SU estratégica ubicación, la dificultad de controlar sus 30 puertos, la creciente demanda (dentro y fuera del país) y un mercado ‘repartido’ entre decenas de bandas que lo manejan desde las cárceles por el poder económico corruptor que tienen, convirtieron a Rosario en el epicentro del narcotráfico y la ciudad más violenta de Argentina.

Con 1,3 millones de habitantes y tercera en importancia nacional, Rosario es el principal puerto del país, y según los expertos se ha convertido, a través de la hidrovía sobre el río Paraná, en punto privilegiado para salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia.

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Así, nacieron y se multiplicaron las bandas dedicadas al ‘narcomenudeo’ que luego ampliaron su accionar delictivo al robo, extorsión y sicariato, tornando esta ciudad de la provincia de Santa Fe en la más violenta del país. A hoy registra la peor tasa de homicidios: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional.

En la última década, las autoridades lograron detener a los jefes de las principales bandas e inclusive a sus segundos, pero por inacción o corrupción, no impidieron que se convirtieran en fuertes organizaciones criminales que, tras las rejas, continúan manejando el millonario negocio y con inédito nivel de violencia.

Los primeros campanazos de alerta sobre la ‘diversificación’ del accionar criminal se dieron en Rosario a comienzos del año anterior, específicamente en marzo, cuando fue tiroteado el “Supermercado Único” propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Leonel Messi, tras el cual dejaron un mensaje al astro futbolístico, según las autoridades, una exigencia de cobro por protección. Meses después, en noviembre, robaron a Agustina Scaglia, prima de Rocuzzo, USD 22 mil, momentos después de salir del mencionado comercio para dirigirse al banco.

Con la llegada de Javier Milei al gobierno argentino y del también centroderechista Maximiliano Pullaro a la gobernación de la provincia de Santa Fe, donde está Rosario, se implementaron políticas de seguridad tan puntuales como fuertes para enfrentar el creciente azote del narco en esa ciudad, que hace una semana paralizó todas sus actividades tras cuatro asesinatos vinculados al narco y el repunte de amenazas a comerciantes.

Así se puso en operación un plan de “saturación policial” que incluyó el envío de fuerzas federales, se desarrolló un reglamento para el uso de armas que habilita a todas las fuerzas federales a responder a situaciones violentas y someter a delincuentes que oponen resistencia o se dan a la fuga y se alista un proyecto de “ley antibandas” con el cual se tipificará una nueva modalidad de persecución penal, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, como hizo el código penal antimafia de Italia.

“No permitiremos que Rosario se convierta en tierra de narcoterroristas", coincidieron en señalar el presidente Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al anunciar el refuerzo policial y de 450 efectivos de la Gendarmería Nacional (militares), la Prefectura Navaly la Policía de Seguridad Aeroportuaria al responder a la solicitud que en tal sentido hiciera el gobernador Pullaro, quién está bajo la mira de las organizaciones criminales que lo acusan de ‘bukelizar’ su gestión, por las medidas de mano dura que adoptó en las prisiones.

Milei escribió en su cuenta de X que el gobierno se está enfrentando a "un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad…No vamos a dejar de perseguirlos (...) porque sabemos que son ellos o nosotros".

Entre tanto, la ministra Bullrich explicó que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir directamente, la excepción que contempla la legislación es cuando participan para "apoyar las operaciones de seguridad interior" y que está en vigencia el reglamento sobre el uso de armas que “se da cuando hay un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que están en peligro frente a un ataque de criminales, de delincuentes, de mafiosos, de narcotraficantes".

Tras señalar que el reglamento recién publicado es desde ahora el único protocolo de actuación de las fuerzas federales respecto al uso de armas, su cartera recibirá pistolas eléctricas Taser de Estados Unidos y está en proceso de compra de armas Byrna, de uso civil.

Estas medidas del gobierno Milei se adoptaron tras los hechos de violencia ocurridos hace una semana en Rosario donde dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados a quemarropa.

Según el gobierno de Santa Fe, fueron ataques de narcos y en respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia.

"Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretendemos recuperar los privilegios que tenían: tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel", dijo el gobierno provincial en un comunicado

En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que "esta no es una guerra por territorio", sino contra Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

También reclamaron por los derechos de los presos bajo la amenaza de "matar más inocentes": "Queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten", advirtieron en la carta.

Lo que está ocurriendo en Rosario es muy similar a lo que pasó en la también portuaria Guayaquil (Ecuador), ciudad bajo las ‘garras’ del narco desde hace años.

Los amenazados

La férrea decision de combater a las organizaciones criminales ha puesto bajo la mira de los narcotraficantes a Pullaro, que en dos meses de gestión ha recibido 25 amenazas contra su vida y al ministro local de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Estos funcionarios buscan terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y recientemente difundieron imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"Cuanto más se metan con nosotros, peor la van a pasar", advirtió a los jefes narcos Cococcioni, que aseguró que cuando esté terminada la cárcel de alta seguridad, los delincuentes "no van a poder ni pestañear".

Conscientes de que desde las cárceles los cabecillas de las organizaciones delictivas ordenan ataques armados, extorsiones y siguen manejando el tráfico de drogas, extremaron los controles, ingresos y visitas a los mismos.

La periodista Virginia Messi en un artículo del diario argentino Clarín indica que si bien desde años los principales jefes narcos de Rosario están presos como Ariel "Guille" Cantero (35), líder de Los Monos, considerada la mayor banda de la ciudad; Esteban Lindor Alvarado (44), y Julio Andrés Rodríguez Granthon (30), al frente de dos grandes bandas rivales, así como los de los clanes los Ungaro, los Funes o los Pillines, éstos han consolidado sus organizaciones y poder tras las rejas, ‘comprando’ funcionarios y guardianes, entre otros.

Entre tanto, el fiscal que investiga las amenazas a las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe, manifiesta que “el móvil de los recientes ataques es, claramente, una reacción al reordenamiento de presos de alto perfil que hizo la gestión actual" y agrega que su objetivo es generar conmoción y miedo en los habitantes.

Estas "balaceras" alteran la vida cotidiana de los rosarinos. “Hasta hace unos años este era un barrio tranquilo, ahora no se puede salir a la calle después de las 8 de la noche”, dice Sonia, un ama de casa de 57 años que no quiso dar su apellido por temor.

Ella vive en el barrio Tablada a pocos metros de un "búnker", como se denominan las viviendas dedicadas a la venta de drogas al menudeo, que está siendo demolido por decisión del ministerio de Seguridad.

"El gobierno comenzó con una lógica muy preocupante, que yo llamo de 'bukelización', porque lo único significativo que está haciendo (...) son escenas mediáticas", dice el profesor de Criminología de la Universidad de Rosario, Enrique Font.

"Es contraproducente, porque el fenómeno que se confronta es una violencia muy rústica e identitaria. Lo peor que se puede hacer desde el Estado es alimentar esa identidad, mostrándolos, porque la violencia identitaria quiere ese reconocimiento", dice el experto, cuestionando que se fotografíen y filmen los traslados.

Sin embargo el gobernador provincial Pullaro y su equipo están dispuestos a retomar el control de las cárceles y las calles para poner fin al microtráfico, los envíos de narcóticos al exterior y la disparada violencia.