Crecen pedidos ciudadanos para que se repitan los comicios. Auditoría electoral de OEA en vilo tras renuncia del jefe de dicha misión

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CON el llamado a los militares para que los apoyen en la pugna política, la oposición quiere “muertos” denunció el presidente boliviano, Evo Morales, reelegido hace dos semanas en unos cuestionados comicios.

Los opositores "están buscando muertos que vengan de la Policía y las Fuerzas Armadas", dijo Morales, un día después de que un influyente líder opositor regional llamara a los militares a intervenir en la crisis desatada tras el polémico escrutinio de las elecciones del 20 de octubre.

"El que pide la intervención militar está pidiendo sangre, está pidiendo muerte", declaró por su parte el ministro de Gobierno (interior), Carlos Romero.

En un mitin multitudinario el sábado en la noche, Luis Fernando Camacho, jefe de una poderosa entidad civil de la rica región oriental de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales para que renuncie en 48 horas y llamó a los militares a colocarse "al lado del pueblo".

Morales "tiene 48 horas para renunciar, porque el lunes a las siete de la noche (23h00 GMT) aquí mismo vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya", declaró Camacho ante una multitud en Santa Cruz, un bastión opositor.

Camacho, líder del derechista Comité Cívico de Santa Cruz, leyó una carta dirigida a los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes exhortó a "estar al lado del pueblo" en esta crisis desatada por la polémica reelección de Morales, en el poder desde 2006.

El ministro Romero afirmó que el llamado de Camacho "coincide con información de inteligencia que señala que mañana (lunes) en horas de la noche se estaría preparando una acción violenta y confrontacional hacia la plaza Murillo", donde está la casa de gobierno en La Paz.

Toda la oposición boliviana exige la anulación de la votación y la convocatoria a nuevas elecciones generales (presidenciales y legislativas).

Camacho es el primer político boliviano que llama a la intervención de los militares en esta crisis, pero sus declaraciones podrían considerarse como "sedición", delito castigado en el Código Penal boliviano, explicó un experto legal que pidió no revelar su identidad.

La intervención de los militares es un tema altamente sensible en Bolivia, que antes de 1982 conoció frecuentes cuartelazos y dictaduras militares. Hasta ahora, las fuerzas armadas se han mantenido al margen de la controversia poselectoral.

Morales viene denunciando desde hace una semana que la oposición intenta derrocarlo mediante un "golpe de Estado", por lo que ha llamado a sus seguidores a "defender la democracia y los resultados" electorales del 20 de octubre.

Camacho no dijo qué acciones emprenderá con sus partidarios, pero se presume que podrían ocupar sedes regionales de entidades y empresas públicas, como ha ocurrido antes.

Al mitin de Santa Cruz asistieron líderes de comités cívicos y organizaciones de otras regiones de Bolivia, pero carecen del poder que tiene el comité de Camacho en esa rica región, que está paralizada desde un día después de los comicios, en los que Morales ganó un cuarto mandato consecutivo.

La oposición afirma que el mandatario izquierdista indígena ganó la reelección con "fraude". El sistema de conteo rápido estuvo paralizado 20 horas y al reanudarse arrojó un drástico e inexplicable cambio de tendencia, según observadores de la OEA.

Los opositores afirman que Morales está empecinado en mantenerse en el poder a toda costa y recuerdan que desconoció un referendo celebrado en 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un polémico fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser nuevamente candidato.

La incertidumbre sobre una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aumentado tras la sorpresiva renuncia del jefe de la misión del organismo continental, el mexicano Arturo Espinosa, tras admitir que había publicado artículos críticos sobre Morales.

Toda la oposición boliviana rechaza la auditoría de la OEA, incluido el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), segundo en los comicios, pues afirma que se trata de "una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder"./