ES de verlo para creerlo: que un virus ponga de rodillas al planeta entero. En verdad era algo totalmente impredecible hace tan sólo tres meses.  El coronavirus es ahora, lamentablemente una realidad cotidiana, omnipresente, amenazante y -con una tasa aparente, de entre 3 y 4 por ciento- letal.  El mundo no será ya el mismo y las percepciones que tenemos de lo público y lo privado se verán afectadas.

Surgen muchos aspectos de análisis y cuestionamientos. Entre ellos los que se refieren a los temas de origen: podría ser, como se acepta ahora, un vínculo de enfermedad asociada a zoonosis, es decir que la enfermedad se pasa de animal a humano y luego de humanos entre ellos.  Una versión. 

Sin embargo, no faltan las conjeturas del extremo conspirativo respecto a las cuales no tenemos en absoluto ninguna evidencia: ¿pudo ser la manipulación genética por parte de una potencia a quien no le agrada que China sea ya la primera potencia económica del mundo; las cosas se habrían salido de control?  De nuevo, no hay evidencia; es más fiebre de redes sociales, con toda la desinformación y sensacionalismo amarillista que ello trae aparejado.

Lo cierto es que, así como estamos, identificamos claramente nuestra vulnerabilidad y reducimos el orgullo de nuestros alcances económicos y armamentistas. Tan sólo el presupuesto militar de Estados Unidos estaría siendo equivalente a 74 millones de dólares por hora, 24-7, con ello, es de preguntarse ¿De qué sirve eso ahora, cuando lo que deseamos es una bocanada de aire fresco, limpio?

En todo caso, la clave aquí respecto a la pandemia es la capacidad de respuesta de los gobiernos. Vemos ahora la importancia de la salud, de la infraestructura, de la generación de conocimiento, como parte de los bienes públicos. Bienes que en general pueden ser consumidos por varias personas al mismo tiempo y que están al margen de lo que se estima son los mecanismos directos de mercado.

Es normal que estos bienes sean producidos por empresas públicas y en muchos casos corresponden a monopolios naturales. Se trataría de bienes y servicios de propiedad colectiva, que pueden eventualmente ser producidos por empresas privadas -véase el caso, por ejemplo, de cierto tipo de conciertos.  Los bienes públicos tienden a no discriminar en su consumo y preferentemente estos bienes y servicios incluyen las carreteras, la infraestructura en general, aspectos de defensa nacional.

Además de esos ejemplos de bienes públicos, también se tiene -y esto es lo que se desea subrayar- la educación, la vivienda de interés social, la dotación de agua y alcantarillado, servicios de salud. Es aquí en donde se articula la capacidad de respuesta de los gobiernos ante la dinámica de la pandemia que hoy enfrentamos. En todo esto es clave la prevención, capacidad de atención a población vulnerable y a los ya contagiados.

En este sentido de la capacidad de respuesta de las entidades, uno de los rasgos asociados es la dotación de recursos con los que todo gobierno cuenta, y esto a su vez se relaciona con el peso de los ingresos tributarios, de los impuestos, en función del total de producción de un país, es decir en función del producto interno bruto (PIB).

En América Latina y el Caribe, de conformidad con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la BBC de Londres, el promedio de carga impositiva como porcentaje del PIB es del 23 por ciento.  Tómese en cuenta que en los países más desarrollados, miembros de la OCDE, ese promedio es de 34 por ciento.

Brasil y Argentina con datos de 32 y 31 por ciento lideran a los países latinoamericanos en carga fiscal sobre PIB. Luego viene el grupo que tiene entre 25 y 30 por ciento: Uruguay y Bolivia. Los que tienen entre 20 y 25 por ciento son: Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Chile.  Ya por debajo de 20 por ciento, pero con cargas superiores a 15 por ciento, están: Colombia, El Salvador, Paraguay, México, Panamá y Perú.  Finalmente, debajo de 15 por ciento se ubican República Dominicana y Guatemala, este último país con tan sólo 12 por ciento.

Como podría inferirse y aunque no existe una relación estrictamente lineal, en la medida que los países tienen menos recursos dan muestras de tener menor funcionalidad. Véase al respecto la situación de Guatemala en donde una frágil condición de servicios de salud -Dios no lo quiera- puede propiciar que mucha de la población vulnerable sea presa de la pandemia.  En ese país se estimaría por otra parte, que al menos un 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.

Existen por supuesto, otros casos en los cuales el país ha llegado a tener ingentes ingresos tanto tributarios y no tributarios, y las condiciones de vida actuales bordean la crisis humanitaria, tal el caso de Venezuela.  Son las condiciones que acompañan a países ricos en recursos, que caen víctimas de la denominada la “maldición de los recursos naturales”.

No sólo es contar con medios, sino también de administrarlos.  En la medida que en una nación prevalezca abierta corrupción e impunidad, no habrá recursos que puedan alcanzar. Véase cómo la prevalencia de entidades públicas con corrupción y empresas privadas rentistas, que buscan dinero rápido, fácil y efectivo -modelo DRFE- tienden a propiciar un país con un crecimiento económico errático, muy volátil, e inequitativo.

Aún en Europa, con mayor capacidad institucional, las cifras de la pandemia se agravan.  Es de esperar que, con las medidas de prevención, el coronavirus no haga presa fácil e intempestiva a la población latinoamericana, expuesta como está, dada la fragilidad de su contexto institucional.  Lo que se requeriría, como parte de un acuerdo estratégico-social, incluyendo el ámbito internacional, es un pacto de desarrollo con amplios alcances, en los cuales se estableciera, entre otras consideraciones, un coherente pacto fiscal entre los diferentes sectores.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.  Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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