UN HECHO inédito por la figura utilizada (demanda constitucional) y acusar a un presidente en ejercicio de delitos diferentes a los que la Constitución establece debido a su fuero, es lo que enfrenta el mandatario izquierdista, Pedro Castillo, con la reciente decisión de la Fiscalía peruana.

“Presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder", es la fundamentación de la mencionada demanda que el ente acusador entregó al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo de Castillo, tras surtir un proceso que se vislumbra inmediato y, a diferencia de los dos intentos anteriores, de negativo desenlace para el maestro rural convertido en Presidente.

Con seis investigaciones en curso por “indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, la fiscal general Patricia Benavides decidió acudir a este procedimiento especial que permite determinar si personas que tienen inmunidad (como el Jefe de Estado y los parlamentarios) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, tales como abuso de autoridad, corrupción, tráfico de influencias y colusión agravada, como los que actualmente endilga a Castillo.

No hay antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado a un presidente en ejercicio y, de allí que la misma abre un nuevo capítulo la crisis política que vive ese país andino desde el mismo momento en que llegó a la Casa de Pizarro este hombre, representante del llamado “Perú profundo”, la improvisada carta del izquierdista partido Perú Libre ante la frustrada aspiración de su fundador, Vladimir Cerrón, por sentencias judiciales.

Vale recordar que el presidente de Perú solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir su actividad, al igual que de los órganos electorales. De allí, que la denuncia constitucional presentada por la Fiscal General sea considerada por el gobierno como “no ha lugar” y calificada por el propio mandatario como “una nueva modalidad de golpe de Estado orquestada con libretos del Ministerio Público”.

La decisión del ente acusador se extiende a dos exministros, uno de Transporte y otro de Vivienda, carteras donde se habrían escenificado los delitos mencionados por órdenes directas del Palacio presidencial, con Castillo a la cabeza y en la que habrían intervenido también la primera dama Lilia Paredes y varios miembros del entorno familiar.

La denuncia constitucional pone de nuevo en manos del Congreso el futuro de Castillo, tras haber intentado destituirlo en dos ocasiones. La primera de ellas fue antes de que cumpliera los cinco meses en el cargo cuando su mayoría parlamentaria (Perú Libre y otras pequeñas formaciones) impidieron con 76 votos dar trámite a la misma. La otra fue tres meses después, cuando la derecha esgrimió “incapacidad moral -del mandatario- para ejercer el cargo”, que se hundió ante la cantidad de abstenciones, evitando que los opositores lograran los votos requeridos.

Desde entonces se ha estado pedaleando una nueva moción, la que no tomó forma a la espera de las investigaciones penales que abrió la Fiscalía, que este martes dio el sorpresivo paso mencionado.

"Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", aseguró la fiscal Benavides.

El paso a seguir es la evaluación de la denuncia constitucional por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del Congreso, la derechista líder del Partido Alianza por el Progreso, Lady Camones (APP), quien deberá nombrar a un congresista para que evalúe la denuncia y presente un informe inicial. Si encuentra mérito seguirá su curso en la Comisión Permanente que convocará a una audiencia para escuchar a las partes y redactar las conclusiones, que serán sometidas al pleno del Parlamento, donde requerirá 66 de los 130 votos para suspender a Castillo de la jefatura del Estado. Si ello ocurre, la Fiscal General podrá formularle una demanda penal ante la Corte Suprema de Justicia.

Aunque desde que asumió el poder, el 28 de julio del año pasado, Castillo ha vivido bajo el asedio de un Congreso de mayoría opositora y el cerco de la Fiscalía por presuntas actuaciones anómalas, nunca como antes se enfrenta a un futuro sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la posible suspensión del cargo, que conlleva la separación del mismo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.

Vale recordar también que, desde el pasado julio, Perú Libre le quitó el apoyo político y anunció que la bancada se convertiría en oposición, según su vocero Waldemar Cerrón. Y, más recientemente, tras acusarlo de implementar un “programa neoliberal perdedor”, le instó a renunciar a la Presidencia.

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Las investigaciones

Desde meses atrás la Fiscalía abrió seis procesos contra el mandatario, miembros de su entorno familiar y político, que incluye parlamentarios –inclusive algunos opositores- y empresarios.

La Fiscalía dice tener ‘pruebas’ de que Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el titular de la misma y hoy prófugo Juan Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública. Entre estas últimas tiene evidencias de los tentáculos de las irregularidades también se extendieron al Ministerio de Vivienda, cuando fungía como titular, Geiner Alvarado.

En ese marco, el pasado mayo emitió orden de búsqueda y captura contra Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, los sobrinos del Presidente que se dieron a la fuga y a quienes se les endilga el cobro de sobornos y otras prebendas para la concesión del contrato de construcción del puente Tarata III, al igual que hizo el exsecretario privado del mandatario, Bruno Pacheco, quien al momento de su captura le fueron encontrados US$20 mil en el baño de su oficina gubernamental.

Entre tanto, Yenifer Paredes, la cuñada del jefe de Estado peruano, quien aseguró haberla criado como su hija, está en la cárcel desde el 31 de agosto por presuntamente haberse lucrado con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en Chota, ‘su patria chica’, investigación que se originó cuando un programa se difundió un video donde aparecía gestionando la realización de obras en ese lugar, acompañada por el empresario local Hugo Espino, quien admitió ser el testaferro de la familia Castillo.

La primera dama, Lilia Paredes, también maestra rural, es sindicada por la Fiscalía de coordinar la presunta vasta red de corrupción gubernamental y de ser hallada culpable debería pagar entre 5 y 8 años de cárcel. Por ahora, tiene prohibición de salir del país por 36 meses, al igual que dos de sus hermanos (Walter y David), quienes se habrían lucrado de las adjudicaciones irregulares.

El largo brazo de corrupción que se investiga, con base en declaraciones de la empresaria Karelim López Arredondo que logró acuerdo con la Fiscalía, se extiende a una decena de parlamentarios, entre ellos seis del opositor partido Acción Popular, quienes habrían recibido dádivas para votar a favor de los intereses gubernamentales en proyectos de ley claves.

Bautizados por los medios de comunicación locales como “Los Niños”, Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza están bajo la mira de la justicia luego que la empresaria López sostuviera que hacían parte de la red corrupta del MinTransporte.

Sus oficinas y viviendas, al igual que la de cinco exasesores gubernamentales de segunda línea y la casa de una de las hermanas del Presidente fueron allanadas, como meses atrás se hizo con la sede presidencial en busca de documentos u otro tipo de pruebas que soporten los señalamientos de la Fiscalía.

Otra investigación contra el mandatario peruano es por presunto tráfico de influencias y cobro de dinero para promover ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas, cargos que como los anteriormente señalados han sido desmentidos públicamente por el presidente Castillo, quien paradójicamente al enfrentarse a los estrados judiciales prefirió acogerse bien a su derecho a no declarar o a guardar silencio.

Frente a la denuncia constitucional, el mandatario sostuvo que pese a este intento de “golpe de Estado” se mantendrá firme ya que es otro capítulo de “persecución política…Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido". Sin embargo, hoy más que nunca, los peruanos tienen un Castillo en vilo. /Redacción internacional