últimamente la prensa internacional, en el caso de América Latina y el Caribe, ha llamado la atención respecto a que un 25% de los mexicanos manifiesta que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ni los gobernadores o los alcaldes, ni ningún partido político representa sus intereses (dato de 2020, según investigación de Gerardo Villagrán). También está, entre otros, el caso de Perú (Ver recuadro)

Esto pondría de manifiesto, de manera más general, un problema clave para las democracias de Latinoamérica: los partidos políticos no constituyen instancias de intermediación social. Es decir, no representan los intereses de los ciudadanos. Estos últimos no perciben que las colectividades que luchan por alcanzar el poder hablen por ellos, por sus necesidades, sus aspiraciones, sus problemas más persistentes.

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Los partidos políticos, al no representar los intereses de grandes grupos sociales, en la medida que se alejan de ese atributo, con mayor énfasis van a terminar representándose a sí mismos. A eso debe agregarse la actitud del D.R.F.E. (dinero rápido, fácil y efectivo).  Se trata de la preeminencia de la adquisición de recursos “a como se vaya pudiendo”, rebasando límites que la propia legalidad impondría. Sin cumplir acuerdos fundamentales que deberían ser acatados. 

Tanto la carencia de intermediación social de los partidos, como las vías para el rápido enriquecimiento de funcionarios electos, de actores políticos, constituyen rasgos de la cultura del subdesarrollo. Son características del premodernismo que incluso se pueden encontrar en algunas sociedades que son mayoritariamente modernas, según la rápida clasificación a la que se ha hecho referencia más arriba en esta nota.

Otro rasgo de los problemas que conlleva la legitimidad política concreta -la de resultados para el bienestar- es la revocabilidad de mandatos. Los grupos tradicionales de mayor predominio tratan de seguir la lógica de los políticos: retener y/o ampliar sus cuotas de poder.

Quitar del poder a un gobernante electo, en los diferentes niveles de la representatividad democrática, un personaje que no genera resultados tales que llenen las expectativas esenciales de los electores, se puede volver una aspiración frustrante. Una auténtica misión imposible. Hasta cierto punto, los regímenes que son parlamentarios -con la figura del Primer Ministro o Jefe de Gobierno, separada del Jefe del Estado- pueden “amortiguar” esta condicionalidad de crisis de legitimidad referida a la revocabilidad de mandatos.

En todo este contexto, los factores asociados a la educación son totalmente claves. Tanto en cobertura como en calidad de procesos formativos. Los sistemas democráticos contienen a manera de supuestos de modelos operativos, el que la población cuente con elementos de criterio y criterios para poder tomar decisiones y participación en los asuntos de conducción de un país.  Ese es uno de los rasgos esenciales que nos dejó como legados el Siglo XVIII, el Siglo de las Luces, el movimiento de la Ilustración.

Actualmente, procesos más propios del mercantilismo, van imponiendo lógicas propias en las cuales los partidos políticos en muchos casos pueden derivar rápidamente en entes que carecen de propuestas para la conducción nacional. En lugar de ello, su naturaleza gravita en ser más bien agencias electorales aprovechando condiciones de coyuntura.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

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