ERA consciente a cuál más de los grandes y hasta peligrosos desafíos que enfrentaría desde el mismo momento en que asumiera el mando en Ecuador. Con voluntad, decisión y compromiso nacional recibió un país duramente golpeado, sanitaria y económicamente por la pandemia del covid-19, que hizo sombra a un tan grave como creciente problema: el narcotráfico.

El 24 de mayo de 2021, el exbanquero Guillermo Lasso, juró como presidente del país andino, regresando a la derecha al poder que por casi dos décadas le fue esquivo. Carecía de la mayoría parlamentaria, pero apostó por el diálogo político con la oposición izquierdista que liderada por el correísmo aupó a otros movimientos de esa tendencia ideológica y los independientes.

Demócrata como lo evidenció en todas sus actuaciones, inclusive en la reciente invocación a la ‘muerte cruzada’ para poner fin a la crisis política que gestó la oposición desde casi el comienzo de su mandato, Lasso priorizó en su agenda la lucha contra el narcotráfico, el flagelo creciente que se ‘tomó por asalto’ las cárceles y varias regiones claves del país.

Fue así como a finales de 2021, el presidente ecuatoriano decretó el estado de excepción por “grave conmoción interna” en todo el territorio nacional, calificando al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador. Ello le permitió la movilización de las fuerzas armadas para perseguir, encarcelar o neutralizar las bandas delincuenciales que operaban en barrios de distintas ciudades e intentó, con medidas excepcionales, imponer el orden en las cárceles.

En los albores del año siguiente, el consabido coletazo de la pandemia abrió un boquete en la economía, disparando el precio de los alimentos (ocurrió a nivel global) y haciendo insostenible la gasolina barata gracias al subsidio estatal.  Y ese fue el combustible para que la izquierda opositora, envalentonada por el respaldo de la Confederación Nacional Indígena (Conaie), realizara un paro nacional masivo que en trece días (13 al 30 de junio) de interrupción de actividades cotidianas y masivas tuvieron un grave impacto macroeconómico: más de USD 1.115 millones, el 98% de ellos por pérdidas y el restante (USD 10 millones) a daños a la infraestructura nacional.

Ante el estallido social, el presidente ecuatoriano no sólo reversó el alza en gasolina y Acpm, sino que se vio forzado para restablecer el orden público a declarar el estado de excepción, durante 30 días, en las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Azuaya, el que luego prorrogó dos meses más y extendió a otras dos.

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Paralelamente sorteó tanto él como miembros de su gabinete, intentos de destitución por el Congreso, al igual que una creciente oposición del movimiento indígena que en enero de este año le pidió la renuncia y se declaró en movilización permanente.

Ante un Presidente firme, valiente y que no cedió a las peticiones de nombramientos, manejos políticos de instituciones y otras prebendas que le pidieron los asambleístas opositores, se fraguó en ese hemiciclo un nuevo intento para destituirlo, pero esta vez con la acusación de un delito inexiste en la Constitución, “peculado por omisión”, endilgándole que no hizo nada para reversar un contrato de Flopec, la estatal de transporte petrolera, que firmado en 2018, tres años de antes de llegar al poder, bajo el gobierno del izquierdista Lenín Moreno, resultaba lesivo para la nación.

En un trámite exprés, se surtieron los pasos establecidos para llevarlo a juicio político, pero omitieron el informe que debían presentar con las evidencias que soportaran las acusaciones de presunta corrupción. Así, en mes y medio, se llevó al banquillo de la Asamblea Nacional al presidente Lasso, aprovechando su lastrada popularidad por el narcotráfico y su sangrienta actividad delincuencial, dentro y fuera de las cárceles.

Antes de ello falló en su intento de enfrentarlos con mano dura al perder el referendo que establecía nueve cambios constitucionales, entre ellos el restablecimiento de la extradición como el ‘arma más efectiva’ contra dicho flagelo.

Este martes, ante el pleno de la Asamblea Nacional, acudió al que llamó un “juicio sin pies ni cabeza”, “sin pruebas”, ilegítimo para defenestrarlo. Desde el atril, habló claro y con la franqueza que lo caracteriza: “tengo en mis manos, para conocimiento de todos ustedes, el informe de la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea que recomienda no enjuiciar al Presidente de la República. Lo exhibo aquí para que el país lo conozca y mis acusadores al menos lo vean de lejos, pues parece que no han tenido la energía ni para leerlo ni socializarlo, como mandaría la decencia y el sentido común. El informe concluye lo que ya todos sabemos: que no hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien, lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente, e incuestionable inocencia”

En otro acápite indica: “Si estos acusadores, que tan obsesionados han estado por acabar con este gobierno; estos acusadores que han querido tomarse el poder hasta por cuatro ocasiones en dos años; estos acusadores que han sido impulsados por un sobrehumano rencor; si ellos jamás fueron capaces de encontrar nada, entonces sólo se puede concluir que no hay nada que encontrar. Absolutamente nada”

Y, a renglón seguido, sostuvo que “he venido aquí para decirle lo siguiente a mis acusadores. Yo los acuso a ustedes. Los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son los anti-legisladores de esta República. Porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan nuestras normas, sino que las debilitan, las desgarran, las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia. Yo los acuso porque jamás, a lo largo de este juicio, intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad no de esta presidencia, sino de la democracia misma. Yo los acuso de distorsionar el verdadero sentido de lo político - que debería entenderse como el servicio al ciudadano - hasta convertirlo en depósito de las más bajas y negativas pasiones”.

Lasso también indicó que “algunos de mis acusadores creen en una especie de lógica invertida”, destacando la que calificó como interesantísima paradoja: “sembrar estabilidad para luego decir que son ellos la respuesta a esa inestabilidad”.

En la larga, argumentada y detallada defensa de su inocencia a la imputación, el mandatario derechista también entregó cifras para sustentar la estabilidad que durante estos casi dos años de gestión ha tenido en el país. Reajuste al salario mínimo, ayudas sociales, educativas, mejora en servicios de salud, créditos con bajo interés para emprendedores y, sobre todo, el crecimiento económico gracias al frenazo que logró de la inflación, al punto que en la proyectada por organismos multilaterales será este año la más baja de América del Sur.

Horas después de esta intervención, Lasso anunció en alocución nacional la disolución de la Asamblea Nacional por la causal de "grave crisis política y conmoción interna", invocando el artículo constitucional conocido como ‘muerte cruzada” porque implica, de suyo, el abrupto fin de su mandato.

Así, desde este miércoles, cuando recibió el espaldarazo del Ejército y policía, gobierna por decreto, facultad que se limita exclusivamente a cuestiones económicas y previo examen de la Corte Constitucional, tribunal que un día después rechazó por unanimidad las demandas presentadas contra la decisión presidencial de disolver el Congreso.

En un comunicado, ese máximo tribunal emitió en una sola jornada seis fallos en los que resolvió "rechazar las demandas de inconstitucionalidad", así como "los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del Decreto impugnado", argumentando que "no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna" y que "tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país".

Apegado a la ley, Lasso pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones generales, para lo que tiene plazo hasta este miércoles. La entidad anticipó que tiene como fecha tentativa el 20 de agosto.  La Constitución ecuatoriana, sin embargo, no especifica para esta situación excepcional un plazo en el caso de que fuese necesaria una segunda vuelta en los comicios presidenciales. La presidenta del CNE, Diana Atamairn, apuntó que, si hubiese segunda vuelta, sería en principio el 20 de octubre.

El mandatario derechista, que no tiene inhabilidad alguna para presentarse nuevamente en las urnas, descartó rotundamente tal posibilidad y aseguró, en declaraciones al diario estadounidense 'The Washington Post', que le es indiferente quién le pueda suceder y que “mi objetivo no es evitar que alguien en concreto regrese a Ecuador".

Analistas políticos señalan que la decisión de Lasso ‘resquebraja’ el país, aviva los fantasmas de la ingobernabilidad e inestabilidad política. Pero en realidad nada de ello es así. Frente al primero, no se dieron los temidos estallidos sociales ante la advertencia temprana de los mandos militares; en el segundo (ingobernabilidad) es un estado de cosas que presenta la imposibilidad de gobernar, evidenciándose con la inexistencia de gobierno, el orden y el estado de derecho, que no está ocurriendo en ese país. Y, respecto al tercero, el llamado a elecciones es precisamente para que se dé una transición constitucional en el Ejecutivo, contrario a la ocurrido entre 1996 y 2007, cuando los ecuatorianos tuvieron siete mandatarios