El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular español (PP), Pablo Montesinos, exigió en días pasados, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias, que aclare si "estaba al tanto" de la presunta financiación irregular de su partido, después de que el juez haya imputado a uno de sus estrechos colaboradores y al tesorero del movimiento. A su entender, Iglesias está "acorralado" por los "escándalos" y debe "dar la cara".
"Lo que tiene que responder Pablo Iglesias es si sabía de esa financiación ilegal y para eso lo que tiene que hacer es no perder ni un minuto más, salir del escondite y atender a los medios de comunicación", manifestó.
En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas y estrecho colaborador de Iglesias, así como al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente, tras la denuncia presentada por el exabogado del movimiento, José Manuel Calvente, por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.
Aparte de estas citaciones, el juez ordenó otras diligencias en el marco de esta causa, que acaba la imputación de cargos a Podemos, como persona jurídica y requerirle abundante documentación, que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.
Además, el responsable de Comunicación del PP pidió explicaciones al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque está "avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente".
En este punto, afirmó que Iglesias es vicepresidente del Gobierno y Podemos se sienta en el Consejo de Ministros "porque Sánchez quiere" y "así lo ha decidido". "No hay ni tres gobiernos, ni dos gobiernos, hay un solo gobierno. Iglesias es vicepresidente porque lo puso el señor Sánchez y toda la acción del Gobierno tiene un responsable que se llama Pedro Sánchez", resaltó.
La investigación
Las cuentas de Podemos están en entredicho, desde hace meses, por la investigación judicial por una posible financiación ilegal desde los regímenes de Venezuela e Irán. De hecho, el tribunal ya detectó que “360 Global Media”, productora de televisión vinculada al partido, habría recibido 9,3 millones de euros de empresas vinculadas con el gobierno iraní.
Según documentos internos de la productora, el equipo de Iglesias estaría cobrando 3.000 euros a la semana por ese acuerdo.
Por su parte Venezuela habría financiado a Podemos a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, que recibió fondos del régimen chavista por 7,1 millones de euros entre 2002 y 2012.
A los pagos a la fundación, de los que fueron beneficiarios directos Pablo Iglesias y otros destacados miembros de la “formación morada”, se sumarían a los 3,7 millones de euros recibidos anteriormente por la misma organización por otros “trabajos de asesoramiento al gobierno bolivariano”.
Nuevos señalamientos
En la actualidad, ya son al menos cinco irregularidades las que podrían demostrar la doble contabilidad del partido y que van desde sobresueldos a algunos dirigentes, incluido Iglesias, sobrecostos en la remodelación de una sede comprada recientemente e irregularidades en la compra de la residencia que, el mismo Iglesias e Irene Montero adquirieron en Madrid.
El abogado Calvente afirma que estas transacciones han sido utilizadas “como una 'caja B' del partido para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal a supuestas entidades opacas y sin identificar".
Como se recordará las sospechas sobre las finanzas de Podemos se hicieron públicas en el 2017, cuando el entonces Presidente del gobierno Mariano Rajoy le pidiera a Iglesias que explicara si “pagó y cobró en b” y si su formación “ha sido financiada por Venezuela e Irán”, como aseguró su exsocio y director de Canal 33, Enrique Riobóo, en la comisión de investigación de financiación de los partidos en el Senado.
También le pidió que aclarase “que hacía su amigo Monedero viajando durante siete años consecutivos para recibir recursos del Gobierno de Venezuela”.
Según explicó Calvete, él y la abogada Mónica Carmona, quien también fue despedida del partido en diciembre, estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron notificados de que sus servicios ya no eran requeridos por el movimiento.
Las irregularidades habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos como más de 425 mil euros, para pagar a una “consultora con vínculos con la izquierda latinoamericana y que asesoró al chavismo” aseguró.
También existen sospechas contra “Neurona Comunidad S.L.”, empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos, por gastos que no se consideran electorales, como la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes o análisis de comportamiento de influencers, votantes y competidores.
Podemos denuncia una "utilización política" de la investigación, que coincide con la evidente pérdida de votos y apoyos que el movimiento ha ido teniendo en los sucesivos comicios generales, lo que se tradujo, en una disminución progresiva en el número de diputados del partido de Iglesias que pasó de los 45, en las elecciones Generales de 2016, a 35 conseguidos en el 2019.
El magistrado Escalonilla citó a los tres dirigentes del partido para el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados. Estas declaraciones se realizarán después de que Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos, haya comparecido el próximo 15 de septiembre como testigo de refutación de la denuncia de Calvente. Cabe recordar que en julio de este año se hizo público el altercado que Elizo protagonizó con Iglesias por ocultar el contenido de una tarjeta celular robada y en su momento lo acusó de machista.