El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado el decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año, que según algunas fuentes serían unos 7.000.

Esta era una de las medidas anunciadas a principios de mes dentro del 'plan motosierra' con el que el ultraderechista pretende reducir el gasto público. El Gobierno deja así sin ampliar todos los contratos que expiran el 31 de diciembre, mientras prepara una auditoría para conocer el número de trabajadores del Estado.

La medida afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

A la espera de que el Gobierno y los sindicatos ofrezcan el número de contratos que se han visto afectados, fuentes consultadas por el diario argentino 'Clarín' sostienen que serían unos 7.000.

Existen algunas excepciones, como las de aquellas personas con algún tipo de discapacidad, o las que están dentro de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, así como las de aquellos que precisan mantenerse en los puestos por la imposibilidad de mantenerlos vacantes.

Los sindicatos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas.

Entretanto, el Congreso argentino inició ayer sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Milei para debatir leyes complementarias a un megadecreto de desregulación económica resistido por la oposición y las centrales obreras que piden a la justicia que lo declara inconstitucional.

"Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda", anticipó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero incluye reformas impositivas, a la ley electoral y a las funciones del Estado.

Pero el foco está puesto en el decreto con más de 300 leyes que Milei firmó la semana pasada y cuyo contenido despertó protestas callejeras, reacciones de la oposición y la convocatoria a una manifestación de las centrales obreras este miércoles para pedir que la justicia lo declare inconstitucional.

Ayer se oficializó además la anulación por decreto de los contratos de miles de  empleados públicos en el marco de la reducción del gasto del Estado, que aspira a llegar al equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El decreto limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor frente a aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%.

También quita topes a las comisiones bancarias y tasas punitivas, libera las cuotas de los seguros de medicina privada, deja sin efecto la ley que establecía aumentos trimestrales a las jubilaciones y allana el camino a la privatización de empresas públicas y la conversión de los clubes deportivos. en sociedades anónimas.

El decreto, contra el cual la justicia ya admitió un amparo colectivo de organizaciones civiles, debe ser refrendado en el Congreso, pero no fue incluido en el temario de las extraordinarias.

Entrará en vigor el viernes, diez días después de su firma, independientemente de su análisis en el Congreso que sólo puede aprobarlo o invalidarlo en su totalidad, sin modificar su contenido. Para rechazarlo es requisito que tanto la Cámara de Diputados como el Senado voten en contra.

El partido de Milei, La Libertad Avanza (ultraderecha), tiene 40 de los 257 diputados y siete de 72 senadores, en tanto la oposición conserva la primera minoría en ambas cámaras.

Las demás fuerzas son tres partidos de centro y de derecha de la coalición Juntos por el Cambio, que tienen la segunda minoría, además de una pequeña representación de la izquierda y otras agrupaciones provinciales.