CON VISIÓN de país más que política, la mitad exacta de senadores argentinos avalaron la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la ambiciosa y necesaria reforma que propuso el presidente derechista Javier Milei para superar la crisis económica que, aunque de vieja data, se agravó con los gobiernos kircheristas de este siglo.
El último de éstos, el del tándem Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, decidieron entre otras cosas no dar continuidad a las políticas económicas de su antecesor, el conservador Mauricio Macri -único interregno de la derecha en el poder en los últimos 25 años- y en cumplimiento de sus promesas ‘progresistas’, aumentaron el tamaño del Estado, dispararon el déficit fiscal (cuando los gastos de funcionamiento superan el ingreso de recursos por varios rubros, entre ellos el impositivo), solucionaron temporalmente la iliquidez con emisión de billetes al igual que con alto nivel de endeudamiento con organismos internacionales de crédito, como el FMI.
Así, con una economía sin crecimiento, déficits en cuentas fiscales y comercio exterior, una inflación rozando el 200%, el empleo privado estancado, los salarios reales deteriorados, un injustificado cepo cambiario, niveles de pobreza del 45% y nula inversión extranjera, Javier Milei dijo el 10 de diciembre pasado, durante su discurso de posesión que “no hay plata” como tampoco “alternativa distinta al ajuste y el shock”.
En su momento explicó a los argentinos que el gobierno saliente dejó plantada una hiperinflación que de no enfrentarse rápidamente llevaría al colapso. De allí que instó a la comprensión ciudadana, pero sobre todo política, ante el inevitable duro ajuste que inició el primer día de su mandato, consciente de que el primer efecto sería una “estanflación” por varios meses, pero al mismo tiempo prometiendo que ese sería el “último mal trago antes de la reconstrucción del país”.
Economista de formación, al igual que su ministro ‘estrella’, el de hacienda Luis Caputo, desde años atrás Milei se empeñó en ideas a la crítica situación argentina. Todas ellas están contenidas en la hoy conocida como “Ley de Bases” que es una forzada reducción de la “Ley Omnibus” que radicó dos semanas después de asumir el poder, consciente que el camino en el Congreso iba a ser cuesta arriba.
Con argumentos, a saber, resultados inmediatos frente a la galopante inflación, recorte a ayudas sociales y cierre de algunas dependencias oficiales, inició su gobierno un intenso trabajo político para el Parlamento avalara el proyecto, el que tuvo un rechazo inicial de la Cámara de Diputados en febrero. Persistente pero también dispuesto a ceder cuando hay razones de peso, Milei y su equipo de gobierno recortaron la Ley Omnibús de 660 artículos a 238, pero conservando su columna vertebral: una reforma a fondo del Estado y facultades extraordinarias al Presidente para encauzar la economía.
Con tan solo 38 diputados y 7 senadores, el Partido Libertario de Milei necesitaba 129 en el primero y 27 en el segundo para que la Ley de Bases fuera aprobada. Y contra la campaña política y de polarización de la oposición kirchnerista, superó el primer duro examen en la Cámara el 2 de mayo y este miércoles en el Senado.
Victoria política para el presidente centroderechista, sin duda, pero también una evidencia de su compromiso de sacar a Argentina del profundo hoy económico en que se encuentra, ya que aceptó varias modificaciones al articulado e hizo varias concesiones para sacar avante la ambiciosa iniciativa y renunció a otras como dos puntos del paquete de reformas fiscales: la restitución del impuesto a las Ganancias y las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales.
Como se conoce, el desempate en el Senado estuvo a cargo de la vicepresidenta conservadora Victoria Villaruel, líder del Partido Demócrata, uno de los integrantes de la coalición gobernante. Pero también fueron claves dos hechos para esta victoria legislativa: el voto disciplinado del Frente Pro (centroderecha liderada por Macri) y de la Unión Cívica Radical (también centroderecha), así como el de cuatro senadores de ‘otros’ partidos, considerados parlamentarios ‘pendulares’. Inclusive, uno de ellos dio el Sí a la mencionada Ley y rechazó el paquete de ajuste fiscal, la otra gran iniciativa gubernamental aprobada en la madrugada de este jueves.
¿Qué cambiará con la Ley de Bases?
Aunque la reforma negociada y reducida no abarca el megaplan concebido por Milei, como reseñamos conserva sus ejes principales: privatización de empresas públicas, modificaciones tributarias, desregulaciones económicas, régimen especial para grandes inversiones y la delegación de facultades especiales al Ejecutivo.
La luz verde del Senado a la Ley de Bases y al paquete fiscal -que introduce un régimen de regularización de activos (blanqueo de capitales)- se dio horas después de que el gobierno argentino anunciara la renovación del swap (intercambio de monedas) con China por el equivalente a 5.000 millones de dólares hasta 2026, que de no haberse hecho implicaría al Banco Central desembolsar alrededor de US$5.000 millones entre junio y julio para saldar una deuda generada por la administración de Alberto Fernández.
Esos dos hechos, tuvieron un alto y positivo impacto en los mercados. Así, el dólar libre cayó ayer más de $50, las acciones argentinas abrieron con alzas de hasta 12% en el exterior y el riesgo país se hundió más de 60 puntos. Se espera que este viernes los indicadores sigan en verde tras divulgarse que las medidas para atajar la inflación siguen dando resultados: se ubicó en 4,2% en mayo, la más baja para un mes en dos años y medio. (Ver recuadro).
Analistas económicos coinciden en que el panorama es muy positivo y que ahora Milei tendrá las herramientas para impulsar su hoja de ruta económica.
Uno de los grandes cambios que permitirá la Ley de Bases, pendiente de una última revisión de la Cámara de Diputados para su sanción, es el aval para algunas empresas del Estado. Si bien el proyecto original contemplaba un listado de 41, éste se redujo drásticamente: 8.
Milei había planteado la venta de dos grandes e insignes: la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas, al igual que los medios públicos (Radio y TV Argentina) y el Correo Nacional, pero el Senado decidió que siguieran en manos del Estado.
En cambio, dio luz verde a que se privaticen Intercargo y Energía de Argentina S.A. (Enarsa), mientras que estarán abiertas a capital privado, es decir en concesión, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
También se aprobó un incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante 30 años a capitales extranjeros mayores a USD 200 millones, para fomentar así grandes inversiones a largo plazo, especialmente en el agro, la minería, la infraestructura y la energía.
Conocido como Rigi (régimen de incentivo a las grandes inversiones) significará, según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, "más empleo, más empresas pagando impuestos en Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva".
El presidente Milei lo considera un elemento clave para atraer inversores, esos que por los defaults o la crisis económica desconfían de Argentina. Recuperar credibilidad e inyectar capital fresco es el objetivo, para lo cual los anunciados incentivos son indispensables.
Otro cambio que se dará en el inmediato futuro es la modernización del régimen laboral, ya que la reforma aprobada tiene como objetivo incentivar el crecimiento del empleo formal privado, estacado hace años.
Para ello habrá no sólo beneficio para los empresarios que regularice a sus trabajadores, sino que al eliminar las indemnizaciones especiales que hoy reciben los trabajadores que no están registrados, se incentivará a su contratación.
Una innovación es que se crea la categoría de trabajador independiente con colaboradores, que cobijará a un patrón con hasta cinco empleados y que se registrarán registrar como “monotriburatistas”.
Y un último tema, el más clave de la Ley de Bases que fue aprobado es el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente, por un año. Ello le permitirá, bajo la declaratoria de “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética” adoptar decisiones vía decreto, es decir sin pasar por el Congreso.
Sin embargo, se le fijaron ‘líneas rojas’, como que tales determinaciones serán controladas por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia y que no podrá intervenir ni acabar con 15 entidades públicas específicas.
Los argentinos mantienen la esperanza de un verdadero cambio con el presidente Milei, cuya popularidad está en 50%. Ahora esperan que se aceleren los positivos logros económicos.
Entre tanto, la visión política que se tiene dentro y fuera de Argentina es, como lo resume analista político Gustavo Córdoba a la AFP: “a partir de esta victoria legislativa nació el mileísmo, con un gobierno que hizo todo lo que tenía que hacer para aprobar la ley”. /Redacción internacional