EL  politólogo Felix Maradiaga anunció su precandidatura como presidente de Nicaragua desde un sitio poco usual para un acto de esta naturaleza: la habitación de su casa. Este dirigente opositor no pudo asistir a la asamblea que celebró su organización política, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), el pasado 9 de febrero porque la Policía del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo mantiene encerrado en su vivienda sin ninguna orden judicial que lo justifique.

“Desde hace casi tres meses la Policía me ha impuesto un arresto arbitrario, es decir, una especie de casa por cárcel que no me permite salir. Por esa razón me vi obligado a inscribir mi nominación de forma virtual”, dice Maradiaga a la Agencia Anadolu desde Managua, la capital nicaragüense.

Y es que el país ve en las elecciones programadas para noviembre de 2021 el final o el alargamiento de la crisis sociopolítica que atraviesa desde las protestas sociales contra la administración sandinista hace tres años.

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Como Maradiaga, unos 80 líderes opositores de diversas organizaciones políticas son hostigados y encerrados en sus viviendas para impedir la organización política y territorial desde hace meses, denunció la Coalición Nacional Opositora. Pese a ese cerco policial que se extiende en todos los departamentos nicaragüenses, los opositores han comenzado a lanzar sus precandidaturas en un ambiente electoral incierto por varias razones.

La primera razón, y la más fuerte, es que el gobierno Ortega-Murillo no ha mostrado voluntad política para emprender una reforma electoral profunda que dote de credibilidad al cuestionado sistema, señalado de fraguar repetidos fraudes electorales a favor de Ortega en comicios anteriores. Tampoco la administración sandinista ha cesado el hostigamiento y la persecución contra opositores.

De hecho, Ortega envió en diciembre de 2020 una ley al Parlamento llamada “Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que básicamente prohíbe las candidaturas de opositores a quienes el Gobierno considera “golpistas”, anulando la competencia electoral. La normativa fue aprobada por los diputados sandinistas y fue criticada ampliamente por la oposición y la comunidad internacional, ya que la consideran “totalitaria, represiva e ilegal”.

El artículo más controvertido de la ley señala que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización… serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”.

Una oposición dividida

La segunda razón que engrosa la incertidumbre electoral es la división de la oposición, repartida en dos grandes bloques. Por un lado está la Unab con la Coalición Nacional, y por el otro la Alianza Cívica con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Este último bloque, dominado por la influencia del sector empresarial, es el que más “obstáculos ha causado” a la unidad opositora, de acuerdo con Maradiaga.

Pero la diferencia más honda entre ambos sectores de la oposición tiene que ver con la designación de una fórmula presidencial que se le mida a Ortega, quien ya ha proclamado a través de la propaganda oficial su candidatura para perpetuarse en el poder.

Según el último sondeo de la firma CID-Gallup, la periodista Cristiana Chamorro es la figura que más simpatía genera entre los nicaragüenses para encabezar una fórmula opositora. Chamorro es hija del héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por la dictadura somocista, y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien en 1990 derrotó en las urnas a la revolución sandinista y protagonizó un gobierno de transición.

El segundo en el sondeo de CID-Gallup es Maradiaga, un politólogo con experiencia en el sector público y de sociedad civil. Maradiaga fue acusado en 2018 por el Gobierno de Ortega de ser promotor del “fallido golpe de Estado”. Estuvo exiliado y desde su retorno al país, en septiembre de 2019, ha sufrido un permanente acoso paramilitar y policial.

Pero en días pasados se convirtió en el primer opositor en oficializar su precandidatura y propone la unidad de la oposición en una sola fórmula presidencial que sea definida en consenso.

Según dice, la unidad opositora es lo más importante. “Solo unida” la oposición tendrá la fuerza necesaria para “arrancarle a la dictadura” una reforma electoral exigida por la comunidad nacional e internacional.

“Una oposición unificada es el método de mayor presión, porque le permite a la comunidad internacional sentirse con mayores garantías de meter el acelerador para exigir reformas electorales en conjunto, sin que exista un escenario de ruptura del orden constitucional, que es lo que ellos han querido evitar hasta ahora”, dijo Maradiaga.

La comunidad internacional tiene peso en Nicaragua debido a las sanciones impuestas contra personeros del gobierno sandinista y a algunas de sus instituciones por violaciones a los derechos humanos y por corrupción.

Quienes han encabezado esas sanciones son Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El nuevo gobierno de Joe Biden emitió en febrero su primer comunicado sobre Nicaragua, y le recomendó al presidente sandinista “cambiar de rumbo ahora”. “La Administración Biden está comprometida a apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia”, expresó el Departamento de Estado.

Sin embargo, los opositores reconocen que la presión externa no es suficiente para forzar a Ortega a abrir las puertas a unas elecciones transparentes y competitivas.

“Como mínimo, el proceso necesita observación internacional y nacional, la depuración del padrón y las no inhibiciones”, dice Maradiaga, quien agrega que si no hay reformas electorales, sea porque Ortega no se abre o porque la oposición no logra unirse y “arrancarlas”, Nicaragua quedará en una encrucijada, mientras continúa la violencia política, la crisis económica, la inseguridad y los efectos de la pandemia de covid-19.

“Se requiere de un liderazgo democrático capaz de generar consensos para darle oportunidades a las personas que están sufriendo, para poder reparar las instituciones democráticas que han sido demolidas por la dictadura”, asegura Maradiaga. “Pero además de eso, para trabajar de la mano con toda la sociedad nicaragüense; para recuperar nuestra capacidad de soñar en grande en un país que puede ser radicalmente distinto al modelo impuesto por Daniel Ortega”.