AUNQUE conscientes de que el ‘gobierno interino’, que cuenta con el reconocimiento de medio centenar de países, logró logrado salvaguardar las reservas financieras del país en el exterior, gestionar ayudas para enfrentar la pandemia del covid-19 y mantener la libre expresión del anti-madurismo, la mayoría opositora venezolana decidió acabar tanto el mandato de Juan Guaidó como de esa figura, que será reemplazada por un comité parlamentario.

Con circunstancias muy diferentes a las de hace cuatro años y hoy más a favor del régimen venezolano por la flexibilización de sanciones económicas de Estados Unidos a cambio del petróleo, tan escaso como caro por la guerra en Ucrania, así como por la pérdida de apoyo popular por no haber logrado el anhelado cambio de gobierno, los partidos más fuertes de la coalición opositora lograron imponer los cambios al  “Estatuto de Transición” con el que se acaba el “interinato” y mantiene vigente la Asamblea Nacional, electa en 2015, de mayoría antichavista y cuyo período venció el año pasado.

La reforma al esquema de gobierno y trabajo de la oposición fue impulsada por los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), quienes al igual que en la primera de las dos votaciones simples requeridas –surtida el pasado 22-, lograron ayer la aprobación con 72 votos a favor. En tanto, 29 diputados sufragaron en contra y ocho más se abstuvieron.

Y más allá de que Guaidó, quién en una céntrica plaza caraqueña se autoproclamó el 23 de enero de 2019 como ‘presidente interino’, mandato que le fue renovado hasta este 2022 vea frustrado su sueño de seguir al mando, lo ocurrido en la sesión extraordinaria de la Asamblea evidencia una grave división en la coalición opositora, que sin duda impactará las primarias que pretenden realizar el año que comienza, de cara a las prometidas presidenciales del 2024.

En esa ocasión, recibió el espaldarazo de Estados Unidos y medio centenar de países, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude y que él, como jefe del Parlamento, debía asumir ese cargo.

El exdiputado y líder de Voluntad Popular -el del también hoy exiliado excandidato presidencial Leopoldo López- había llamado a los diferentes partidos a mantener el “gobierno interino por encima de los nombres o intereses personales”.

"Mi propuesta es que se defienda la institucionalidad por encima de nombres o intereses personales y que no se destruya esa herramienta", dijo Guaidó el miércoles en un video divulgado por redes sociales.

Las fuertes declaraciones públicas y la primera votación del ‘Estatuto’, la semana anterior, presagiaban el desenlace de este viernes de acabar con la presidencia interina, ya que los mencionados partidos argumentaron que falló en su objetivo principal que era sacar del poder al socialista Nicolás Maduro, lo que llevó a perder el apoyo ciudadano al plan de transición transición política, la que es el objetivo de la negociación con el gobierno en la restablecida mesa de diálogo en Ciudad de México.

El ‘mandatario interino’ aseguró, en mensajes vía twitter, que la decisión de elegir nuevo líder opositor "no tiene que ver con él Guaidó", sino que es "una herramienta para defender los intereses" de todos los venezolanos y por ello sostuvo que estaba en manos de la mayoría de la Asamblea Nacional -los partidos arriba mencionados- la decisión de eliminar la presidencia o "defender esta figura constitucional y designar nueva directiva el 5 de enero".

"Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la presidencia interina, no Maduro, pero también tienen los votos para mantener y nombrar a las personas que la conforman", había explicado en esa red social, al tiempo que les pidió “hacer lo que les dicte la conciencia, sin destruir la institucionalidad que requiere nuestra lucha”.

Y fue más allá al señalar que “eliminarla supone el riesgo de permitir que Maduro recupere el control de recursos de Venezuela bloqueados en el extranjero”.

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Según Guaidó, "diferentes expertos, juristas, universidades e incluso organismos internacionales" habrían expresado las consecuencias que tendría disolver el gobierno interino como votaron la semana pasada 72 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela”, de los 112 que años atrás lo apoyaron para ese cargo.

Bajo esta óptica sostuvo que "esto no se trata de una persona, sino de no entregarle a la dictadura una herramienta de lucha".

Pero las palabras de Guaidó fueron insuficientes para convencer a sus copartidarios pero detractores que insistieron, en acaloradas intervenciones, que tras cuatro años de ‘presidencia interina’ era necesario dar paso a las reformas que presentaron en el ‘Estatuto de Transición” y que contemplan, inicialmente, que esa figura sea sustituida por un comité parlamentario, por lo cual el próximo jueves la misma Asamblea votará para escoger a su nueva junta directiva.

La mayoría opositora conformada por los parlamentarios de Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo insistieron en que la presidencia interina “no cumplió sus objetivos”, lo que de inmediato fue rebatido por quienes apoyan a Guaidó recordándoles que fue gracias al trabajo del “ciudadano presidente”, así como de los embajadores desplegados por varios países y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que se logró impedir que el régimen se hiciera con las reservas de Venezuela en el exterior y que se articulara la ayuda humanitaria para los siete millones de venezolanos que se vieron forzados a dejar el país, encontrando refugio y futuro en el continente americano.

Insistieron en que, sin medios, recursos y exponiendo desde su patrimonio –el cual fue confiscado a muchos en Venezuela- hasta su vida, las decenas de personas que trabajaron en el ‘gobierno interino’ hicieron una labor de admirar porque no sólo develaron ante el mundo los excesos de la dictadura de Maduro, sino que lograron preservar la lucha que por la democracia y libertad iniciaron hace cuatro años.

El diputado Vergara manifestó que un 'gobierno parlamentario' no se encuentra establecido en la Constitución Nacional y lo aprobado este viernes sólo "cumple con el cometido de usurpar las potestades de la presidencia de la República sino de toda la Carta" y dijo que él y su partido están "obligados a restablecer el hilo constitucional".

Agregó que "hoy la mayoría parlamentaria se colocó de espaldas a la Constitución obedeciendo a una estrategia política".

Entre las medidas aprobadas en esta reforma, confusa e incierta, amén de inconstitucional como lo resaltaron varios parlamentarios afectos a Guaidó, se crea un Consejo de Administración y Protección de Activos que estará integrado por cinco miembros elegidos por la Asamblea Nacional. Ellos designarán un coordinador y serán los encargados de promover bienes y activos de Venezuela en el exterior.

El diputado del partido Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, uno de los gestores del ‘Estatuto de Transición’ y su ‘actualización’ rebatió a los adversarios de la misma primero recordando que fue esa figura la que posibilitó dar legalidad a Guaidó, con base en el artículo 233 de la Constitución, al tiempo que proteger los activos del país en el exterior. Y, segundo, que no es cierto que “el gobierno interino exista en la Constitución”, sino que el mismo se posibilitó con el mencionado Estatuto.

Insistió, al igual que los voceros de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo que la eliminación del interinato es porque no se lograron los objetivos trazados y que no era para remover a Guaidó a quién –dijo- “cada 5 de enero le hemos dado el voto de manera generosa". Por ello consideró injusto “que éste se coloque como una víctima y a los partidos como unos verdugos".

Agregó que el cambio aprobado no modificará la hoja de ruta opositora ya que se velará por los activos de Venezuela en el exterior y la lucha contra el chavismo. Todo ello desde la Asamblea Nacional.

Con la decisión este viernes de la mayoría opositora venezolana, Guaidó pone fin a su mandato interino que se prolongó por cuatro años y es muy probable que ante el reconocimiento nacional e internacional que logró participe en las primarias donde, salvo que la división persista, se elija a un candidato único para enfrentar en la presidencial del 2024 al aspirante del chavismo, que factiblemente será Nicolás Maduro.