PESE a que el tiempo se le agota e insistir que el ‘default’ no es una opción, el presidente Joe Biden mantiene su inamovible de recortar el gasto público federal exigido por los republicanos para subir el tope de endeudamiento de Estados Unidos y está considerando invocar la enmienda 14, pese a alertas tempranas sobre su posible inconstitucionalidad.

El ‘tira y afloje’ entre el mandatario demócrata y el presidente del Congreso, el conservador Kevin McCarhy, completa dos semanas sin viso alguno de solución y con enormes diferencias programáticas sobre cómo y dónde minimizar los gastos para frenar el constante aumento de la deuda pública.

Biden, que recortó su gira asiática y este domingo retornó al país ante el cada vez más complejo panorama para este crucial tema, calificó de "inaceptables" las propuestas de la oposición que contemplan bajar el gasto público al nivel del año pasado, lo que representa un recorte de USD 130.000 millones, que se lograrían básicamente con una reducción del gasto interno de la Casa Blanca, así como de algunos programas sociales como las ayudas para vivienda e investigación científica.

El gobierno demócrata inicialmente planteó reducir el gasto en defensa, así como en las ayudas anteriormente reseñadas y en educación, haciendo una ‘concesión’ como lo calificó la Casa Blanca a los republicanos que fijaron como inamovibles los recursos destinados al Ejército, el cuidado delos veteranos y la seguridad fronteriza.  

Pero ese plante inicial se vino abajo cuando los demócratas que para cubrir el inevitable aumento en el nivel de endeudamiento se aumenten los impuestos a más ricos y a las empresas que hoy se benefician de restituciones fiscales, a lo que sus pares conservadores se oponen férreamente.

El presidente Biden admitió que es precisamente sobre los ingresos tributarios en donde están los "grandes desacuerdos". Por ello, y sin el optimismo expresado días atrás para lograr un acuerdo bipartidista, este domingo mencionó la posibilidad de apelar a la Constitución para evitar un default, en el que la propia secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, advirtió se caería a partir de este 1 de junio, ya que hasta esa fecha hay recursos para pagar las deudas.

“Desafortunadamente, la Casa Blanca retrocedió”, dijo McCarthy a los periodistas en el Capitolio el sábado. “En realidad quieren gastar más dinero del que gastamos este año. No podemos hacer eso. Todos sabemos cuán grande es este déficit”, insistió.

Estados Unidos superó en enero el límite máximo de emisión de deuda pública, de 31,4 billones de dólares, y desde entonces se han aplicado medidas extraordinarias que solo permiten cumplir con las obligaciones por un tiempo. Aun así, se sienten efectos concretos de la crisis política del techo de la deuda, como lo informó la secretaria Yellen días atrás, al señalar particularmente el aumento del costo del endeudamiento para el gobierno.

Los inversores se han vuelto más reticentes a mantener deuda soberana que vence en junio. La tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a un mes subió hasta el 5,74 %, la más alto en al menos veinte años, frente al 3,29 % de mediados de abril y la tasa de referencia del banco central es significativamente más alta, actualmente en un rango entre 5,00% y 5,25%, algo inusual”, sostuvo la funcionaria.

¿Qué es la enmienda 14? -

Como se conoce el llamado “techo” de la deuda es objeto tradicionalmente de una negociación bipartidista y es básicamente el acuerdo que permite elevar el crédito del país. Dicha aprobación depende del Congreso desde hace décadas y si bien es un trámite rutinario, al no tener el mandatario demócrata mayoría en ambas Cámaras, cuyo control generalmente pierde por lo menos en una de ellas en las ‘midterms’ (elecciones de medio término) se ve forzado a negociar, lo que de suyo implica concesiones, las Biden parece no estar dispuesto a dar y de allí que esté considerando invocar la enmienda 14.

La última vez que esa norma constitucional estuvo en el escenario político fue en 2013, cuando al entonces presidente Barack Obama varios dirigentes demócratas le instaron a usarla ante el desacuerdo con los republicanos, por este mismo tema, el equipo jurídico le recomendó no hacerlo al considerar que no tenía autoridad legal para ello. Ahora, Biden considera lo contrario y dice tener la facultad y la potestad para hacerlo, lo que de plano descartaría una nueva reunión con MaCarthy y el líder de la minoría republicana en Senado, Mich McConell.

"Ha llegado el momento de que el otro lado (republicano) abandone sus posiciones extremas, porque mucho de lo que han propuesto es simple y llanamente inaceptable", declaró Biden desde Hiroshima donde concluyó la cumbre del G7. Acto seguido, declaró: "Estoy considerando la 14ª enmienda", reiterando sus críticas a los republicanos.

La 14ª Enmienda, añadida en 1868 a la Constitución, estipula que "la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, (...) no debe ser cuestionada". En otras palabras, los gastos ya votados deben poder ser pagados. 

Los historiadores dicen que pretendía garantizar que el gobierno federal no evadiera sus deudas, como habían hecho algunos antiguos estados confederados.

Pero la cláusula no ha sido abordada en gran medida por los tribunales, y los expertos legales discrepan sobre lo que exige al Congreso y a la presidencia.

Según algunos expertos, esta disposición hace que el límite de endeudamiento sea inconstitucional.

Si el Tesoro se endeuda por encima del límite de deuda fijado por el Congreso, esto violaría la ley, señaló Neil Buchanan, profesor de derecho en la Universidad de Florida. 

Pero no cumplir con las obligaciones de gasto fijadas por el Congreso podría ser una violación peor, dando al Tesoro una justificación para pedir prestado más dinero y seguir pagando sus cuentas.

Invocar la 14ª Enmienda podría derivar en litigios, pero no hacerlo también implica riesgos. 

Si el Tesoro se queda sin margen para cumplir con sus obligaciones y termina retrasando ciertos pagos, los acreedores tienen un "reclamo legal perfectamente válido", dijo Buchanan. 

Los beneficiarios del Seguro Social que no reciban sus cheques podrían unirse en una demanda colectiva, agregó. 

Por otro lado, si la administración Biden continúa pidiendo dinero prestado, los republicanos podrían demandarlo por incumplir con el tope de la deuda.

Eso los pondría "en una posición muy incómoda, porque estarían demandando para obligar al presidente a dejar de pagar la deuda nacional", explicó Robert Hockett, profesor de derecho en la Universidad de Cornell.

Así las cosas, no es claro quién podría presentar una demanda. Podría ser difícil para cualquier demandante demostrar que ha sido perjudicado por la acción - un concepto legal conocido como "standing".

El Tribunal Supremo dictaminó en 1997 que los legisladores individuales no tienen legitimación para presentar tales demandas, pero el Congreso podría votar potencialmente para decir que había sido perjudicado colectivamente.

El alto tribunal también podría optar por atender una impugnación en aras de resolver rápidamente la cuestión, como ha hecho con la medida de Biden de cancelar 430.000 millones de dólares en deuda estudiantil.

Cualquier caso se adentraría en un territorio jurídico inexplorado.

El Tribunal Supremo sólo se ha pronunciado una vez sobre la cláusula de la deuda pública, en un desafío de 1935 a la decisión del presidente demócrata Franklin Roosevelt de sacar a Estados Unidos del patrón oro. El tribunal dictaminó que el demandante, un tenedor de bonos, no tenía legitimación para presentar el caso.

"Podemos alcanzar un acuerdo", reiteró Biden durante su vuelo de regreso a Washington desde Japón a bordo del Air Force One este domingo. Pero "no puedo garantizar que no forzarían un default", añadió sobre sus adversarios, para justificar su consideración de la enmienda 14.

"Pienso que tenemos la potestad" de utilizar el recurso, pero "la cuestión es si puede hacerse e invocarse a tiempo", matizó.

Con aguda retórica, aunque voluntad de las partes, esta clave negociación está en punto muerto y con el reloj corriendo en su contra. Pero ambos son conscientes de que un posible incumplimiento en las obligaciones probablemente hundiría a EE. UU. en una recesión y sacudiría la economía global. ¿Cederá Biden a los condicionamientos conservadores o se la jugará por la Enmienda 14? Se sabrá esta semana.