Estados Unidos podrá cerrar la frontera con México cuando "esté colapsada" si el Congreso adopta un proyecto de ley revelado este domingo tras un acuerdo bipartidista que endurece la política migratoria, condición de los republicanos para desbloquear fondos para Ucrania.

El paquete legislativo incluye una financiación total de 118.300 millones de dólares, con 60.000 millones para ayudar a una Ucrania devastada por la guerra - igualando la petición de la Casa Blanca- y 14.100 millones a Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray.

El acuerdo también incluye 20.200 millones de dólares para la seguridad de las fronteras estadounidenses.

Pero está por ver si este texto será aprobado por el Congreso en este año electoral.

El pacto alcanzado por un grupo de senadores republicanos y demócratas prevé "una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera" entre Estados Unidos y México cuando "esté colapsada", informó el presidente Joe Biden en un comunicado.

De ser adoptado, las autoridades podrán restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza los 4.000 en una semana, pero estarán obligadas a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5.000 al día -en un periodo de siete consecutivos- u 8.500 en una sola jornada, se lee en el texto del acuerdo bipartidista.

El gobierno está limitado para usar la nueva autoridad a 270 días durante el primer año, 225 días el segundo y 180 el tercero, añade.

Durante el tiempo de activación las autoridades deberán tramitar por lo menos 1.400 solicitudes de asilo en los puertos de entrada "de forma segura y ordenada".

No está claro que el proyecto cuente con los 60 votos necesarios para superar la primera votación en el Senado, controlado por los demócratas, prevista para el miércoles a más tardar.

Y es poco probable que obtenga el visto bueno en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

Su líder, Mike Johnson, un aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, ya ha advertido que llegará muerto.

Trump, gran favorito para la nominación presidencial republicana, lo calificó, antes incluso de conocer el contenido, de "horrible traición de fronteras abiertas".

Entre algunos congresistas demócratas, sobre todo aquellos con orígenes hispanos y los defensores de los migrantes, el pacto también levanta ampollas en un partido que prometió trabajar por conceder la ciudadanía a los millones de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos desde hace años.

Y es que Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de humanizar la migración para dejar atrás la política de mano dura bajo el mandato de Trump que permitió la separación de familias en la frontera con México.

"Si bien este acuerdo no aborda todo lo que yo hubiera deseado, estas reformas son esenciales para hacer que nuestra frontera sea más ordenada, segura, justa y humana", asegura Biden en el comunicado.

"Acelerará los permisos de trabajo para que aquellos que están aquí y califican puedan trabajar más rápidamente, creará más oportunidades para que las familias se reúnan, a través de visitas de corta duración y mayores vías legales permanentes", afirma el demócrata.

Los republicanos le acusan de llevar a cabo una política de fronteras abiertas. Se basan en las estadísticas que baten récords. En diciembre las autoridades fronterizas interceptaron a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur 302.000 veces.

Las nuevas restricciones recuerdan la política del Título 42, una norma sanitaria implementada durante la pandemia y que permitía bloquear prácticamente a todos los migrantes en la frontera.

"Expulsar a los migrantes que buscan protección significa enviar al menos a algunos de ellos de regreso a un posible peligro", afirma Adam Isacson, un experto de WOLA en un análisis publicado por esta oenegé.

Lo considera "una violación de los derechos humanos que Estados Unidos acordó no cometer cuando ratificó la Convención sobre Refugiados hace más de 50 años".

No solo aumentan el sufrimiento, dice, sino que estas "políticas de expulsión y 'cuellos de botella' también aumentan las ganancias del crimen organizado y los funcionarios corruptos en México", país al que son devueltos la gran mayoría.