El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la ponencia de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, decidió suspender por 30 días la demanda interpuesta por la Unión Temporal Pasaportes 2023, representada por Thomas Greg & Sons, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta suspensión se produce tras la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la cual solicitó tiempo adicional para revisar el expediente y presentar su posición.
La demanda, que busca la nulidad y restablecimiento del derecho, fue presentada luego de que la Cancillería, bajo la dirección de Álvaro Leyva, declarara desierta la licitación ganada por Thomas Greg & Sons para la fabricación de pasaportes. La multinacional sostiene que esta decisión fue irregular y carece de justificación, por lo que reclama una indemnización cercana a los 117.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados.
El proceso había avanzado rápidamente y estaba próximo a una sentencia anticipada, anunciada por el Tribunal el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, la intervención de la ANDJE, que representa los intereses del Estado en este tipo de litigios, llevó a la suspensión temporal del caso. La Agencia Jurídica argumentó que no había tenido acceso completo al expediente, lo que dificultó su participación efectiva en el proceso.
La suspensión, que comenzó a regir el 1 de agosto de 2024, significa que las decisiones sobre las solicitudes de adición y aclaración presentadas por ambas partes quedarán pendientes hasta que finalice el período de suspensión. Este aplazamiento permite a la ANDJE preparar su intervención, lo que podría influir en el resultado final del caso.
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la anulación del proceso licitatorio, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
Se espera que, una vez finalizado el período de suspensión, el Tribunal de Cundinamarca retome el caso y se acerque a una decisión definitiva en este litigio que ha captado la atención pública debido a su impacto en la contratación estatal y la administración de justicia en Colombia.